El decreto de Mauricio Macri que habilitó el ingreso de familiares de funcionarios al blanqueo de capitales sigue sumando nuevos rechazos. En el Congreso, el Frente para la Victoria presentó ayer un proyecto para declararlo inconstitucional, mientras que el diputado del Frente Renovador, Felipe Solá, en un encendido discurso, planteó una cuestión de privilegio contra Macri, Marcos Peña y Alfonso Prat Gay, firmantes del decreto. Por otro lado, la Asociación Civil AJUS, en conjunto con los diputados Rodolfo Tailhade, Juliana Di Tullio y Diana Conti (FpV) presentaron una cautelar con un pedido de declaración de inconstitucionalidad. Además, la diputada de Libres del Sur Victoria Donda presentó una denuncia penal por “abuso de autoridad” contra el Presidente y los otros dos funcionarios nacionales. La denuncia es similar a la que ya había realizado la diputada María Emilia Soria, acompañada por otros colegas suyos del FpV. La reacción de los distintos sectores de la oposición se suma a las críticas que hicieron en público hasta los propios socios de Cambiemos, la UCR y la Coalición Cívica, quienes llamaron a revisar la decisión.
A cuatro meses de sancionada la ley de blanqueo de capitales, el decreto presidencial que la semana pasada habilitó a los familiares de los funcionarios públicos a suscribir al “régimen de sinceramiento fiscal” abrió varios frentes. Uno más político, en el Congreso Nacional, donde tanto el Frente Renovador como el Frente Para la Victoria encabezaron distintas iniciativas para frenarlo. El FpV, en cabeza de su presidente de bloque, Héctor Recalde, presentó un proyecto de resolución para declarar inconstitucional la decisión del Presidente. Se utilizó la figura de un proyecto de resolución porque el Congreso se encuentra en sesiones extraordinarias y sólo se pueden tratar los proyecto de ley incluídos en el temario por parte del Poder Ejecutivo.
Recalde afirmó que la disposición firmada por Macri es “absolutamente inconstitucional” porque “va en contra del artículo 83 de la Ley de Blanqueo y viola la letra expresa de la ley”. “Un decreto no puede decir todo lo contrario a lo que dice la ley”, insistió el jefe de la bancada del FpV y pidió que la declaración sea tratada el próximo 14 de diciembre.
Con un discurso más duro, Solá aseguró que se trata de un acto “violatorio del Parlamento y de la Constitución”. El ex gobernador bonaerense cargó sin nombrarlos contra “los que se adjudican la condición de jueces morales de la República”: “Permanentemente tenemos que soportar la calidad de jueces morales de la República. Permanentemente quieren instalar que una mitad de la argentina es corrupta y la otra mitad no, que viene a limpiar la corrupción de 20 o 30 años. Nos quieren vender ese pescado podrido y después sacan estas cosas. No dijeron nada de los Panama Papers, de eso no se habla”, disparó Solá y remató: “El niño mimado quiere que su ‘papi’ pueda blanquear porque si no es injusto, esa es la verdad de la milanesa”. El diputado del Frente Renovador adelantó que también presentará en la Justicia un pedido de inconstitucionalidad y una medida cautelar, en línea con lo que ya presentó ayer el Frente para la Victoria y la asociación AJUS.
“Observamos que el decreto no solo atenta y excede el espíritu y la propia letra expresa de la Ley, al incorporar “solapadamente” a sujetos excluidos de los beneficios de la misma, sino que además atenta contra todo principio de republicanismo, desnaturalizando la voluntad expresa del Congreso de la Nación”, sostiene el escrito presentado ayer por el abogado Mariano Lovelli. Además, la denuncia remarca que el Presidente no puede emitir decretos en materia tributaria, ya que la Constitución Nacional establece que es una facultad exclusiva del Poder Legislativo. Incluso, en este caso ni siquiera se trata de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), sino de un decreto simple.
Lovelli también planteó la necesidad de interponer una medida cautelar y una medida interina para suspender los efectos del decreto hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. Mientras tanto, el decreto está vigente y los familiares de funcionarios que pidan adherirse al blanqueo podrán hacerlo. Fuentes del Frente para la Victoria consideraban que aún si se declarara posteriormente la inconstitucionalidad del decreto, no podría revertirse la situación de los familiares que ya se hayan adherido al sinceramiento fiscal.
La diputada Donda también presentó una denuncia penal contra Macri, Peña y su ex aliado político, Prat Gay. La legisladora de Libres del Sur, junto a sus compañeros de bancada, Federico Masso y Graciela Coussinet, los acusó del “delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”. La causa recayó en el Tribunal Criminal y Correccional Federal a cargo de Ariel Lijo.
“Nos dejó boquiabiertos a todos los legisladores que participamos de los debates, ya que se incluyó la prohibición por explícito pedido del diputado Solá, quien con toda razón sospechaba que el blanqueo podía abarcar a funcionarios de este o el anterior gobierno que hubieren evadido impuestos o fugado dinero mal habido”, agregó Donda.
Desde la UCR el diputado Mario Negri también había criticado el decreto, igual que la titular de la CC porteña, Paula Oliveto. Hasta la vicepresidenta, Gabriela Michetti, tuvo que ensayar una curiosa justificación que remató con una confesión tácita de su desacuerdo: “no voy a decir lo que a mí me parece”, sostuvo.