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El presidente Mauricio Macri ocupó el centro de la escena el lunes en el Centro Cultural Kirchner (CCK) y se mantuvo allí durante toda la semana. Pasó a la ofensiva en varios frentes, a paso redoblado.
Lanzó un combo de reformas que excedieron los anticipos del oficialismo y tomaron desprevenidos a los destinatarios. Macri manifestó que todos debemos ceder un poco pero dispuso una distribución dispar del esfuerzo.
Solo por colar una dosis excesiva de ironía podría decirse que la única concesión de las clases dominantes corrió por cuenta de la Sociedad Rural que cedió a su presidente, Luis Etchevehere, para que asumiera el ministerio de Agroindustria. Jorge Zorreguieta y José Alfredo Martínez de Hoz habrán aplaudido a rabiar desde ultratumba.
Hablando en serio, el conjunto se caracteriza por una uniformidad avasallante. Sus objetivos son, todo modo, un prospecto que, tal vez, sea resistido y regateado. Es una virtualidad posible. Lo real, lo visible a los ojos, son los instrumentos propuestos: el típico programa de la derecha argentina, reacondicionado para el siglo XXI.
El poder de los patrones crece en detrimento no solo de los gremios sino de los trabajadores en general.
El blanqueo de deudas por cargas y aportes patronales es una nueva amnistía para delincuentes de guante blanco: evasores calificados de toda talla.
Los grandes y prósperos productores de soja pagarán menos retenciones. Los de economías regionales, que son menos prósperos y atraviesan una larga coyuntura adversa, soportarán más impuestos.
Los incrementos jubilatorios en base a las variaciones de la inflación serán inferiores a los que regían merced a las leyes dictadas durante el kirchnerismo. Tal como están escritos, jamás mejorarán el poder adquisitivo de los jubilados. Con suerte lo mantendrán. Difícil porque la canasta de los jubilados está muy centrada en los alimentos y los remedios, cuyos precios trepan más velozmente que el conjunto.
Se exige a las provincias que reduzcan su carga impositiva, mientras se procura restarles coparticipación en la torta de recursos nacionales.
El oficialismo consiguió la renuncia de la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó, mediante presiones feroces, entreveradas con un fallo berreta de primera instancia y una causa judicial amañada en su contra. Macri tiene el campo orégano para designar alguien (un hombre, se puede apostar) de derecha, del Opus Dei o menemista o varias de esas variables en cóctel. Un casting apasionante.
El ministro de Justicia, Germán Garavano, zarandeó en público al presidente de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti. Le cuestionó variadas rémoras del Poder Judicial. Lorenzetti respondió como pudo, pomposo y sereno en apariencia. Roma no pagaba traidores, Cambiemos se empeña en destratar aliados. La Corte Suprema acababa de darle una mano a la Casa Rosada declarando inconstitucionales cláusulas del impuesto a los ingresos brutos en Chaco y Santa Fe. O sea, una sentencia alineada con la cruzada del Ejecutivo nacional. El oportunismo de Lorenzetti no bastó, esta vez, para ahorrarle el rapapolvo.
El ex vicepresidente, Amado Boudou, fue detenido con las infamantes condiciones ya cotidianas. Se lo llevó de modo brutal, se lo esposó estando descalzo, se filmó el procedimiento para denigrarlo. El Ministerio de Seguridad se ocupó de viralizarlo, una demostración de odio a las personas y desprecio a las leyes. Conforme el derecho penal de Comodoro Py-Balcarce 50, Boudou va a la cárcel sin condena siquiera de primera instancia. Se le atribuye una peligrosidad o influencia de la que carece, se dibuja el cargo de asociación ilícita. Con este ritmo, una detención semanal, Macri podría terminar su mandato con más de cien dirigentes de la principal oposición política y parlamentaria presos violentando la presunción de inocencia. Tal vez reduzca la intensidad en el futuro, está por verse.
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Silencios no inocentes: La correcta extensión de las licencias por embarazo y un módico impuesto a (ciertas) colocaciones financieras no alcanzan para agrisar el tono neto de las reformas. Solo servirán para ser ensalzadas por los portavoces oficiales, guionados desde la Jefatura de Gabinete.
Ningún nuevo derecho de trabajadores activos o desocupados, mujeres o jubilados entorpece la uniformidad de la propuesta.
El programa cuya finalidad declamada es promover inversiones, aumentar exportaciones, generar empleo digno, bajar la pobreza no incluye un solo instrumento que directamente dinamice esos objetivos. Cero herramienta “industrialista” o cosa que se le parezca.
La ideología neo conservadora, ya experimentada en estas pampas, presupone que mejorar la ecuación de ingresos de los empresarios genera esas consecuencias como por encanto. Los antecedentes de los noventa o de la dictadura militar deberían mitigar el entusiasmo, fundado en la ideología y no en la historia.
La bicicleta financiera se mantiene indemne; es la inversión más tutelada y redituable desde diciembre de 2015, una contradicción señalada hasta por economistas u opineitors “del palo” oficialista.
Las finanzas provinciales se ven asediadas desde varios ángulos. El dilema complejo de la estructura productiva de Tierra del Fuego se zanja al modo escogido por el ex mega ministro Domingo Cavallo: las provincias inviables deben ser desamparadas. El neo federalismo M es una remake del menemista.
Los mandatarios de provincias productoras de vino, empezando por el radical mendocino Alfredo Cornejo, ponen el grito en el cielo. Están en apuros, les suben los impuestos.
Los gobernadores son actores principales del elenco que escuchó perplejo a Macri, en indeseado paralelismo con los compañeros jerarcas de la Confederación General del Trabajo (CGT).
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El triunvirato y el heredero: El ministro de Trabajo, Jorge Triaca (hijo), le había asegurado al triunvirato que conduce la CGT que no habría reforma laboral por ley, que se implementaría consensualmente en los convenios colectivos. Los dirigentes le creyeron y fueron burlados. No es la primera vez, ni la segunda. Ellos sabrán si la recurrencia denuncia lentitud, falta de piné, aquiescencia o una combinación de factores.
Triaca les va ganando por goleada. El poder ayuda, claro. Igual es llamativo porque el ministro no reluce por su inteligencia. En eso se diferencia negativamente de su padre, que fue líder del ala entreguista de la Central Obrera. Otra asimetría le hace favor a “Jorgito”. Su papá, nacido en un hogar de laburantes, fue un traidor a su clase. El ministro, multimillonario desde la cuna, defiende a la suya con ahínco.
La cúpula cegetista consultó al Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, y a sus propios abogados. Un gesto para remachar lo evidente: el combo oficial no deja resquicio para las dudas.
El proyecto de Ley de Contrato de Trabajo es el más regresivo desde la restauración democrática. La comparación con la dictadura es siempre impropia, solo como perlita digamos que el plazo de prescripción para iniciar juicios se reduce a un año, menos que en aquellos tiempos atroces.
Las modificaciones ameritan un desarrollo más extenso (y más debate público como insumo) que el que dedicamos acá.
Señalemos a cuenta que se minimizan las indemnizaciones por despido, se legalizan al extremo distintas formas de fraude laboral (tercerización, entre ellas).
La posibilidad de formar un fondo de desempleo con aportes de los propios empleados desvirtúa el principio constitucional de “protección contra el despido arbitrario”. Fue establecido en el artículo 14 bis de la espuria Constituyente de 1957 aunque revalidado (saneado, pues) por reformas ulteriores. Una indemnización no repara la pérdida del laburo pero algo “protege” al trabajador. Una suerte de ahorro forzoso, compartido con el empleador, se parece demasiado a una limosna como concepto. O a un vuelto por su valor económico.
Las pasantías, la invención de un sistema que minimiza la posibilidad de cobrar horas extras contribuyen a caracterizar una flexibilización en toda la línea, más patronalista que las normas del menemismo o la “Ley Banelco” de la Alianza.
Anteayer, los triunviros se vieron con Triaca y le manifestaron rechazo al proyecto de ley. Carecían de margen para obrar distinto. Era jugada única… o papelón.
Fieles a su estilo, no clamaron “no pasarán”: acordaron reuniones para ir analizando. Sabe a poco, calibrando cómo les viene yendo en las tratativas… o mejor dicho con qué intenciones y firmeza pulsean.
El oficialismo, posiblemente, confía en la flaqueza de la cúpula cegetista. No sería la primera vez, ni la segunda, ni la tercera que dirigentes de baja intensidad privilegian “defender a la organización” (CGT) en desmedro de los derechos de sus representados. Los fondos de las Obras Sociales saben ser moneda de canje en esos tejes y manejes.
Un potencial riesgo común acecha a los comensales de la desbalanceada mesa de negociación. Es el crecimiento de protestas y liderazgos desde sectores de base, seccionales del interior, fábricas y aún ramas de actividad que lastime la representatividad de “los muchachos” y resienta la gravitación que todavía conserva.
La izquierda trotskista o radical ha venido ampliando legitimidad en los años recientes, tanto que podría decirse que es superior a la que vienen ganando en las urnas. Las conducciones peronistas los observan con recelo mezclado con un desdén profético sobre su techo, que leen cercano al actual.
Sin formular profecías apodícticas, es factible que también se potencien alternativas peronistas de momento más o menos encuadradas en la CGT. Una camada joven, menos achanchada, menos vulnerable a denuncias puede emerger, si tiene la destreza y la voluntad. La perspectiva suena ajena al contexto propicio al oficialismo. Pero la agresividad del gobierno, su soberbia quizás (nada más ni nada menos que quizás) alumbre oposiciones más drásticas. Las chances se incrementan en proporción inversa a la debilidad de los comensales del Gobierno.
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Dividir para triunfar: Varios aciertos tácticos contiene la jugada oficial, capitalizar el envión de las urnas es el primero. El segundo, el valor de la sorpresa, instalando cambios más agresivos que los que se habían filtrado a los medios.
Otro, a su modo más sutil, es tramitar los “consensos” a las reformas por separado tratando de dividir a eventuales oponentes-contradictores. Macri las presentó de modo global en el CCK ante el auditorio silencioso y restringido pero los proyectos de ley diseminan el debate.
El economista Jorge Gaggero apuntó bien, en un recomendable reportaje concedido a @Elloropolítico que se trata de un paquete cuyas consecuencias e influjos se interrelacionan.
Una cuestión política crucial es la capacidad de articulación de distintos sectores concernidos. El Congreso es, de cajón, uno de los espacios de convergencia. La CGT, los gobernadores (en especial pero no solo los peronistas) deberían conformar alguna coalición transversal, transitoria desde ya. Tanto ellos como el kirchnerismo tendrán que comprender que el macrismo va por todos, más allá de sus enfrentamientos. O, mejor expresado, capitalizándolos en provecho propio.
Las organizaciones sociales quedaron afuera, literalmente, del cónclave. Se congregaron ante el CCK y se quejaron en consecuencia. También les cabe recapacitar cuántos factores objetivos empujan a imaginar mecanismos de acción conjunta.
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Bases materiales de la flexibilización: Aun si las medidas se concretaran parcialmente tras las negociaciones, serían regresivas, debilitarían a la clase trabajadora y a los gremios, favorecerían a las corporaciones empresarias, cuanto más grandes mejor.
La dimensión del impacto dependerá de numerosos factores. La flexibilización legal está vinculada a la “de facto” y a la correlación de fuerzas. La organización, la combatividad y el piso de derechos vigentes de los trabajadores son muy superiores hoy en día a los de los 90 o fin del siglo pasado. Aumentar la masa de informales o despedidos, aunque lo esconda el verbo oficialista, sería funcional para concretar las regresiones. El desempleo y la necesidad a menudo disciplinan y debilitan la voluntad de resistir. Subrayamos “a menudo”: las tendencias históricas reconocen excepciones, matices, refutaciones a la experiencia anterior.
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Pagos de contado y promesas: De nuevo, el programa será resistido, criticado, negociado. Los proyectos de ley incluirán detalles más gravosos para los damnificados, la reglamentación del Ejecutivo añadirá una vuelta de tuerca.
Las cuestiones a dirimir son polifacéticas, rica la polémica en ciernes. Si simplificamos la propuesta, intentando no caer en reduccionismos, volveremos a las viejas metáforas de la torta que debe crecer o la copa que debe rebalsar para universalizar las consecuencias benéficas. El poder del establishment y las corporaciones crecen de movida, tanto como su riqueza relativa. Cobran de contado.
Los humildes, los trabajadores, los jubilados tienen supeditada su suerte a un largo encadenamiento de hechos improbables. Un resabio bíblico alienta la narrativa; sufrid ahora, que ya seréis saciados. Ganar menos, estar a tiro de despido, poner la parte del león de los recursos para achicar el estado y el déficit tendrán premio, en un horizonte imaginario, fugitivo como en la zamba.
La acción colectiva será clave para enfrentar al giro a la derecha, vino viejo en odres nuevos. Reaccionario en el sentido original: una vuelta hacia atrás. El periodista y escritor Martín Rodríguez lo rotuló con agudeza “revolución conservadora” en una nota reciente publicada en El Dipló. Hace un cuarto de siglo (época de Ronald Reagan, Margaret Thatcher, Carlos Menem) el ensayista Arturo Armada apocopó el aparente oxímoron, bautizándolo “revol-cón”. Ricorsi de la historia, pongalé.
