El procurador general de Salta, Pedro García Castiella; la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio y los fiscales Santiago López Soto y Gustavo Torres Rubelt, requirieron juicio para 20 personas acusadas por hechos de corrupción dentro del penal de Villa Las Rosas, en la ciudad de Salta.
La Unidad Fiscal que integran el procurador, la fiscala y los fiscales, acusa a ocho funcionarios del Servicio Penitenciario Provincial, además de internos penados alojados en la Unidad Carcelaria 1 y a familiares de éstos de formar parte de una organización narcocriminal que operaba en el penal.
La investigación se inició a partir de denuncias anónimas que señalaban que personal de la cárcel estaba involucrado en actividades ilícitas. La investigación estableció que se solicitaron sobornos a cambio de beneficios para internos y se facilitó la introducción de elementos prohibidos y drogas al penal.
Más de 50 cuentas bancarias se analizaron, de las que se obtuvo un resultado de más de mil transferencias realizadas por familiares de presos. Además se intervinieron más de 20 líneas telefónicas y se recopilaron 90 declaraciones testimoniales. El periodo investigado fue entre 2021 y 2023.
La Unidad Fiscal concluyó que los funcionarios del Servicio Penitenciario Sergio Moya, Francisco Arturo Bisceglia, Rubén Antonio Guaymás, Luis Roberto Castaño, José Luis Alarcón, Marcelo Olguín Magno, Raúl Antonio Arjona y Marcos Matías Bucotich García, que cumplían funciones en la Unidad 1, "haciendo uso abusivo de sus cargos y de las atribuciones y potestades que poseían, como así también de su jerarquía y antigüedad, exigieron indebidamente dádivas a los internos penados que se encuentran allí alojados".
Esas dádivas consistían en la entrega de sumas de dinero o de otros elementos de valor a cambio de ayudar a detenidos a obtener beneficios comprendidos en el régimen progresivo de la pena, como la elevación de calificaciones en concepto de conducta, acelerar trámites para la obtención de salidas extramuros, salidas transitorias, otorgamiento de salidas a la granja o cambios de pabellón, entre otros. También permitían el ingreso de otros elementos no permitidos por el reglamento interno de las Unidades Carcelarias, como celulares, cargadores, comidas, bebidas y drogas. Además, se ofrecía un servicio de protección ante posibles abusos.
Los familiares de los detenidos que accedían a estas prácticas transferían fondos de forma electrónica o pagaban en efectivo.
En cuanto a la comercialización de estupefacientes, los investigadores identificaron tres vértices fundamentales para su consumación: la distribución dentro de la cárcel; los nexos externos que recibían dinero, distribuían y administraban cuentas bancarias, y "la participación y connivencia necesaria de funcionarios públicos, que por omisión o acción, permeabilizaban el sistema de seguridad e ingresaban la sustancia prohibida al establecimiento, brindando seguridad a la organización delictiva".
Además de los penitenciarios Moya, Bisceglia, Alarcón, Bucotich García, Arjona, Castaño, Magno y Guaymás, la Unidad Fiscal pidió juicio para otras doce personas: Manuel Méndez, María Inés Méndez, Héctor Gustavo Banega, Ivana Marcela Gutiérrez, Nicole Judith Ana Luna, Yanina Alejandra Chaju, Patricia Daiana Del Rosario Flores, Silvana Valeria Avendaño, María Cristina Galindo, Josue Joel Valencia, Baldomero Darío Córdoba y Andrea Abigail Alba.
