Un informe determinó que las fuerzas de seguridad británicas tuvieron impunidad pese a estar involucradas en violaciones de derechos humanos en el marco del Conflicto de Irlanda del Norte, conocido por algunos como "Los Problemas" ("The Troubles", en inglés), que tuvo lugar desde finales de la década de 1960 hasta 1998. Fue principalmente un conflicto político y religioso entre nacionalistas católicos, que buscaban la unión con la República de Irlanda, y unionistas protestantes, que querían permanecer como parte de Reino Unido.
La investigación titulada Legado amargo: impunidad del Estado en el Conflicto de Irlanda del Norte fue realizada por el Centro Noruego de Derechos Humanos (NCHR) con sede en la Universidad de Oslo, que convocó a un panel compuesto por expertos internacionales, a petición de dos grupos de DDHH de Irlanda del Norte: el Comité sobre la Administración de Justicia (CAJ) y el Centro Pat Finucane (PFC).
Miles de muertes
El conflicto de aquellos años implicó violencia sectaria y disturbios civiles, así como represión por parte de las fuerzas de seguridad. Miles de personas fueron asesinadas durante ese periodo por diversos actores, incluidos grupos armados republicanos (irlandeses); grupos paramilitares leales (británicos); y las fuerzas de seguridad de Reino Unido (policía y ejército). "Un número desconocido, pero elevado, de ataques fue cometido por paramilitares que actuaron en connivencia con el Estado", subraya el informe, que calcula que 3.720 personas murieron y 47.541 resultaron heridas, siendo el 54% y el 68% civiles, respectivamente.
El Acuerdo de Viernes Santo de 1998 puso fin al conflicto, manteniendo a Irlanda del Norte como parte de Reino Unido con el consentimiento de su población. Incluyó disposiciones para liberar prisioneros, desmilitarizar, reformar la policía y adoptar el Convenio Europeo de DDHH. Sin embargo, no estableció una comisión de verdad u otros mecanismos de justicia transicional. En muchos casos, el Estado transfirió la responsabilidad de la recuperación de la verdad a las familias y a las ONG en lugar de a sí mismo. "El Estado demostró ser un aliado poco confiable para establecer la verdad, perdiendo habitualmente pruebas, tardando mucho en encontrar testigos y luchando en los tribunales para que se retrasen los plazos", apunta el documento.
"Fracaso institucional"
El Panel enfatiza que la impunidad estatal es generalizada en el sentido de que los asesinatos, la tortura y los tratos inhumanos por parte del Estado implicaron un gran número de víctimas. Segundo, es sistémica porque esos hechos tuvieron lugar en múltiples lugares y durante varias décadas y es sistemática porque el Estado no cumplió con su responsabilidad de investigar todos los casos de manera oficial, exhaustiva y transparente.
Se estima que durante el conflicto, alrededor de 30.000 personas fueron encarceladas por el Estado como miembros de grupos armados no estatales, mientras que sólo un puñado de actores estatales fueron encarcelados. En ese sentido, el informe advierte que hay una enorme brecha en los procesamientos que garantiza la impunidad para las fuerzas de seguridad involucradas en asesinatos y violaciones de DDHH.
"Las pruebas presentadas en el informe muestran que la responsabilidad por las violaciones de DDHH cometidas por agentes estatales durante el conflicto no puede atribuirse a 'unas pocas manzanas podridas'”, señalan los expertos. "No está claro hasta qué punto la impunidad del Estado es deliberada (por ejemplo, surgió por diseño y con intención) o accidental (por ejemplo, surgió por omisiones, incompetencia y negligencia). Cualquiera que sea la causa, la evidencia presentada en este informe es indicativa de un fracaso institucional", remarcan.
La abogada argentina experta en DDHH y justicia transicional, María José Guembe, fue una de las participantes del panel convocado por el NCHR. En diálogo con PáginaI12, la integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) dijo que le sorprendió el modo en que se obstaculizaron las investigaciones de todos los crímenes sin que hayan existido leyes que garantizaran la impunidad, como las hubo en nuestro país.
"Durante el conflicto las investigaciones se vieron afectadas por la falta de independencia y por decisiones procesales como la de no permitir la participación de los familiares de las víctimas ni hacer lugar a ninguna prueba ofrecida por ellos", explicó. "Terminado el conflicto muchos vicios de las investigaciones anteriores sirvieron para mantener la impunidad: declaraciones a imputados que resultaron inválidas, acusados cuyas identidades no pudieron ser repuestas porque se habían 'perdido' las actas que resguardaban los datos de identidad, pruebas que ya no se podían producir, entre tantos otros vicios", detalló.
"La conducta estatal durante el conflicto y con posterioridad forma parte de un patrón recurrente desde el colonialismo. Cuando garantizan la impunidad de los soldados que actuaron hace 50 años están protegiendo a los que están activos en la actualidad y que participan en diversos conflictos en diversas partes del mundo", añadió la abogada.
Ley de Legado y Reconciliación
En 2014, se llegó a un nuevo acuerdo, el Acuerdo de Stormont House (SHA), entre los gobiernos británico e irlandés y los principales partidos de Irlanda del Norte. Propuso crear dos nuevos organismos: una Unidad de Investigaciones Históricas (HIU) para investigar muertes no resueltas relacionadas con el conflicto, y una Comisión Independiente de Recuperación de Información (ICIR) para que las víctimas y los sobrevivientes obtengan información privada sobre las muertes de familiares.
Sin embargo, el gobierno británico no cumplió con varias de estas obligaciones en virtud de la SHA y en su lugar aprobó en 2023 la Ley de Legado y Reconciliación, que puso fin a partir del 1 mayo de este año a todas las investigaciones que aún estaban en curso. En reemplazo, la Ley estableció la creación de la Comisión Independiente para la Reconciliación y la Recuperación de Información (ICRIR) para examinar los casos heredados, aunque sin facultades de acceso a documentación reservada y sin ningún apoyo de las víctimas ni las organizaciones de DDHH. Sobre esto, el panel precisa: "La Comisión tendrá un mandato de investigación mucho más débil que el de los órganos judiciales y policiales a los que reemplaza. A pesar de ello, tiene la facultad de conceder inmunidad condicional a autores de delitos graves relacionados con el conflicto".
En oposición a la nueva ley, el Gobierno irlandés presentó una denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra Reino Unido a principios de este año. Al respecto, Guembe indica que la Corte Europea intervino en muchos casos en los que se denunciaba la impunidad de los crímenes estatales durante el conflicto y, en el marco de esos procesos, Londres se había comprometió a implementar una serie de mecanismos especiales para investigar y, en su caso, sancionar a los responsables, así como para proveer medidas reparatorias para las víctimas. "La República de Irlanda fue parte de esos compromisos, por eso hoy denuncia el incumplimiento", explica.
"Si bien Gran Bretaña nunca implementó esos mecanismos, se pusieron a disposición de las víctimas algunos otros que, sin ser tan adecuados ni eficaces, empezaban a dar algunos resultados. Y por eso se dictó esta ley que garantiza la impunidad", apunta la experta del CELS. Y remarca: "La denuncia del estado irlandés favorece la situación de las víctimas y sus organizaciones, que esperan que la amnistía se retrotraiga. El escenario es difícil pero no imposible".
Informe: Axel Schwarzfeld
