Guillermo Francos, José Rolandi y Victoria Villarruel pudieron respirar aliviados tras el discurso presidencial: Javier Milei no le había declarado la guerra al Senado. La supervivencia de la Ley Bases dependía de que Milei no insultara a los senadores que se resisten a dictaminar el mega proyecto y que, en su enojo con el gobierno y su dinámica de negociaciones, estaban casi deseosos de que el presidente les diera una excusa para oponerse. No fue así y los senadores bajaron las armas, ocupados en terminar de revisar el borrador que el gobierno empezó a circular el viernes entre los legisladores. El gobierno concedió incluir cambios en el RIGI, la reforma laboral y la reforma del Estado, pero se resiste a modificar dos capítulos clave que la oposición ya definió voltearle en el recinto: la restitución de Ganancias y la privatización de Aerolíneas Argentinas y Correo Argentino. Luego de dos intentos fallidos, el gobierno intentará dictaminar el próximo miércoles, y en la oposición anticipan que, con disidencias, la tercera será la vencida. El recinto, sin embargo, es otra historia: los votos no están y cada crisis - como la revuelta en Misiones - lleva agua al molino del rechazo de Unión por la Patria.
El viernes a la noche, el gobierno comenzó a distribuir el borrador de la nueva versión de la Ley Bases por WhatsApp. El fiasco del miércoles había despertado las alarmas: el problema no era solo que no se había logrado dictaminar - una vez más -, sino que la mala praxis de los negociadores estaba comenzando a convertir la indecisión de algunos en abierta hostilidad. Martín Lousteau (UCR) estaba furioso y amenazaba con rechazar la ley. Lucila Crexell (Neuquén), José Carambia (Santa Cruz) y Guadalupe Tagliaferri (PRO) ni se habían molestado en participar de las comisiones. Los senadores estaban hartos: no había mesa de negociación, los mensajes que llegaban de Francos y Rolandi eran contradictorios y nadie en el gobierno se molestaba en ofrecer una contraoferta real y concreta. Varios partieron más temprano a sus provincias y los funcionarios tuvieron que comenzar a hacer control de daños. Fue recién entre el viernes a la noche y el sábado a la mañana que los senadores comenzaron a recibir la propuesta del oficialismo.
La contraoferta
La propuesta del oficialismo incluye cambios en el RIGI, la reforma laboral, la reforma del Estado y el blanqueo de capitales. Esos serían las modificaciones acordadas, es decir las que el gobierno se compromete a no intentar dar vuelta cuando el proyecto vuelva a Diputados. Es un punto clave: Martín Menem y Karina Milei ya están trabajando en defender la versión original de la Ley Bases y el paquete fiscal, buscando asegurarse una mayoría que revierta los cambios no deseados que surjan de la cámara más arisca (el Senado). Por lo que cualquier acuerdo que Edgardo Kueider, Lousteau, Pablo Blanco o Tagliaferri - o cualquiera de los indecisos - arriben con el gobierno implica que este se comprometa a no traicionarlos.
En el caso del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones - el alma de la Ley Bases - el gobierno modificó la redacción del artículo 163 que volvía irrelevante que las provincias se adhirieran o no al régimen (ya que anulaba cualquier normativa provincial que fuera contra el régimen, afectando la autonomía de las provincias). Concedió también incluir una salvaguarda a la industria local frente a la apertura de importaciones que el régimen habilita para los proveedores de las empresas que inviertan. Estos cambios responden a las demandas que habían recibido del radicalismo, fuerzas provinciales e, incluso, de centrales industriales, pero no termina de satisfacer a todos los senadores. El entrerriano Kueider, por ejemplo, solicitó remover todo el capítulo de la Ley Bases para tratarlo por separado. Lousteau, por otro lado, había planteado muchas más objeciones y se desconoce si aceptará solo esos cambios.
La reforma laboral, que elimina las multas por trabajo no registrado y amplía el período de prueba, también incluirá una bandera que el radicalismo viene sosteniendo desde Diputados: el avance contra las cuotas solidarias de los sindicatos. Si bien no termina de eliminar la obligatoriedad - como exigía la UCR -, el gobierno incluye un artículo que la limita. También incluye el bloqueo de empresas como causal de despido.
En el caso del capítulo de delegación de facultades, el gobierno accedió a ampliar el listado de organismos que podrían no ser eliminados por Milei. Se incluirá el Banco Nacional de Datos Genéticos y el INTI. Este listado - que incluye otros organismos públicos, como el CONICET, el INCAA o el Malbrán - solo blinda a estos institutos de ser suprimidos, sin embargo el Ejecutivo todavía puede eliminar sus competencias o reorganizar su estructura interna (despidos).
El gobierno no incluyó, en cambio, los dos grandes reclamos de los gobernadores patagónicos: la reversión de Ganancias y las privatizaciones. En el primer caso, los patagónicos reclamaban un aumento del piso del 22 por ciento - ya que, al ser zona desfavorable, el costo de vida es más alto y, por lo tanto, también los sueldos - y las negociaciones venían bien encaminadas, pero la semana pasada Milei le bajó el pulgar. En el caso de que no haya ningún cambio, la modificación de Ganancias se caerá fácilmente en el recinto: los 33 senadores de UxP votarán en contra, así como también los nueve patagónicos. El desafío, sin embargo, será llegar a los dos tercios para blindar el rechazo de la revisión de la Cámara de Diputados.
El mismo escenario se repite con la privatización de Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina. Los patagónicos no quieren saber nada con estas tres privatizaciones y de no haber alguna diferenciación en el dictamen - separando los anexos de las empresas públicas a privatizar, por ejemplo - el oficialismo se arriesga a que se le caiga todo el capítulo de privatizaciones.
El dictamen y el recinto
"Ya no tiene sentido seguir posponiendo, el miércoles las firmas van a estar", deslizaba una senadora opositora que acababa de recibir el borrador del gobierno. La mayoría de los senadores díscolos coincide en que el miércoles, cuando se reúna el plenario de comisiones, el oficialismo obtendrá finalmente su dictamen de mayoría, aunque con varias disidencias. El lograr emitir dictamen tras tres semanas de rechazos, sin embargo, no se traduce en que el oficialismo tendrá una mayoría en el recinto. En absoluto.
En los últimos días, la pecera en donde UxP busca votos para voltear la ley se ha hecho más amplia. Kueider y "Camau" Espínola - ex compañeros frentetodistas - siempre fueron una posibilidad, así como el santacruceño Carambia, pero la mala praxis del gobierno le ha permitido sumar actores antes impensados. Uno es Lousteau. El radical ha sido una de las voces más críticas de la ley y viene jugando a contramano del resto de su bloque, que - a excepción de Blanco y Maximiliano Abad - estaba listo para sancionar la ley hace rato. Los otros son los dos senadores misioneros, Oscar Arce y Sonia Rojas Decut, que hasta ahora han acompañado siempre al oficialismo. La crisis social que se vive en Misiones, motivada por el ajuste que Milei está haciendo a las provincias, podría, sin embargo, cambiar el panorama.
