La marcha masiva en defensa de la Educación Pública tuvo, finalmente, su correlato en la Cámara de Diputados, que dio el primer paso para aprobar una ley que preserve el financiamiento universitario de la motosierra Milei. El segundo paso será aprobarlo en el recinto el 4 de junio. La decisión se tomó en un plenario de comisiones de Presupuesto y Educación -cuyo emplazamiento la oposición había forzado en la sesión del martes-, en donde se emitieron cinco dictámenes referidos a actualizar los fondos destinados a las universidades nacionales. Si bien la oposición no consiguió lograr un dictamen unificado, Unión por la Patria, la UCR y Hacemos Coalición Federal, junto a las bancadas provinciales y la izquierda, se mostraban confiadas en arribar a un acuerdo para la sesión de junio. El verdadero desafío, sin embargo, será conseguir los dos tercios en el recinto: la amenaza del veto presidencial es real y la única manera de blindar la ley de la voracidad fiscalista de Javier Milei es consiguiendo una mayoría agravada.
En el Congreso no confían en el gobierno nacional. Ni el anuncio del vocero presidencial acerca de que aumentarían un 270 por ciento los gastos de funcionamiento de todas las universidades nacionales logró desactivar la respuesta de la Cámara de Diputados, que decidió mover para actualizar los fondos universitarios por su cuenta. "Sin resolución los rectores no confían", fue la respuesta de los diputados de la oposición. La jugada, impulsada por el radicalismo y respaldada por el peronismo, había comenzado en la sesión del martes, cuando se aprobó el emplazamiento de las comisiones de Presupuesto y Educación para forzar el dictamen de una iniciativa que actualice los fondos universitarios por IPC (Índice de Precios al Consumidor). Hasta entonces, solo Educación, presidida por Alejandro Finocchiaro (PRO), se había reunido, pero no hubo manera de que José Luis Espert convocara Presupuesto para poder emitir un dictamen que pudiera llegar al recinto. Fue la alianza UxP con el radicalismo, Hacemos Coalición Federal y algunas fuerzas provinciales que permitieron que el jueves se pudiera dictaminar.
En total, fueron cinco los dictámenes que salieron del plenario de comisiones. Al igual que sucedió con movilidad jubilatoria, los dictámenes de UxP y el conglomerado UCR-HCF-Innovación Federal son prácticamente idénticos a diferencia de unos puntos. Los dos plantean una actualización del presupuesto destinado a gastos de funcionamiento - que representa entre el 10 y 15 por ciento del presupuesto universitario total- teniendo en cuenta la inflación de 2023 y, luego, un ajuste bimestral para 2024 de acuerdo al IPC. Esto incluye el financiamiento de las universidades nacionales y de los hospitales universitarios. "El corazón del proyecto es el mismo", insistían en UxP, donde confían que, de acá al 3 de junio, se podrá arribar a un proyecto común.
Una de las diferencias es que el dictamen de UxP extiende el mismo mecanismo de actualización a otra áreas, como el fortalecimiento de la actividad de extensión universitaria y el fortalecimiento de ciencia y técnica. También instruye al Poder Ejecutivo a restablecer el financiamiento de las obras de infraestructura universitaria y le indica que debe actualizar los salarios docentes y no docentes.
El dictamen del radicalismo, al que se sumaron HCF, la Coalición Cívica e Innovación Federal -un espacio que aglutina a diputados que responden a los gobernadores de Salta (Gustavo Valdés), Misiones (Hugo Passalacqua) y Río Negro (Alberto Weretilneck) -, limita la actualización a los gastos de financiamiento. "La idea era acordar lo mínimo, lo más básico que permitiera llegar a un consenso. Pero ni eso quiere el gobierno", se quejó, sorprendida, una de las diputadas que había firmado el dictamen. La amenaza de Milei ante empresarios acerca de que iba a "vetar cualquier proyecto que manden para volar el país", estuvo muy presente en los cálculos opositores: ninguno cree que sea un bluff, por lo que los dos tercios en el recinto son imprescindibles.
Otro de los puntos que introdujo el dictamen de la UCR es una modificación en las pautas a partir de las cuales se distribuyen de los fondos de las universidades. Establece que se distribuirán de acuerdo al número de estudiantes, el tipo de carreras ofrecidas - grado, posgrado, etc-, la actividad científica y la cantidad de escuelas u hospitales que tengan a su cargo. "Es el dictamen que esperaba el sistema universitario", afirmó Danya Tavela (UCR). En el peronismo, en cambio, miraban este cambio con desconfianza: "Es la interna radical jugando de nuevo. Quieren beneficiar a las universidades más grandes", cuestionó un diputado de UxP.
El oficialismo, mientas tanto, presentó un dictamen junto al PRO que solo "autoriza" al Poder Ejecutivo a actualizar las partidas a partir del acuerdo que llegue con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). "Les pedimos que mejoren la redacción del artículo porque es una expresión de deseo", ironizó Maximiliano Ferraro (CC). La Libertad Avanza, sin embargo, optó salir a acusar a la oposición de hacer una "campaña del miedo" y deslizó que, si había acuerdo con los rectores, la sesión no tenía razón de ser.
La advertencia estaba presente en el plenario. El deloredismo radical - cada vez más chico- ya venía advirtiendo que, en el caso que los rectores llegaran a un acuerdo con el gobierno nacional, perdía "sentido" la ley. Es decir que abrían la puerta a hacer peligrar el quórum si Milei presentaba, antes, una resolución con la actualización de los fondos. En el resto del radicalismo, sin embargo, salieron rápidamente a desmarcarse de Rodrigo de Loredo y señalar que el quórum no estaba en duda. Si bien había algunos diputados de HCF que deslizaban que esperarían a escuchar que decía el CIN, la mayoría coincidía que la avanzada adoptó una dinámica política propia y que el 4 de junio la Cámara de Diputados le tendrá que enviar un mensaje a Milei.