El plan de ajuste que ha puesto en marcha el ultraderechista Javier Milei avanza con crueldad y violencia sobre los sectores más empobrecidos de la Argentina. A siete años de la puesta en marcha del plan de integración socio-urbana, organizaciones sociales denuncian la paralización de más de 1.000 obras de viviendas en barrios populares de todo el país y alertan por más de 25 mil despidos en uno de los sectores más castigados por la motosierra, al tiempo que advierten por el riesgo de frenar la urbanización de los asentamientos y temen un crecimiento de la delincuencia y el narcotráfico. El gobierno reconoció que hubo un parate de las obras, pero negó las cifras.
En medio de la feroz caída de ingresos y la transferencia de recursos a los sectores más poderosos, el gobierno mantiene paralizada toda la obra pública y en los barrios más carenciados los efectos de la crisis ya se perciben con el aumento de la desocupación y el fin de proyectos clave para mejorar las condiciones de vida de decenas de miles de personas.
En este
contexto, las organizaciones sociales exigen el cumplimiento de la
ley 27.453, sancionada hace siete años, que busca garantizar la
integración socio-urbana de los asentamientos que fueron relevados,
desde 2016, en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso
(Renabap).
Se trata de uno de los sectores más perjudicados por el plan de ajuste: según los datos oficiales, en los barrios populares viven 6,5 millones de personas y más del 65 por ciento no tiene acceso a energía eléctrica, el 92 % no accede a agua potable y el 97 % no está conectada a la red cloacal.
De
acuerdo con los datos de la Mesa Nacional de Barrios Populares, hay
más de 1.000 obras de vivienda paralizadas en todo el país. En
muchos casos se trata de construcciones que están a punto de ser
finalizadas y en otros son mejoras o instalaciones eléctricas, de
agua o gas. El relevamiento además pone el foco en la destrucción
de 25 mil puestos de trabajo.
“Los efectos del ajuste son muy
tristes”, describió a Página|12 la exsecretaria de Integración
Socio-Urbana, Fernanda Miño, quien explicó además que antes de
abandonar la gestión, en diciembre, hicieron desembolsos a
cooperativas de barrios populares de todo el país que desarrollan las obras para garantizar la
continuidad del programa, aunque Milei le quitó el financiamiento en
febrero pasado, en medio de la pelea con las
organizaciones sociales. Según las organizaciones, por esta razón ya se contabilizan más de 25 mil despidos.
El Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) se financiaba con un 9 % del impuesto PAÍS (que el gobierno recortó al 1 %), préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo, aportes de Nación y un 15 % del Aporte Solidario y Extraordinario para las grandes fortunas. Ahora salió de la órbita de Desarrollo Social y se encuentra en manos del ministro de Economía, Luis Caputo.
Fuentes de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda - que depende de Economía - reconocieron ante Página|12 que hubo un parate en las obras, aunque aclararon que fue para analizar, a través de una auditoría, el estado de las tareas. Además, negaron despidos en la Secretaría, aunque admiten que el impacto del recorte presupuestario afecta a trabajadores terciarizados. De todos modos, aseguran que en las próximas semanas podrían reactivarse las construcciones que se encontraban paradas. "Se les va a dar continuidad", dijeron, sin precisar cifras concretas.
Narcotráfico y delincuencia, los efectos tras el ajuste
El director Ejecutivo de la ONG TECHO, Juan
Maquieyra, dijo a Página|12 que el freno a las obras de integración
socio urbana trae dos grandes problemas: por un lado, miles de
familias se quedan sin la posibilidad de acceder a una vivienda y
servicios básicos esenciales. Por el otro, “en los barrios más
postergados, cada paso atrás en la implementación de políticas
públicas facilita el avance del narcotráfico y otras problemáticas
graves”. “Antes las cuadrillas empleaban a personas de los
propios barrios para hacer las obras, ahora se incrementa la
presencia de bandas de narcomenudeo que captan a los jóvenes”,
advirtió.
Miño coincidió y aseguró que “con
la pérdida de trabajo se ve el aumento del narcotráfico y la
delincuencia”. Aunque aclaró que algunos municipios absorbieron la
mano de obra de las cooperativas, dijo que no es la mayoría de los
casos. Además, defendió tanto la ley que días atrás cumplió
siete años como el trabajo realizado en los barrios carenciados y
afirmó que “en muchos casos era la primera vez que llegaba el
Estado”.
En números, hubo más de 250 mil
obras, entre mejoramientos de viviendas y obras generales de
integración. Desde la creación del FISU, hace tres años, se
finalizaron 207 mil que alcanzaron a más de 5.000 barrios, al tiempo
que unas 100 mil familias aguardan la reactivación para acceder a
luz, agua, gas, veredas, calles e infraestructura urbana.
Hasta 2023, hubo 1.276 obras de
integración y 117 obras de acceso al suelo. También se realizaron
más de 58 mil conexiones eléctricas y 75.700 de agua; así como
otras 37.787 conexiones a la red cloacal y otras 8.500 para
instalaciones de gas. El objetivo de la ley es mejorar la
infraestructura y el acceso a los servicios, pero también realizar
tareas en espacios públicos y eliminar las “barreras urbanas”,
para mejorar la conexión de las zonas y la conectividad, entre otros
aspectos.
Para Maquieyra, es clave que el
programa sea sostenido y transversal a las fuerzas políticas “para
lograr que ninguna familia en Argentina viva sobre un piso de tierra,
sin luz, sin gas o sin agua”. Además, destacó el rol del programa
de urbanización porque permitió acceder a una “realidad que antes
era invisible” y la construcción de políticas junto con las
comunidades, a través de procesos de participación activa.
“Es fundamental el Estado con sus
políticas públicas en colaboración con el sector privado y la
sociedad civil. Sin techo no hay libertad, sin baño no hay libertad,
sin vivienda no hay libertad”, afirmó en tono crítico con el
ajuste. “Hoy la política de integración socio-urbana, que tuvo
continuidad en distintos gobiernos, cuenta con 30 veces menos
recursos que antes”, describió.
Hambre y ajuste, un combo explosivo
En paralelo a los despidos y la
suspensión de obras, la motosierra de Milei y compañía derriba la
contención social en los barrios más pobres, con el recorte
despiadado a los comedores populares, que desde hace meses no sólo
no reciben asistencia, sino que además son atacados de forma
permanente mediante operaciones que buscan crear la idea de que no
existían.
Mientras el hambre y la pobreza crecen,
días atrás, el gobierno reconoció que tenía 5.000 toneladas de
comida en depósitos sin distribuir, a pesar del reclamo de las
organizaciones por falta de alimentos. Este lunes, el juez federal
Sebastián Casanello le dio tres días a la ministra de Capital
Humano, Sandra Pettovello, para que cumpla con un plan de entrega e
informe la cantidad de especie y alimentos hallados en los depósitos.
Miño lamentó que las políticas de
ajuste afecten a las familias que enfrentan una situación más que
dramática. “Faltan muchas obras, pero el hambre pone todo a un
costado. El deterioro que vemos en esos meses es fatal. Empezamos
hace unos años a trabajar con la esperanza de transformar los
barrios populares y ahora estamos discutiendo la comida. Es muy
triste”, lamentó.
