"Poner orden" es una premisa que Maximiliano Pullaro gusta de aplicarle a su cartel de gobierno. Es lo que su electorado espera de él, y lo que le consolida su imagen positiva en las encuestas. Por eso machaca con esa muletilla. Pero también paga costos por ello. Algunos, extremos, como cuando en marzo el Ministerio de Gobierno hizo alarde de las restricciones al régimen carcelario, publicó en redes una foto de presos desnudos y en castigo "a lo Bukele", y entonces la réplica fue una semana de espanto, con asesinatos al azar de personas trabajando: los dos taxistas, el colectivero y el playero de la estación de servicios, y unas cuantas balaceras con amenazas mafiosas en alusión directa al gobernador y a su ministro Pablo Cococcioni.

Otras secuelas de este clima de gestión son menos gravosos, pero igual de inconvenientes para la gobernabilidad: enojar a la EPE. Es lo que el Ejecutivo ha conseguido a partir del reto amplificado en la prensa del Ministerio de Desarrollo Productivo al directorio de la Empresa Provincial de la Energía para mejorar la fiscalización y el control sobre el hurto de energía, y denunciar que había "discrecionalidad" en llevar a la Justicia determinados robos de electricidad y otros no.

Fue la escena que el ministro Gustavo Puccini tituló esta semana con un estentóreo rótulo: "Se terminó la joda en la EPE". Lo dijo luego de un operativo de control para eliminar conexiones clandestinas a la red eléctrica. 

"Veíamos que cuando salíamos a hacer inspecciones encontrábamos determinadas situaciones irregulares. Pedí ver los procedimientos administrativos por los que la empresa instruye estas denuncias. Al leerlo me doy cuenta de que hay que evitar es la discrecionalidad, porque resulta que hay una mesa que determina qué casos tiene que ir a la justicia y cuáles no", dijo. Y sumó: "No puede haber discrecionalidad por parte de una empresa que le brinda energía a toda la ciudadanía. Que se hayan encontrado lavaderos, parques o conexiones clandestinas en distintos comercios es robo y está generando un perjuicio a cualquier vecino que está pagando la energía", dijo Puccini y aseguró que en el primer bimestre detectaron hurtos por $100 millones.

"¡Cuánto humo hacen estos!", despreció una fuente de la empresa provincial, con años de carrera. En el seno de la EPE consideran que la gestión Pullaro sobreactúa una situación que es histórica y que forma parte de lo cotidiano en la tarea de distribuir energía eléctrica en Santa Fe.

Para refutar la acusación del ministro Puccini, alguien puso sobre la mesa un papel de algunos años ya: la Resolución 308 del 12 de setiembre de 2018, librada por el Ministerio Público de la Acusación, en acuerdo con la EPE. Se trata del protocolo convenido por el cual el instituto de fiscalías provinciales le concede a la empresa eléctrica el criterio de asignar prioridades en casos de hurto de energía y denunciar penalmente determinados casos, "con el objeto de optimizar la persecución penal de los hechos, y evitar la criminalización de conductas que carecen de interés político criminal para el MPA, y de interés político empresarial para la EPE", dice el documento.

El convenio tiene la firma del ex titular de la empresa, Maximiliano Neri, y del ex fiscal general Jorge Baclini. Impone como "necesario racionalizar la formulación de denuncias que carecen de interés económico y político criminal". Esto es, no judicializar toda la montaña de actas por hurto de energía que la EPE realiza de manera ordinaria, sino las relevantes.

A eso Puccini le llamó "discrecionalidad" con cizaña acusadora, y Maximiliano Pullaro agregó que "Perotti miraba para otro lado y eso se terminó". Tanta carga acusatoria irritó a trabajadores y directivos medios y altos de la distribuidora estatal. Y no faltó quien recordara cuando el interventor Antonio Caro, durante la gestión Reutemann, alentaba una mala prensa adrede sobre la EPE para abonar el camino hacia la privatización. 

El ministro Puccini anunció que "se terminó la joda en la EPE"

"Fueron los propios fiscales los que nos pidieron no llenarlos de papeles, en un momento en que le tirábamos 50 conexiones ilegales en Villa Banana cuando a la par le caían 3 o 4 homicidios en un día. Incluso, porque ni siquiera tienen gente para instruir causa por cada hurto que detectado. Y la empresa tampoco tiene tanta gente para abocarse por completo al tema fraude. El ministro o no sabe de qué habla, o tiene mala leche. Son boludos, y mentirosos. Quieren instalar que esto era una joda y ellos vinieron a arreglar todo, y nos agarran de forros a nosotros", replicó ofuscada una fuente a este diario. 

Prosigue el convenio entre el MPA y la EPE: "La realización de denuncias de todos los hechos que podrían constituir delito, o no, sin selección previa de la EPE contraría los intereses de ambas partes. La realidad viene mostrando que los hechos que se denuncian se miden de a miles, y para su persecución se utilizan recursos económicos y humanos necesarios para otras funciones esenciales del servicio". 

Por todo eso, el acuerdo no alimenta las sospechas que tiene el ministro sobre la pretendida vista gorda de la empresa sino a optimizar el esfuerzo estatal en perseguir el hurto de energía como delito.

Acordaron desde aquel entonces que la EPE debe radicar denuncia penal o llamar a la policía en determinados casos prioritarios: 

- que el hurto ocurra en un servicio no residencial, es decir no una vivienda familiar sino un comercio, industria, etc, "por la gravedad del hecho o por la reiteración del mismo". 

- casos en los que "se haya detectado un hecho con la presunta participación de empleados y/o funcionarios de la EPE".

La acusación lanzada por el Ejecutivo deterioró temprano el humor interno en la distribuidora eléctrica para con el gobierno provincial. Se sabe, la empresa integra el Estado santafesino pero tiene autonomía y directorio propios. Actualmente la preside el el ex diputado nacional de la UCR Hugo Marcucci.

Pero fuera de los cargos políticos, el funcionariado técnico de carrera observa a distancia la gestualidad del gobierno de turno. Y murmura cuando, por ejemplo, la gestión Pullaro propaló la entrega de 30 camionetas para la EPE como mérito propio, cuando en realidad la empresa las había adquirido sobre el final de la gestión Perotti y no habían llegado a presentarse.

"Hacen circo nomás. Ahora fueron por los lavaderos de autos en avenida Pellegrini, todos enganchados. Les hacen un plan de 60 cuotas y a la segunda se cae todo. Siempre pasó así. Con la nueva tarifa quedará el tendal, ya empezará a verse la morosidad, pero lo que se les ocurre decir es que acá estamos de joda", refractó una fuente jerárquica de carrera en la EPE.