La presidenta del colectivo de abogados laboralistas Corriente 7 de Julio, Natalia Salvo, cuestionó la introducción de la figura de asociación ilícita en la denominada "Ley Antimafias" patrocinada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y presentada en el marco de una reforma del Código Penal en el Congreso el pasado 21 de marzo.
"Si hay un tipo penal que fue utilizado históricamente para la persecución de dirigentes sociales y políticos o para el disciplinamiento es la figura de la asociación ilícita", advritió la autora de ¿Quién le cree a la Justicia? La lucha por el derecho (2024), en diálogo con la 750.
Insipirada en la Ley Rico
Según lo expresado por la propia Bullrich durante la presentación de la ley ante la prensa, la legislación tiene sus pilares en la ley antimafias italiana, en la Ley RICO (por sus siglas en inglés Racketeer Influenced and Corrupt Organizations o Ley de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas) de Estados Unidos y en la lucha contra las maras en El Salvador.
Sancionada en 1970, la ley RICO se implementó en Estados Unidos para la persecución del crimen organizado. En la década del '80, el entonces fiscal federal y posterior alcalde de Nueva York Rudy Giuliani, hoy acusado bajo esta misma legislación, impulsó la aplicación de la normativa para el combate de actividades delictivas de las mafias neoyorquinas y puso bajo supervisión federal al sindicato de la Hermandad internacional de camioneros (International Brotherhood of Teamsters), acusado de estar controlada por el crimen organizado.
La ley RICO también fue utilizada en casos contra la FIFA, la petrolera Chevron, el expresidente y candidato Donald Trump y hasta la multinacional tecnológica Microsoft.
Recientemente, el New York Times publicó una opinión del profesor de Derecho de la Facultad de Derecho John Marshall de Atlanta Michael Mears, en donde explicó que la ley permite a un fiscal "perseguir al jefe de una organización, vagamente definida, sin tener que demostrar que ese jefe participó directamente en una conspiración o en cualquier acto que violara la ley estatal”, una crítica similar a la que se le hizo a la ley Antimafias de Patricia Bullrich durante su debate en comisiones del Senado.
Según detalló la Ministra de Seguridad en marzo pasado, el proyecto tiene por objetivo la persecusión de organizaciones criminales que cometan delitos de narcotráfico, homicidio, sicariato, lesiones, extorsiones, pornografía infantil, privación ilegítima de la libertad, coacción, trata de personas, intimidación pública y terrorismo, entre otros.
Respecto de las figuras mencionadas, Salvo aseguró que la intimidación, la extorsión o la coacción son usualmente utilizadas por jueces penales para criminalizar la acción gremial o el derecho a huelga. "Quieren pasar por el tamiz punitivo del Estado una medida de fuerza con ocupación de establecimiento. Ha pasado en San Pedro, en Bahía Blanca, con el sindicato de Camioneros, con referentes gremiales presos por la calificación de esa acción gremial como un delito", advirtió la abogada laboralista en Campana en 750.
Este miércoles por la mañana, el proyecto en discusión continuó con su deriva parlamentaria en las comisiones de Legislación General y de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados de la Nación, a donde asistió como expositor el Gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien junto a su ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, respaldó la normativa que propone el Ejecutivo nacional y pidió a los legisladores que "no se queden cortos", porque la propuesta del Gobierno "tiene un exceso de garantismo".
Sobre el apoyo del Gobernador santafesino, Salvo señaló que la ministra de Seguridad nacional aprovechó la preocupación por el narcotráfico en la agenda pública para introducir varios proyectos en la reforma del Código Penal que persiguen otros intereses. "No lo digo yo, lo dicen especialistas en derecho penal, la forma en que se erradica el narcotráfico no es solamente con persecusión penal, también es el financiamiento. Hay un montón de perspectivas de investigación", consideró la abogada.
Lo cierto es que el paquete de reformas de Bullrich fue criticado por varios expertos en el tema durante los debates en comisiones en el Senado. Uno de los cuestionamientos incluye a otra de las normativas en discusión, la reiterancia, que admite la prisión preventiva contra personas por acumulación de faltas sin condena firme, un modelo promocionado por la expresidenta del PRO que ya se aplica en Mendoza, y que fue cuestionado en las comisiones de la Cámara Baja.
