La Corte Suprema dejó firme la condena del ex subcomisario Carlos José López por la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001, que precedió a la caída del gobierno de Fernando De la Rúa, pero pospuso el tratamiento de las apelaciones de los condenados, Rubén Santos, ex jefe de la Policía Federal, y de Enrique Mathov, ex secretario de Seguridad. El máximo tribunal, con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti --Carlos Rosenkrantz se excusó-- rechazó la última apelación de López. "Nos preocupa mucho que la Corte siga dilatando la definición en esta causa", dijo a Página12 el abogado querellante Rodrigo Borda.
"Hace ya dos años que tiene a estudio los recursos que presentaron las defensas contra las condenas que recibieron, a finales del año pasado esta querella le pidió celeridad a la Corte teniendo en cuenta que la causa ya lleva casi 23 años, es demasiado tiempo, y no entendemos la dilación porque ya se pronunció al respecto al tratar el caso de (el ex Superintendente de Seguridad Metropolitana Raúl Norberto) Andreozzi, pero no resuelve los casos de Mathov, Santos y Gaudiero", agregó. Además, Borda destacó: "Del fallo nos llama la atención que la Corte haya decidido solamente dejar firme la condena de un policía, poniendo de lado el tratamiento de las responsabilidades políticas de este grave hecho, eso no admite justificación".
López fue condenado por "homicidio en agresión" por la muerte del manifestante Alberto Manuel Márquez y por "lesiones en agresión agravadas por el empleo de armas de fuego" por las heridas ocasionadas a Martín Galli y a Paula Simonetti, agravadas por el empleo de armas de fuego. Estos hechos ocurrieron en las inmediaciones del Obelisco, sobre la avenida 9 de Julio. El ex policía fue condenado a cinco años y nueve meses de prisión que, tras el fallo de la Corte, deberá comenzar a cumplir.
Pocas explicaciones hay para que los cortesanos hayan resuelto una situación y no las del resto. Página12 pudo saber que la secretaría penal del Máximo Tribunal estaba preparando un fallo que contenía a la totalidad de los imputados por la masacre represiva del gobierno de la Alianza, que reprimió la rebelión popular de diciembre de 2001, pero "una decisión de último momento" restringió todo al policía López.
En la misma resolución en que declaró "inadmisible" el último recurso de López, el tribunal dispuso que "sigan los autos según su estado en relación con las restantes apelaciones federales que vinieron concedidas a esta instancia mediante la resolución de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal de fecha 26 de mayo de 2022". Eso incluye las situaciones del resto de los condenados. Esta decisión de la Corte no es la primera en ese expediente. El 21 de abril de 2021 les rechazó los recursos a Andreozzi, Roberto Juarez, acusado también por la muerte de Márquez, y al ex comisario Omar Bellante, homicida de Gustavo Benedetto, y estas condenas quedaron firmes.
En junio de 2020 la Cámara de Casación había ratificado la sentencia de 2016 que condenó a Mathov, Santos, Norberto Gaudiero y Raúl Andreozzi por haber ordenado y ejecutado el operativo represivo de diciembre de 2001 en la Ciudad de Buenos Aires, que se cobró seis muertos (el caso de Demetrio Cárdenas no fue admitido), del total de 38 en todo el país. Aunque en aquel momento ordenó revisar los montos de las penas, lo cual aumentó las dilaciones, fue positivo el reconocimiento de los años de lucha de los familiares de las víctimas, los sobrevivientes y los querellantes. Quedó un registro histórico indiscutible: la represión de diciembre de 2001 fue ilegítima, no hubo francotiradores, no hubo disparos por parte de los manifestantes como llegó a decir el radicalismo en una solicitada en la cual hablaba de que fue un golpe de Estado, era gente que protestaba pacíficamente y los disparos fueron de la policía. En definitiva, Casación confirmó de manera absoluta la versión de las víctimas. Pero a ellas les quedó gusto a poco, porque quedaron en duda penas que para ellas ya eran insuficientes, y porque sintieron que esta justicia resulta demasiado tardía. Lo mismo se repite, cuatro años después. Las víctimas y la sociedad necesitan que la Corte cierre el caso.
