La Justicia federal de Rosario dispuso el procesamiento con prisión preventiva de siete personas acusadas de convertir dinero proveniente del narcotráfico en actividad legal. Los procesados integraban la organización criminal liderada por el “Peruano” Rodríguez Granthon, y se encargaban de invertir la plata obtenida de la venta de estupefacientes en operaciones de apariencia legal, como construcción de propiedades, transporte de granos y administración de comercios. A cada uno se les trabó también un embargo sobre sus bienes por la suma de 2.250.000 pesos.

Ante las pruebas recolectadas y la investigación contable derivada, el Juzgado Federal Nº3 de Rosario dictó los procesamientos y la prisión preventiva de Francisco Rodríguez Villarreal –padre de Rodríguez Granthon–, Lucrecia María de los Ángeles Biagiola, Yanina Marta Messina, Marcos Jeremías Di Marco, Paola Gabriela Ramos, Jorge Antonio Benegas y Gustavo Ariel Cardozo Acosta. Todos están acusados de tener un papel activo en el sector más alto de la organización criminal montada por Julio Andrés Rodríguez Granthon, “el Peruano”, conformada y en actividad al menos desde 2017 y con la estructura funcionando bajo su mando incluso con él estando preso en el penal de Ezeiza, desde donde seguía articulando operaciones.

Los ahora procesados son quienes inyectaban el dinero obtenido por tráfico en operaciones de apariencia legal, como construcción de propiedades, transporte de granos y administración de comercios. Seis de ellos fueron catalogados en calidad de coautores de los delitos de “tráfico de estupefacientes en la modalidad de tenencia con fines de comercialización, en forma organizada”, “lavado de activos”, “portación y tenencia ilegal de armas de fuego” y “encubrimiento”, mientras que la séptima persona, sin pruebas suficientes como para incluirla en la comisión de esos delitos pero tampoco para dejarla libre de sospecha, quedó igualmente procesada y en prisión preventiva como “autor del delito de receptar bienes con el objeto de aplicarlos a una operación de lavado de activos”. 

 

El auto de procesamiento menciona que la organización abarcaba más eslabones –con otras 19 personas detenidas– que cumplían funciones específicas, desde intermediarios de la estructura que se encargaban de la recaudación de dinero del narcotráfico con el que compraban dólares, los encargados de la logística, acopio y posterior distribución de las drogas, los que regenteaban la comercialización “en los puntos de venta utilizados por la organización, ubicados en distintos sectores de esta ciudad de Rosario y alrededores”, y hasta quienes financiaban la compra mayorista. De esa manera, la organización funcionaba como una "pyme", con sus estructuras administrativas, cadenas de suministro, logística, de seguridad y hasta de proyectos de inversión con las utilidades. Muchos indicios de la investigación surgieron de escuchas telefónicas y de seguir, además, las pistas de dos decomisos clave: más de media tonelada 568 kilos de marihuana prensada en 770 trozos, y de 6 kilos de cocaína en dos domicilios de Funes.