Luego de que se conociera el arresto del ex presidente Amado Boudou, ordenada por el juez federal Ariel Lijo, el senador sanjuanino del PJ-FPV, Ruperto Godoy, alertó sobre la pérdida de garantías constitucionales y las presiones sobre la Justicia para la persecución de dirigentes opositores. "Lijo ha sobreactuado, ha tomado decisiones que nadie esperaba, que son insólitas. Esto demuestra el miedo y la intimidación que hoy están recibiendo los jueces", aseguró.
En ese sentido, el legislador indicó hoy, en diálogo con "Diario del Futuro" (FM La Patriada), que "hay jueces que están tomando decisiones que van en contra del Derecho, en contra de las garantías constitucionales, en contra del debido proceso. Es parte de una decisión que tiene el Ejecutivo, que es la de intimidar, de asustar".
La detención de Boudou se produjo apenas unos días después de que Lijo fuera denunciado por cajonear causas de corrupción, por parte del Colegio de Abogados de la calle Montevideo, junto a su ONG Será Justicia y la organización Usina de Justicia, entidades cercanas a la alianza gobernante Cambiemos. El argumento del juez Lijo fue que Boudou podría obstaculizar el proceso por sus “relaciones residuales con actores” vinculados a la causa. Sin embargo, la causa por la que se lo investiga se originó en 2012, es decir, que lleva cinco años, parte de los cuales Boudou fue vicepresidente. "Lijo ha sobreactuado, ha tomado decisiones que nadie esperaba, que son insólitas. Esto demuestra el miedo y la intimidación que hoy están recibiendo los jueces", puntualizó el senador.
"El Poder Judicial está recibiendo órdenes del Ejecutivo. Macri no quiere una justicia independiente, quiere jueces propios, quiere jueces adictos", expresó Godoy en relación a las presiones que entiende que están siendo ejercidas desde la Casa Rosada sobre algunos magistrados.
El senador nacional del PJ-FPV por San Juan sufrió en carne propia las maniobras a las que hace referencia, ya que este año fue apartado del Consejo de la Magistratura por el juez Enrique Lavié Pico, quien lo inhabilitó como consejero por no contar con el título de abogado, una condición que la Constitución no estipula. La sentencia de inhabilitación le fue comunicada Godoy en abril justo un día antes del plenario de la Magistratura donde el Gobierno esperaba remover al ahora suspendido camarista federal Eduardo Freiler.
Meses después, en agosto, el espacio dejado vacante por Godoy le permitió al oficialismo avanzar finalmente con la remoción de Freiler en una maniobra al borde de la legalidad.
Godoy se refirió también a los daños sobre las economías regionales que suponen los nuevos impuestos anunciados esta semana por el gobierno en el marco de la reforma tributaria. “Que aumente el vino va a generar un perjuicio enorme a los productores y trabajadores rurales. Lejos de pensar un país federal, están pensando en un país centralista y unitario", dijo en relación al gravamen del diez por ciento que se le planea cobrar al vino, medida que en estos días generó repudios al punto de que obligó al macrista Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza, a tener que manifestarse públicamente en contra.
