Líderes de los más de 100.000 indígenas que mantienen una protesta desde hace seis días en 26 departamentos de Colombia informaron ayer que 36 comuneros fueron heridos y cuatro capturados por las autoridades, por lo que exigieron al gobierno instalar una mesa de negociación nacional, para superar incumplimientos de acuerdos anteriores, y “la violación y exterminio de los pueblos aún en tiempos de paz”.

“La Minga Nacional Indígena mantiene la llama en 19 puntos de concentración en el país con más de 100.000 indígenas indignados por la falta de garantías, incumplimiento de más de mil acuerdos y la violación y exterminio de los pueblos aún en tiempos de paz”, indicaron los manifestantes en un comunicado, en el que también cuestionan la falta de protección a sus producciones agrícolas.

Hasta ayer, cuando se cumplió el quinto día de protestas, el balance daba cuenta de “36 heridos y cuatro comuneros retenidos, entre ellos uno que está en proceso de judicialización en el municipio de Buenaventura (suroeste)”. Por ese motivo continúan los bloqueos en varias rutas principales del territorio, como la Panamericana entre Cali y Popayán, y otras más en el Catatumbo y Huila, detalló el diario local El Espectador, que generaron choques entre manifestantes y la fuerza pública, con heridos en ambos lados.

Todd Howland, representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hizo un llamado a las partes para evitar las tensiones y para que no haya más confrontaciones que puedan generar violaciones a los derechos humanos. “Estamos trabajando en varias partes, intentando hacer intermediación entre quienes protestan y la fuerza pública, para crear la habilidad de que estas protestas ocupen un carril mostrando su descontento, pero también que no estén causando perjuicios a otras personas. En varias de estas áreas las tensiones están subiendo”, advirtió.

La protesta, por tiempo indefinido, según sus organizadores, se cumple con mayor intensidad en zonas de Cauca, Caldas, Valle del Cauca, Nariño y Risaralda, donde el jueves los manifestantes liberaron a 17 policías que habían retenido un día antes. Ayer, la policía dijo que otros cuatro uniformados estuvieron en poder de los indígenas en Cauca y posteriormente fueron entregados a una comisión de la ONU.

Una de las alertas de organizaciones de derechos humanos tiene que ver con que en algunas zonas de la protesta hay presencia del Ejército con tanquetas, hecho que, según Howland, no debería darse. “No es que no estén. Es que hay necesidad de tratar la protesta social como protesta social de civiles. Esto es bien distinto a cuando estamos en área de conflicto armado. Estamos hablando de gente que no tiene armas, que son civiles, y que la policía tiene la jurisdicción para tratar protestas sociales en Colombia”, enfatizó el representante de la ONU.

Los indígenas exigieron “la instalación de la mesa de negociación, en cabeza del presidente colombiano, Juan Manuel Santos; los ministros y todas las entidades e instituciones del Estado”. Al tiempo, solicitaron al Ministerio de Defensa “controlar el accionar desproporcionado e ilegal” de la fuerza pública en los puntos de concentración de la protesta.

La respuesta del gobierno colombiano fue mandar al Cauca ministro del Interior de Colombia, Guillermo Rivera. “A partir de hoy me sumaré al equipo del Gobierno nacional que desde hace un par de días viene adelantando conversaciones con voceros indígenas en el municipio de Caldono, en el departamento del Cauca”, señaló el ministro a periodistas.  Como parte de la protesta, denominada “Minga Nacional”, los indígenas paralizan desde el pasado 30 de octubre carreteras clave para el país como la Vía Panamericana a su paso por el Cauca, la región en donde las comunidades ancestrales son más poderosas. 

En las manifestaciones 17 policías fueron retenidos el primero de noviembre por indígenas en zona rural del municipio de Pueblo Rico, en el departamento de Risaralda (centro), y liberados un día después. 

Las autoridades de Risaralda, Cauca, Quindío (centro) y Chocó (noroeste) acordaron ayer levantarse de la mesa de diálogo si los aborígenes se niegan a entregar las armas de los integrantes de la fuerza pública que estuvieron retenidos.

El secretario de Gobierno de Risaralda, Julio César Londoño, aseguró a medios de comunicación que “una vez entreguen las armas los representantes de los departamentos volverán a concertar con esas comunidades”. Por otra parte, cuatro uniformados que formaban parte del esquema de seguridad del ministro de Agricultura, Juan Guillermo Zuluaga, fueron privados de la libertad este viernes en el Cauca y posteriormente entregados a una comisión de la ONU. 

La situación en las carreteras del país, principalmente en el Cauca, es crítica por cuenta de las barricadas que han instalado los indígenas y que impiden el tránsito normal de vehículos particulares, buses de transporte público y camiones con víveres. Asimismo, el general Ramiro Castrillón, comandante de la Policía de Tránsito, sostuvo que la Minga Nacional ha ocasionado dificultades en la circulación de vehículos por el puente de Saldaña, municipio del departamento del Tolima (centro), en donde se concentran indígenas de varias regiones. Asimismo, la ONIC denunció que desde 1996 se han suscrito 1.392 acuerdos con el Gobierno nacional, la mayoría de los cuales se ha incumplido.