En medio del acopio por parte del Gobierno nacional de toneladas de alimentos destinadas a los comedores populares y después de que la Justicia le reclamara a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que especificara las acciones adoptadas por su cartera durante los últimos meses, el dirigente social Juan Grabois salió al cruce de las políticas de ajuste del Ejecutivo.
"Hay dos organizaciones internacionales que el Gobierno utiliza como intermediarias. Una se usaba hace mucho tiempo, que tiene prestigio, que es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y otra, que es la primera vez que la escucho, que se llama Organización de Estados Iberoamericanos. Esta última tiene un convenio por 14 mil millones de pesos (con el Estado), de los cuales se queda un 5% de comisión", explicó Grabois en la 750.
"Se espantaban de que (el dirigente del Polo Obrero, Eduardo) Belliboni hablaba de que la cuota sindical (era) del 2%, y aunque para mí es un tipo honesto y nunca compartí ni su método ni ideología, más escandaloso me parece que se lleven 700 millones de pesos cuando la gente está pasando hambre para hacer un trámite", agregó el referente de la UTEP.
En esa línea, el excandidato presidencial de Unión por la Patria le respondió al vocero presidencial, Manuel Adorni, quien, en línea con lo sostenido por el oficialismo en las últimas semanas, aseguró que la comida stockeada está guardada "para situaciones extraordinarias, como una catástrofe o inundación".
"El foco es que la gente no tiene para comer. El convenio dice taxativamente, y la información está presentada en la causa y subida al Boletín oficial, que la comida es para comedores y merenderos. No dice ni siquiera ‘población vulnerable’ en general. Por lo tanto, están mintiendo escandalosamente cuando dicen que esa comida es para catástrofes. Porque ya hubo varias catástrofes y solamente mandaron un poquito a Entre Ríos, y además existe otro mecanismo previsto para eso, que es una resolución que sigue vigente y que tiene aceitado el mecanismo de transferencia de emergencia a las provincias, para que las provincias compren lógicamente en los mayoristas de su localidad. Porque imaginate si hay una emergencia en Tierra del Fuego, ¿vas a mandar la comida desde un galpón en Villa Martelli, que tarda 36 horas en llegar? Es una ridiculez astronómica", enfatizó Grabois, en diálogo con Escuchá Página 12.
"Y después, el tercer argumento del sinvergüenza de (Manuel) Adorni es que mucho de lo que está ahí es mate. ¿Sabés la cantidad de litros de mate cocido que hemos hecho en el 2002 con los cartoneros, que te saca del frío? Esta gente no la ve, no la siente, no la tiene empatía. Te diría que más que insensibilidad e indiferencia es sadismo. Son verdugos, y los vamos a combatir", agregó.
El Gobierno y los convenios con los comedores
Además, Grabois explicó en detalle el funcionamiento del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), uno de los convenios a través de los cuales el Estado argentino gestiona el reparto de alimentos a los distintos comedores barriales y populares de todo el país.
"El PNUD puede funcionar de dos maneras", explicó el dirigente social. "La lógica sería que el Estado pudiera licitar alimentos, almacenarlos y distribuirlos, pero eso no sucede por una cantidad de razones que no son responsabilidad exclusiva de este Gobierno sino de formas vetustas de compras y contrataciones y de problemas logísticos propios de la falta de descentralización adecuada de la política pública. Entonces, lo que históricamente hizo el PNUD es recibir fondos del ministerio de Desarrollo Social o Capital Humano y conveniar con entidades de la sociedad civil para una compra de alimentos determinada que se tiene que rendir y que la audita el propio PNUD, y que funcionó desde la pandemia para acá", agregó.
"Todas las auditorías las hizo el PNUD y no hubo una sola denuncia de irregularidades. Los únicos comedores que realmente deberían ser auditados son los que recibieron alimentos ya sea vía PNUD o algún otro programa del Gobierno. No los del Renacom, que es una página que si vos entrás ahora, probá y gugleá, podés registrarte en la casa de Pettovello, lo puede hacer un troll o alguien en Japón, es decir es un registro de preinscripción que ellos utilizan de manera maliciosa y con una metodología ridícula para tirar esta cifra de 50% de comedores fantasmas, cuando los comedores que deberían ser la base para hacer el relevamiento —que está muy bien que lo hagan, aunque esa ya sea una de las facultades del PNUD— tienen que ser efectivamente los que recibieron alimentos y no los que figuran en una base de internet a los que se puede inscribir cualquiera", concluyó Grabois.
Pettovello, a la Justicia
En las últimas horas, el juez federal Sebastián Casanello ordenó al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, a que, dentro del plazo de las 72 horas, informe la cantidad de productos alimenticios que tiene stockeados y, de acuerdo a la fecha de vencimiento y tipo de producto, establezca "de inmediato" un plan de distribución, una decisión judicial que responde a un planteo formulado por el propio Grabois, y al que se adhirieron comedores populares que denuncian la falta de provisión de alimentos.
"(Sebastián) Casanello es un juez penal y (Sandra) Petovello está rindiendo cuentas personalmente por incumplimiento de deberes de funcionario, en los que estaría incurriendo por su inconducta. Y esto es la punta del iceberg. Están todos los convenios PNUD que suspendió de manera indiscriminada, salvo a una de las asociaciones evangélicas, ACIERA, y a Cáritas, al que se los tiene demorados, supongo por una suerte de castigo, porque hay curas que salieron a dar la cara y a decir la verdad", relató el dirigente social, quien desde los últimos meses enfrenta un hostigamiento mediático y judicial por parte del Gobierno.
"Lo cierto es que los convenios PNUD de las demás organizaciones que trabajan en los barrios están suspendidos desde diciembre. Por lo que aumentó al 15% la indigencia, es decir se duplicó, y en vez de haber medidas compensatorias para mitigar el desastre macroeconómico, lo que hay es un recorte lamentable y de mala leche, porque no es un monto significativo desde el punto de vista presupuestario. Desde luego que eso configura un delito por incumplimiento de funcionario, porque el ministerio de Capital Humano tiene como una de sus funciones garantizar el derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria de la población, y está haciendo todo lo contrario", agregó uno de los referentes del Frente Patria Grande.
