Como parte de una pelea interna los tres jueces que componen la mayoría de la Corte Suprema --Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda-- decidieron dividir la secretaría penal, que hasta ahora estaba encabezada por un funcionario cercano a Ricardo Lorenzetti, y designar un hombre "propio" que quede a cargo de la mayoría de las causas penales (entre las cuales se incluyen  aquellas que involucra a exfuncionarios de distintas fuerzas y empresarios). El elegido se llama Diego Seitún y es un abogado que no viene del Poder Judicial sino que es socio del estudio Durrieu, fundado por el fallecido Roberto Durrieu, exsubsecretario de Justicia del dictador Jorge Rafael Videla, que se especializa en blanqueo de capitales, fraude, derecho penal fiscal y aduanero, según presenta su página web. 

La pelea

La discusión por la secretaría penal estalló la semana pasada cuando el trío de supremos firmó una acordada donde anunciaba la reestructuración con el argumento de que "desde hace varios años se viene incrementando de manera considerable y sostenida la cantidad de expedientes penales que ingresan" a la Secretaría judicial 3, que estaba a cargo de Fernando Arnedo, designado en 2018, quien había sido letrado de Lorenzetti. Esa fue la justificación para dividir la secretaría en cuestión, que en la actualidad tiene 7000 expedientes pendientes. ¿Qué hicieron? Crearon una Secretaría Penal Especial, para que quede a cargo de Arnedo, con 1000 expedientes sobre lesa humanidad, habeas corpus, causas de competencia originaria y recursos por retardo o denegatoria de justicia. El nuevo secretario Seitún quedará a cargo de la secretaría original con el trámite de 7000 expedientes. 

En esa acordada Lorenzetti votó en disidencia y sostuvo que aunque sus compañeros cortesanos invocaran principios de "buena administración", "no logran iluminar la oscuridad de los intereses que inspiran una serie de decisiones de los últimos tiempos en materia de superintendencia de esta Corte Suprema". Les atribuyó un intento por "ocupar espacios de poder interno" y sostuvo que quieren "provocar un vaciamiento de la actividad del secretario actual, sin fundamento alguno" y que "la real intención es que los casos penales importantes queden bajo la gestión de un secretario que responda a directivas que no se publican, lo que es totalmente inapropiado y no genera precisamente confianza". 

Les cuestionó designaciones sin concurso, la creación de diversas secretarías, comisiones y otras iniciativas. Dijo, entre muchas cosas llamativas, que una "aconseja sobre películas", que había un plan para crear un Museo y cargos nuevos y que se había organizado un Congreso dentro de la Corte que empezaría con un "para premiarse a sí mismo es algo que nunca se vio" y que tendría el cierre a cargo de la jueza riojana Norma Abatte de Mazzuchelli, acusada la semana pasada por pedir una coima de 8 millones de pesos, por lo que enfrenta un proceso de destitución. Otra de las cosas que señalaba, por la premura en desdoblar la secretaría penal era que sería de "buena fe escuchar la opinión de los nuevos", en alusión a los jueces que se incorporarán al alto tribunal para cubrir la vacante que dejó Elena Highton de Nolasco y la que dejará Juan Carlos Maqueda. 

Después de la disidencia de Lorenzetti, los otros tres supremos hicieron circular en algunos medios una suerte  de respuesta extraoficial punto por punto a las críticas de su colega. Por empezar señalaron que en los comienzos del gobierno de Mauricio Macri, cuando ya habían sido postulados Rosatti y Rosenkrantz, la Corte (por entonces integrada por Lorenzetti, Maqueda y Highton) dictó una acordada que reorganizó la estructura interna del tribunal, y creó una Dirección Jurídica General, otra de Relaciones Institucionales y otra de Comunicación sin esperarlos. 

Causas que queman

Entre las causas sensibles que estarían en condiciones de ser tratadas, las hay que involucran a personajes de diverso color político: 

* Una causa contra el ministro de Economía Luis Caputo por retención indebida de bonos licitados en 2003, una condena contra el extitular de la AFIP Ricardo Echegaray, la célebre causa de los sobresueldos de la época de Carlos Menem en  la que quedó implicado Domingo Cavallo, el expediente sobre la venta de la Rural donde fueron sobreseídos exfuncionarios del menemismo, hay un incidente en el expediente por los préstamos a Vicentín del Banco Nación, otro de la causa sobre el intento de licuar la millonaria deuda del Correo Argentino a favor de la familia Macri, el recurso de Julio De Vido por su condena por el accidente de Once, un recurso que cuestiona el sobreseimiento de Horacio Rodríguez Larreta por presuntas irregularidades en la licitación del paseo del Bajo, otro que cuestiona faltas de mérito por la concesión en el gobierno de Macri de Autopistas del Sol y del Oeste. La lista sigue. 

* Hay un grupo de causas que atañen a Cristina Fernández de Kirchner, como algunos recursos ligados al juicio "Vialidad", donde fue condenada. Está en revisión el cierre por inexistencia de Delito de la Causa conocida como Dólar Futuro. Lo mismo sobre el caso conocido como "Hotesur-Los Sauces". También está en revisión el sobreseimiento de CFK y otros exfuncioanrios en el caso Memorándum. Una queja y otros recursos sobre la causa de los "Cuadernos". Existen recursos en la causa  por el intento de magnicidio de la expresidenta.  

El nuevo secretario

Todo indica que el abogado Seitún llegó impulsado desde la vocalía de Rosenkrantz. Su currículum dice que estudió Derecho en la Universidad Católica y se especializó en Derecho Penal en la Universidad Austral. Se doctoró en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, donde también estudió el secretario penal mano derecha de Rosenkrantz, Federico Morgenstern. Antes de ser socio del Estudio Durrieu fue asociado senior del Estudio Beccar Varela. Trabajó en el Departamento judicial de San Martín en diferentes cargos y es profesor en las universidades donde estudió. Cuentan en el tribunal que habían llevado su nombre a la Corte en 2018, pero se impuso Arnedo. 

Seitún está presentado al menos en tres causas como abogado en el máximo tribunal: aparece como representante de Rodrigo Arboleda Halaby, un exdirectivo de la Sociedad Rural Argentina en la causa sobre la compra del predio, la concesión de un crédito del Banco Provincia para esa operación y diversas intervenciones del gobierno porteño. Representa a Carlos Alberto Castellani, un exdirector del Nación, por los préstamos a Vicentín, donde también están implicados Macri, Guido Sandleris, Javier González Fraga y Mariano Federici, entre otros. También patrocina a Joaquín Enrique Marque en un reclamo donde dice que libraron 97 cheques a su nombre al cobro de dos empresas. 

El estudio Durrieu muestra en su página que es miembro de varias sociedades y cámara  de Comercio, como Amcham, Pro Bono, CCI France Argentina, entre otras.