El lunes pasado, a última hora, 120 trabajadores y trabajadoras de todo el país fueron notificados de sus despidos respectivos en el Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI). Como parte de esa embestida, fueron cesanteados dos trabajadores de la delegación Rosario del organismo, en el marco de la emergencia administrativa dispuesta por el DNU 70/2023 vigente y que habilita al cierre de ministerios y organismos descentralizados.
En Santa Fe, el organismo tenía 5 trabajadores/as (3 en la ciudad de Santa Fe y 2 en Rosario) que en 2023 recibieron más de 64 denuncias y asesoraron a más de 1000 santafesinos y santafesinas.
Productos de los despidos dispuestos desde el mes de enero, se cerraron las dos sub-delegaciones de la ciudad de Rosario y actualmente quedan sólo 2 trabajadores, sin asignación de funciones, ni sede física donde cumplir con su trabajo.
Desde la Coordinación de Delegados Estatales de ATE repudiaron la política de desguace del Estado prevista tanto en el DNU como en la Ley de Bases que hoy se está debatiendo en el Senado nacional; y en particular el cierre de un organismo creado en 1995 luego de los atentados antisemitas de la Embajada de Israel y la AMIA, que combate discursos y actitudes de odio y que ha sido reconocido internacionalmente por su aporte a la política de integración igualitaria sin discriminaciones de ningún tipo.
“Apoyamos y acompañamos la lucha de cada estatal en la defensa de las fuentes de trabajo y de un Estado que garantice derechos a los sectores más vulnerables y de un servicio esencial para garantizar derechos”, dice el comunicado de ATE.
El pasado 22 de febrero, el gobierno nacional anunció el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi). Lo comunicó el vocero presidencial Manuel Adorni, quien lo definió como uno de los institutos que "no sirven absolutamente para nada".
