A la par de un agravamiento de su situación procesal, el caso del detenido lonko de la comunidad mapuche de Cushamen, Facundo Jones Huala, llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que recibió la petición de dictado de medida cautelar en su favor. Ante la inminencia de un segundo juicio de extradición, a pesar de que el primero fue declarado nulo, activistas, familiares y amigos del líder de la Pu Lof en Resistencia de Cushamen están juntando firmas para exigir su libertad inmediata bajo la consigna “basta de perseguir a los pueblos originarios”. 

Su abogada Sonia Ivanoff explicó a PáginaI12 que “Santiago Maldonado estaba en la Pu Lof por los treinta días de la detención ilegal de Jones Huala, que el juez Gustavo Villanueva concretó sin que se hubiera resuelto la apelación en la Corte Suprema, el 27 de junio”. Y destacó que “a las pocas semanas la Corte confirmó la nulidad del primer juicio de extradición porque se había basado en el testimonio obtenido bajo torturas a un comunero mapuche”. El juez acaba de ser recusado porque rechazó las medidas de prueba presentadas por la defensora del lonko, lo cual es una señal inequívoca del inicio del nuevo proceso, que lo llevaría a Chile donde, según la letrada, “no tiene garantías jurídicas” porque entre otras cuestiones “los penales de ese país son privados”. 

Por ser argentino, Jones Huala podría ser juzgado en el país por esas acusaciones, originadas en el incendio en 2013 a una estancia de la localidad de Valdivia. Sin embargo, si finalmente ese juicio determina que sea extraditado, el joven de 31 años podrá apelar ante la Corte Suprema. “Facundo es uno de los tantos mapuches con causas en ambos países, lo cual evidencia la decisión política de colocarlos como el enemigo interno”, dijo Ivanoff. El juez Villanueva al desestimar todas las pruebas pone de relieve una “animosidad” en contra del lonko, agregó la letrada. Y recordó que ese magistrado estuvo reunido con funcionarios del Ministerio de Seguridad el día previo a la desaparición de Maldonado. 

Ivanoff afirmó que “desde 2015 el ministerio de Seguridad tiene en la mira al pueblo mapuche, que defiende el territorio ante el extractivismo y las empresas forestales, así como a todo aquel luchador social que levanta su voz, en este caso Facundo Jones Huala, que está detenido desde hace cuatro meses”. Según describió, “Santiago sabiendo lo que había sucedido el 10 de enero, cuando su amigo Ariel estuvo detenido 36 horas sin que Gendarmería diera información sobre él, acudió a solidarizarse y fue reprimido, pero para los que vivimos en Chubut esta represión y hostigamiento no es novedad, jueces ordenan allanamientos y no van, las fuerzas de seguridad interpretan órdenes judiciales”. Por eso, dijo, “pedimos justicia por el cumpa Santiago, él se sumó a la lucha mapuche sin serlo, porque comprendió la sensibilidad que implica la defensa de derechos territoriales”.

La abogada del líder político y espiritual de la comunidad donde desapareció y apareció muerto Maldonado destacó que el gobierno nacional tiene como estrategia tratar de dividir al pueblo mapuche en base a algunas diferencias metodológicas, pero enfatizó que “la lucha es una sola”. Ivanoff describió que los hechos que se le imputan a Jones Huala en Chile tienen que ver también con frenar la instalación de una empresa hidroeléctrica que perjudica el territorio. “La corporación judicial recibe órdenes del poder político, como el jefe de Gabinete Pablo Noceti que indicó el 31 de julio en Bariloche y en Esquel sepan a los mapuches que los vamos a detener, sepan que vamos a ir por ellos”, mencionó.

En tanto, el abogado Fernando Cabaleiro, de la ONG Naturaleza de Derechos, pidió a la CIDH el dictado de una medida cautelar al considerar que está dada la situación de gravedad y urgencia, y “para que el lonko pueda seguir el proceso de extradición en libertad y viviendo en su territorio con la comunidad, máxime en este momento de tensión que se está viviendo en relación a los hechos de la desaparición de Maldonado”. Cabaleiro, y el hermano del lonko Fernando Jones Huala, destacaron que “se trata de una detención de carácter político, a fin de debilitar a la comunidad Pu Lof en Resistencia, que se encuentra seriamente afectada por los actos de persecución y hostigamiento por parte del estado nacional, en enero y agosto, y sobre los que se ha dado cuenta en las medidas cautelares de esta Comisión en los casos en curso MC 16/18 y MC 564/17. La abogada Ivanoff acompañó y adhirió a esta solicitud.

Por su parte, organismos de derechos humanos de Chile y Argentina solicitaron “la no extradición de Jones Huala y su inmediata libertad por considerarlo un preso político castigado por ambos estados por la defensa de la causa del pueblo mapuche. Es preso político alojado en la Unidad Penitenciaria Federal 14 de Esquel. Por segunda vez, con una doble persecución penal, se encuentra bajo arresto provisorio en miras de un juicio de extradición, habiéndose omitido el levantamiento del pedido de captura internacional, fue detenido el 27 de junio de 2017, en un control rutero en el Puesto Villegas, por Gendarmería Nacional”. La declaración, a la que se puede adherir en [email protected]  destaca que Jones Huala “desde hace tiempo ha sido elegido vocero de la propuesta política del Movimiento Autónomo Mapuche. Este tiene como base la recuperación de todo el territorio ancestral y las tierras productivas y sagradas, el mejoramiento de la calidad de vida mediante la autonomía y el trabajo propio, el ejercicio de nuestros derechos políticos y territoriales, acabar con la explotación y el latifundio, resistencia y expulsión de empresas petroleras, mineras e hidroeléctricas que utilizan el territorio, y la reconstrucción del poder y el mundo mapuche”.