Dos semanas atrás, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón informó que quería volver al país –después de tres años y medio prófugo. En estos días, el operador judicial cosechó buenas noticias. La última: la decisión de la Cámara Federal porteña de confirmar su sobreseimiento en la causa de la llamada “mesa judicial” macrista, que estuvo dedicada a apretar a jueces y fiscales. El otro gran beneficiado por el fallo fue el expresidente Mauricio Macri.

En noviembre pasado –días antes de que Javier Milei se impusiera en el balotaje–, la jueza María Eugenia Capuchetti desvinculó, entre gallos y medianoche, a todos los imputados de la mesa judicial. El fiscal Franco Picardi recurrió la decisión de la magistrada. Dijo que él había reclamado medidas como conocer con quién había hablado “Pepín” cuando, por ejemplo, se logró que la entonces procuradora Alejandra Gils Carbó renunciara a su cargo.

El viernes último, la Sala I de la Cámara Federal desestimó los planteos de Picardi y convalidó la decisión de Capuchetti. La resolución salió con las firmas de Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens. En su voto, Llorens habló de la mesa judicial del macrismo como una “ficción” de la política.

La investigación sobre la mesa judicial incluyó lo que pasó con Gils Carbó, la integrante de Casación Federal Ana Figueroa, la jueza de San Marín Martina Forns, la camarista civil Marcela Pérez Pardo, el camarista Eduardo Farah, el juez Alejo Ramos Padilla, el excamarista Eduardo Freiler y los magistrados laborales Enrique Arias Gibert, Graciela Marino, Luis Raffaghelli, Mirta González Burbridge, Diana Cañal, Dora Eva Temis y Néstor Rodríguez Brunengo.

Los imputados en la causa eran Macri, “Pepín”, el exministro de Justicia Germán Garavano, el exsecretario de Legal y Técnica Pablo Clusellas, Graciela Ocaña y el exministro de Trabajo Jorge Triaca, entre otros. Para la fiscalía, los aprietes consistieron en visitar a los jueces que tenían casos que le interesaban a la administración de Cambiemos, en desplegar estrategias comunicacionales para hostigar a magistrados díscolos y en la radicación de denuncias ante el Consejo de la Magistratura.

Bertuzzi y Bruglia sostuvieron que no había conductas con relevancia penal, que todos los funcionarios públicos están expuestos a la crítica y que las denuncias por mal desempeño son herramientas constitucionales. Agregaron, además, que ninguno de los magistrados hizo una denuncia, que no se vieron afectadas sus decisiones jurisdiccionales y que ninguno fue sancionado o destituido. En realidad, Freiler sí.

Llorens adhirió al voto de sus colegas pero arremetió contra el fiscal Picardi. Escribió que la hipótesis de la fiscalía era un “ejercicio de fantasía destinado a satisfacer una acción política de reacción frente a la acción, incompatible con un proceso penal” y que “en las arenas de los tribunales se libran combates que les son ajenos por completo”.

Los tres jueces que firmaron el fallo se integraron a la Cámara Federal durante el gobierno de Macri. Son los mismos magistrados que desvincularon al expresidente en la causa por el espionaje a los familiares del ARA San Juan, el submarino que se hundió en noviembre de 2017. Como había evidencia que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) había reunido información sobre los parientes, la Cámara Federal sostuvo que los espías estaban preservando la seguridad del Presidente y la seguridad interior.