El proceso de expropiación para la construcción de un espacio de memoria en el edificio del ex boliche Cromañón está frenado desde la asunción de Javier Milei. Las agrupaciones de familiares y sobrevivientes habían conseguido que se reglamentara la ley de expropiación antes del recambio presidencial, pero desde entonces no tienen ninguna novedad pese a haber reclamado respuestas a cada uno de los organismos estatales involucrados en el proceso. En el año en que se cumplirán veinte años de la masacre, las organizaciones deberán volver a pelear, además, por la renovación de la ley de reparación integral en la Ciudad de Buenos Aires.

La última noticia era esperanzadora. Casi un año y medio después de la aprobación de la ley de expropiación en el Congreso nacional, los familiares y sobrevivientes habían logrado que el gobierno de Alberto Fernández firmara la reglamentación de la norma para activar el proceso. Fue al borde del recambio presidencial, el pasado 2 de diciembre, y las agrupaciones llegaron a firmar en la Secretaría de Derechos Humanos el acta de conformación de un consejo asesor para el paso a utilidad pública del local y su posterior conversión en espacio de memoria. Desde entonces nada se movió. 

"Son ellos los que deberían citarnos, pero a pesar de eso fuimos nosotres quienes hemos intentado todos los carriles de diálogo para pedir que activen el proceso y poder reunirnos. Así y todo, este año no tuvimos ninguna novedad", dice ahora a este diario Silvia Bignami, integrante de Movimiento Cromañón. De diciembre a esta parte las notas pidiendo audiencias salieron desde las casillas de las organizaciones a diversas terminales estatales: a la Secretaría, al Ministerio de Justicia, al Tribunal de Tasaciones a cargo de valuar el edificio, y hasta a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). 

De la Secretaría y el Ministerio, responsables directos del proceso, recibieron sólo formalidades: acuses de recibo del pedido y aperturas de "expedientes" sin ningún seguimiento, con el detalle de que el actual titular de la Secretaría no es otro que el juez Alberto Baños, uno de los que estuvieron a cargo de la causa Cromañón. "El único que contestó algo fue el Tribunal de Tasaciones. Dijeron que habían empezado el expediente, pero al mirarlo aparece como archivado porque la AABE no les responde la gestión para entrar al lugar, algo que es necesario para tasarlo", cuenta Bigami, madre de Julián Rozengardt, uno de los 194 fallecidos. La no respuesta de la AABE a las agrupaciones cierra un círculo burocrático en el que las familias y sobrevivientes se encuentran desde hace ya seis meses. 

"El Estado es el que está fuera de la ley. Es terrible porque Cromañón fue producto de la negligencia de quienes tenían que controlar y hacer cumplir la ley, y veinte años después el Estado nos sigue llevando a este tipo de situaciones. Nosotres cumplimos las reglas de juego que el Estado nos propone, pero el Estado mismo no las respeta al incumplir una ley votada por el propio Congreso", advierte en este sentido María Luján Rossi, sobreviviente de la masacre.  

"La decisión de no intervenir sobre el inmueble da a entender cuáles son tus prioridades. Cuando vos no intervenís, dejás que se deteriore y eliminás un bien material que es testigo de una historia. Cuando llegue a tener peligro de derrumbe, favorecés la posibilidad de un negocio inmobiliario", agrega Rossi, y se pregunta "¿qué nos hace pensar que no va a haber un interés para operar sobre el inmueble?".

Es que los veinte años también pesan sobre la materialidad del edificio. Nadie sabe en qué estado se encuentra por dentro. Desde aquella noche del 30 de diciembre de 2004 está allí, cerrado, de nuevo en manos de Rafael Levy, el mismo empresario que era dueño del local veinte años atrás. Condenado en 2014 a cuatro años y medio de prisión por el delito de "incendio culposo calificado", el empresario retomó el control del lugar en 2018 por decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Nº24. En ese contexto, el inicio del proceso de tasación no es sólo necesario para valuar el inmueble, sino, en primera instancia, para poder constatar el estado de su infraestructura.

Además de la reglamentación para la expropiación, las agrupaciones habían conseguido otro logro el año pasado: la declaración de Monumento Histórico Nacional del conjunto inmobiliario del barrio de Balvanera, que incluye al boliche, el hotel aledaño y el santuario erigido sobre Bartolomé Mitre, junto a la Estación Once. Aunque en teoría eso tendría que habilitar un cuidado especial del lugar, de diciembre hasta ahora no representó ningún tipo de medida concreta de protección. Del cuidado del santuario, por ejemplo, se ocupan las propias familias y sobrevivientes que hasta llegan a realizar tareas de limpieza para mantenerlo. 

En paralelo deben preocuparse por la renovación de la ley de reparación integral que vence en diciembre de este año. La última actualización fue aprobada por la Legislatura porteña a fines de 2021, al límite de su vigencia y tras la presión de las organizaciones, que ahora vuelven a plantear una demanda nunca escuchada: que la reparación sea "vitalicia", es decir, que no sea necesario volver a pelear por ella cada tres años, período en el que queda sin vigencia. "Peleamos eso y que vuelva a abrirse el padrón para incluir a los sobrevivientes porque hay un montón que están afuera", apunta Rossi. 

El lesbicidio de Barracas puso en evidencia ese último punto. Andrea Amarante, una de las víctimas, era sobreviviente de Cromañón y no estaba incluida en el padrón de la reparación. "No podemos asegurar que no le hubiera pasado esto si ella estaba en la ley de reparación, pero sí que habría estado en una situación diferente, y que, de esta manera, se le sumaron múltiples discriminaciones", reflexiona en este sentido Bignami, cuyo movimiento estuvo presente en la marcha del pasado lunes en pedido de justicia. 

Los familiares y sobrevivientes también denuncian recortes incluso dentro del programa en vigencia, que no se limita sólo a la asistencia económica sino que también debería garantizar, por ejemplo, asistencia en salud mental. Fabiana Puebla, sobreviviente y a la vez familiar de uno de los fallecidos, advierte en este sentido que "no tenemos ni siquiera un referente con quien comunicarnos". "La doctora que está hoy ya está jubilada, sigue sólo porque no nos quiere dejar en banda, pero es una sola coordinadora para todos", señala y agrega que el vademécum al que tienen acceso como parte de la reparación "también se está achicando". 

"A veinte años de la masacre tenemos que pelear con Nación por la tasación y la expropiación, y tenemos que pelear con Ciudad por la ley de reparación integral, lo que nos hace seguir pensando que hay un montón de cosas que no quedaron saldadas", cierra Rossi. "Nosotres estamos tratando de cumplir las leyes y hay un Estado que no las está cumpliendo. Todo el día estamos craneando qué más podemos hacer y nunca es suficiente. Parte de nuestras vidas se nos va en esto", concluye Bignami.