La ampliación de la licencia por paternidad es el único aspecto positivo para los trabajadores que trae el borrador de la reforma laboral que impulsa el Gobierno. El oficialismo usa una histórica demanda del movimiento de mujeres, que se viene promoviendo como parte de una agenda para transformar la injusta organización social del cuidado, como placebo en un proyecto que busca destruir derechos laborales conquistados. “No en nuestro nombre. Son antisindicales y usan las reivindicaciones de género”, advirtió sobre la propuesta la secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de la CTA de los Trabajadores, Estela Díaz. Más allá de que sea un paso adelante, la extensión de 2 a 15 días es, además, claramente insuficiente: así lo ven distintas especialistas consultadas. “La propuesta de ampliación de licencias paternales suena contradictoria con el resto de los componentes de la reforma laboral anunciada –aunque en realidad hay pocas precisiones sobre todo–, que buscan minimizar los costos laborales vía retracción de derechos y desfinanciamiento de la seguridad social”, señaló Corina Rodríguez Enríquez, investigadora del Conicet en el Centro Interdisciplinario para el Estudio de la Política Pública (Ciepp).

Para la experta, el tema debería pensarse en el marco de una política de cuidados amplia que incluya licencias familiares –que se la puedan tomar indistintamente cualquier progenitor durante los años posteriores al nacimiento– y otras medidas como la provisión de servicios universales de cuidado, accesibles y adaptados a las necesidades diversas de las familias, que permitan redistribuir el cuidado no solamente entre mujeres y varones, sino también entre hogares, Estado y mercado; políticas de transformación de los estereotipos de género en el cuidado –tanto de los contenidos de la educación hasta la supervisión de los mensajes publicitarios y de los medios de comunicación–, y la profesionalización de las actividades domésticas y de cuidado.

Otro punto que no puede obviarse es que la extensión deja afuera del beneficio a la mitad de los trabajadores y trabajadoras que tienen hijos y que no pueden acceder a ninguna licencia porque tienen trabajos informales o independientes (autónomos o monotributistas). También quedan afuera del derecho los modelos de familia que no coinciden con el más tradicional, ya que no alcanza, por ejemplo, a padres que adoptan ni aquellos del mismo sexo (ver aparte). 

“Para no profundizar la desigualdad socioeconómica, además es necesario pensar esquemas complementarios con la ampliación de las licencias de los trabajadores formales para las familias que actualmente están excluidas. Una posibilidad es replicar el esquema de las Asignaciones Familiares con la Asignación Universal por Hijo. Se puede instrumentar aumentando el monto de la AUH en los primeros meses de vida de los niños/as”, opinó Gala Díaz Langou, directora del programa de Protección Social del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), una ONG cercana al Gobierno. “Hoy los que acceden a las licencias pertenecen a los quintiles más altos en la distribución por ingreso. Y los que no acceden, a los quintiles más bajos y presentan mayores niveles de vulnerabilidad en general”, destacó.

–¿Cómo debe analizarse una reforma al régimen de licencias? –le preguntó este diario a Rodríguez Enríquez, reconocida economista feminista y profesora universitaria.

–Transformar la injusta organización social del cuidado es prioritario para reducir o eliminar las brechas de género en el mundo del trabajo –remunerado y no remunerado–, pero también para desarmar uno de los mecanismos centrales de reproducción de desigualdad socio-económica. El objetivo de extender la licencia es doble. Por un lado, permitir que los hombres asuman responsabilidades de cuidado en el momento inmediatamente posterior al nacimiento de los hijos o hijas. Por otro lado, disminuir la discriminación que producen licencias diferenciadas para madres y padres, que mantienen a las mujeres alejadas del mercado laboral por más tiempo. La ampliación de la licencia debiera concebirse como un paso en un proceso de más largo plazo que tienda a la igualación de las licencias, y a su combinación con licencias parentales –asociadas no al nacimiento sino a la crianza en los primeros meses/años–, con la consigna de ser iguales e intransferibles.

Para la investigadora del Ciepp, “más que en el marco de una propuesta de reforma laboral que interpreta a la protección del trabajo como un costo, esta propuesta debiera ser parte de una política más amplia que avance hacia la construcción de un sistema nacional de cuidados”.

–¿Qué otros aspectos debería contemplar? 

–Las necesidades de la población dependiente de cuidados. Esto es, no solamente los niños y las niñas, sino también las personas mayores y las personas con discapacidad dependientes de cuidado. Las necesidades diversas de las familias, para que la atención de las responsabilidades de cuidado sea compatible con el desarrollo de carreras laborales y de otros aspectos de la vida personal, social, comunitaria y política.  Al menos se deberían contemplar la ampliación de licencias maternales –el estándar de la OIT establece un mínimo de 14 semanas–, licencias paternales –que debieran tender a la misma duración que las maternales–, licencias por adopción, y licencias parentales –con la aspiración de ser iguales e intransferibles.

“Es imprescindible el liderazgo del Estado en la provisión de servicios de cuidado para evitar mecanismos que segmenten la oferta para población de diferentes estratos socioeconómicos”, señaló.