La agricultura familiar viene sufriendo los aumentos en los precios de sus insumos. El alquiler de la tierra, el costo de la electricidad, de la nafta y el valor de las semillas encarecen la producción. Al mismo tiempo, el gobierno de Milei pasó su motosierra por organismos y programas que eran fundamentales para el sector, como el Pro Huerta y el Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), hoy desmantelados. Para denunciar esta situación, la rama agraria de la UTEP y Mujeres de la Tierra hicieron un Feriazo. Instalaron frente al Congreso puestos de alimentos agroecológicos, panificados, productos regionales, miel, embutidos. Y por supuesto, verduras.

En la plaza, por 1500 pesos se pudieron comprar cinco kilos de papas, o dos paquetes de verdeo, o un kilo de morrones. “Todo agroecológico y recién cosechado de la quinta”, apuntó Rosalía Pellegrini, de Mujeres de la Tierra. La gente aprovechó las ofertas.  

Los Feriazos buscan mostrar a la opinión pública que la agricultura familiar puede lograr estos precios y difundir los problemas que atraviesan los pequeños productores de alimentos. Pellegrini contó, por ejemplo, que este mes les llegaron facturas de la luz “de hasta cuatro veces más que lo que pagábamos”. En una quinta, la electricidad es un insumo crítico porque de ella depende el riego. “Nosotras tenemos una categoría de clientes trifásicos, como si fuéramos una empresa, con lo que estos aumentos se volvieron impagables”.

Las organizaciones que realizaron la feria también hablaron sobre la importancia del programa Pro-Huerta. En un comunicado de prensa recordaron que en años previos el programa impulsó “más de 600 mil huertas familiares y escolares, entregó más de 1 millón de kits de semillas y más de 200 mil aves y capacitó a 170 mil personas”. Con Milei, el Pro Huerta fue completamente desfinanciado. La semana pasada hizo las últimas entregas de semillas y pollitos de ponedoras a los productores; los trabajadores del programa avisaron que no tienen órdenes de compra para futuros envíos.

A su vez, el Instituto de Agricultura Familiar, que daba asistencia técnica a comunidades y cordones hortícolas y frutícolas de todo el país, fue intervenido. El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el gobierno eliminará sus delegaciones provinciales y lo convertirá en una Dirección con 64 empleados ubicada en la Capital Federal, un despropósito para una política destinada a la ruralidad. En las provincias ya comenzaron los despidos.

En estos meses también fue abierta la importación de alimentos. Incluso está en duda si el monotributo productivo, una herramienta básica para formalizar la producción local, va a continuar.

“Pedimos una reunión con los funcionarios de Agricultura y no tuvimos respuesta. La respuesta del gobierno ha sido desmantelar los programas de apoyo a las familias campesinas; por eso no sabemos cómo vamos a sostenernos”, concluyó Pellegrini.

El Feriazo incluyó puestos de venta de pescado, chacinados y alimentos con algún grado de valor agregado, como conservas de tomate o mermeladas o productos de las economías regionales.

De las actividades de la economía popular, es una de las que tiene más posibilidades de desarrollo, en el sentido de generar puestos de trabajo y ayudar a que la población acceda a alimentos de mejor calidad a precios accesibles. La producción agroecológica es un agregado invaluable.

Las recetas de libre mercado a ultranza y demonización del rol del Estado ponen en peligro lo construido, trabajosamente, por este sector rural que carece del poder económico para hacer lobby de los pooles de siembra, pero que es clave para el acceso a los alimentos de los argentinos.