En el barrio padre Rodolfo Ricciardelli, como se conoce ahora al estigmatizado nombre de villa 1-11-14, se produjo una reunión absolutamente inusual. Hasta la parroquia Santa María Madre del Pueblo, llegaron jueces, fiscales, abogados y dirigentes sindicales del Poder Judicial. No se trató de un procedimiento, sino de una reunión donde los funcionarios fueron a escuchar las demandas de los vecinos, dirigentes barriales y militantes de base. El encuentro estuvo enmarcado dentro de lo que se llama la Pastoral Judicial que pretende, generar "Diálogos por una justicia realmente humana".
En su mensaje de bienvenida, el Padre Pedro resaltó el rol de acompañamiento permanente que cumple la iglesia en los barrios populares. Los temas de mayor preocupación que expresaron los vecinos fue el complejo acceso a la justicia, la crisis del trabajo, los problemas del acceso a la salud y, sobre todo, la expansión del narco. En ese sentido, el obispo Gustavo Carrara, responsable de la pastoral de Villas de Emergencia, llamó a indagar “dónde va la plata producto del narcotráfico y cuáles son las voluntades que compra”, advirtiendo sobre el rol de las organizaciones criminales en los barrios cuando el Estado se ausenta.
A su turno, Juan Grabois, que participó en calidad de abogado y profesor de la Facultad de Derecho de la UBA, destacó que “la idea de los Derechos Humanos era un consenso y ese consenso se rompió al igual que hicieron con la Carta de las Naciones Unidas Y agregó: “Se rompió por el fenómeno que muchas veces marcó Francisco, el nominalismo: proclamar derechos que no existen o que, en realidad, no existen para una gran parte de nuestro pueblo”.
Entre los participantes se encontraba el secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, Julio Piumato. El también secretario de Derechos Humanos de la CGT, advirtió que “el problema que tenemos en la Argentina es que frente al crimen organizado no tenemos las políticas correctas para combatirlo y por ello excede a la juaticia”. También señaló la necesidad de abordar el aspecto relativo al “lavado de activos que acarrea el narcotráfico y los agentes que lo llevan a cabo”.
La titular de la Cámara Nacional del Trabajo, Gabriela Vázquez, también participó de la inusual reunión. La jueza señaló que la Argentina vive "una etapa bisagra y difícil donde uno siente que se está rompiendo la matriz productiva y laboral, ambas cuestiones que otorgan dignidad a las personas”. En este contexto, advirtió que "la Corte Suprema como cabeza del Poder Judicial tiene que funcionar y los demás jueces y juezas nos tenemos que comprometer la justicia al servicio del pueblo porque de lo contrario el sistema judicial no sirve para nada”.
Asimismo, el juez Alejandro Slokar dijo: “Venimos a abrazar a los más vulnerables, para que ninguno quede al borde del camino”, porque “así como la dignidad humana es el límite de cualquier autoridad, la finalidad de todo Derecho es el bienestar del pueblo”.
Por último, el obispo Carrara recordó lo que viene diciendo el papa Francisco cuando señaló que "no hay verdadera libertad, igualdad o justicia social si no hay fraternidad porque fraternidad es una categoría político-jurídica y sobre ella hay que trabajar mucho porque nos habla de algo previo que es la dignidad infinita de cada uno de nosotros".
