Por una veintena de ataques incendiarios a vehículos estacionados, registrados en las últimas semanas, Fiscalía imputó a Leila Schmitt, la novia del condenado Alan Funes y a otras dos personas por los delitos de intimidación pública y amenazas contra autoridades nacionales y provinciales. La imputación, agravada por el uso de explosivos, indica que se trata de hechos cometidos el 27 de abril, el 3 de mayo y el 12 de mayo, en horas de la madrugada, con el propósito de "obtener medidas o concesiones por parte de los poderes públicos". Es que en la escena de los hechos se hallaron mensajes dirigidos al gobernador Maximiliano Pullaro, el ministro de Seguridad provincial, Pablo Cococcioni; y a su par nacional Patricia Bullrich, con reclamos penitenciarios. Además, a Schmitt le endilgaron un hecho de tentativa de extorsión y privación de la libertad a miembros de una pareja que le alquilaba una casa en barrio Tablada. Las tres personas quedaron en prisión preventiva por el plazo de ley.

El fiscal Pablo Socca les atribuyó a Schmitt --pareja de Funes, preso en el penal federal de Marcos Paz--, Yamila Aguirre y Carlos Cavallari, junto con otras personas no identificadas, "haber participado en la organización, planificación y ejecución ininterrumpida y sistemática de incendios a vehículos en la vía pública, amenazas e intimidaciones contra autoridades nacionales y provinciales".

La saga tuvo lugar en las zonas de Coulin al 1800, Santiago al 3800, Italia entre Presidente Quintana y Dr. Rivas, Richard Wagner al 1200, La Paz al 3300, Gutenberg al 1500 y Laprida al 6300, donde "causaron el incendio de 12 vehículos". Días después, en calles White al 7600 y Forest al 7500, donde produjeron el incendio de 5 vehículos. Y el 12 de mayo, cuando atacaron otros 4 autos en Santa Fe al 7400, Gambartes al 2500,  y Pje. Hutchinson al 3700.

"En todos los atentados los autores arrojaron y dejaron notas manuscritas con referencias a las actuales condiciones de los presos de diferentes cárceles provinciales y federales, y amenazas de muerte (a funcionarios públicos y civiles) si no cesaban esas restricciones impuestas relativas al régimen de comunicación y de visitas de los detenidos", indica la imputación del fiscal sobre hechos cometidos "con el objetivo de infundir temor y generar conmoción en la población".

La imputación también hace referencia a "los medios materiales empleados, teniendo en cuenta el contexto de la provincia de Santa Fe cuando los hechos sucedieron", tales como "homicidios de trabajadores, amenazas sistemáticas a funcionarios del gobierno provincial y abusos de armas a edificios públicos, bancos y escuelas", desde diciembre de 2023 "producto de la relocalización de presos de alto perfil y el endurecimiento de las condiciones de detención en los lugares de alojamiento".

A Leila --que ya había sido detenida y luego liberada, a principio de año, durante un operativo de derribo de bunkers-- también se le imputaron amenazas a dos víctimas para que abandonen la casa de Ayacucho al 4300, que le alquilaban a la imputada. El hecho ocurrió el 1 de octubre de 2023, cuando fue con dos hombres a la vivienda para que las personas se retiren. Al día siguiente les exigieron que pagaran lo que debían y la imputada golpeó en la cabeza a uno de ellos. El mismo día interceptó con un hombre a la otra moradora, la obligó a ir a Uriburu y Ayacucho, bajo amenazas, reteniéndola en el lugar para exigirle 1.000.000 de pesos, exhibiéndole fotos de familiares.