De acuerdo al último informe del Índice de Transparencia Activa, publicado en abril pasado y correspondiente al período 2022/2023 por la Agencia de Acceso a la Información (AAIP), tres de las cinco universidades mejor rankeadas, y siete de las diez más destacadas, son bonaerenses.
El apartado sobre universidades del mencionado informe es encabezado por la Universidad Nacional de Lanús (UNLa), seguida por la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y la de Buenos Aires (UBA).
El listado de las cinco primeras lo completan la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) y de La Plata (UNLP). Unos puntos más abajo se encuentran las universidades nacionales de San Martín (UNSAM), Quilmes (UNQUI) y del Sur (UNS), con sede en Bahía Blanca.
El informe es elaborado por la Agencia de Acceso a la Información Pública, un ente autárquico que funciona dentro de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, con el objetivo de dar cumplimiento a la Ley 27.275, conocida como “ley de acceso a la información pública”.
La confección del índice se basa, en términos metodológicos, en tres criterios generales. Estos son la completitud (si la información está publicada y la publicación es exhaustiva), la actualización (si es reciente, si se actualiza periódicamente y con qué frecuencia) y, por último, la disponibilidad (si la ruta de acceso es accesible para la ciudadanía y el público en general, y si se encuentra reunida y sistematizada).
Está, a su vez, estructurado en cuatro categorías distintas: organismos centralizados (que incluye básicamente ministerios y secretarías), descentralizados (como ANMAT, INCAA, INDEC, APN, entre otros), empresas públicas y, por último, universidades.
El índice es el resultado de la ponderación de variables tales como misión y/u objetivos, servicios y trámites con requisitos o procedimientos, autoridades y sus designaciones, planilla de personal y organigrama, declaraciones juradas, escalas salariales, presupuesto, transferencias, compras y contrataciones, informes de auditoría y evaluaciones, solicitudes de información recibidas y atendidas, datos del área encargada y del responsable de políticas de transparencia.
El dato viene a desmentir las sospechas de corrupción e ineficiencia en la gestión presupuestaria que el gobierno nacional intentó instalar desde el inicio del conflicto por la actualización de las partidas destinadas a gastos para las sesenta universidades nacionales desplegadas en toda la geografía argentina.
En simultáneo, las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), entidad que reúne a todos los rectores, tenían agendada para la tarde del lunes una reunión con la ministra Sandra Pettovello, con la expectativa de resolver el aumento tan demorado, para cubrir los gastos operativos.
La ministra, junto al secretario de Educación, Carlos Torrendel, ofreció un aumento de 270 por ciento sobre el presupuesto vigente y la conformación de una comisión para elaborar el de 2025. También se discutió la cuestión de la transparencia en el gasto y la rendición de cuentas. Ahora aguardan la respuesta de los rectores.
La transparencia activa, la publicación de datos abiertos y el acceso libre a la información, son considerados por la ciencia política actual como la mejor herramienta para evitar tanto la discrecionalidad o arbitrariedad en el uso de los fondos públicos como su malversación.
El recurso discursivo de la gestión libertaria es similar al empleado en los últimos meses para no entregar medicación costosa a pacientes oncológicos y con otras dolencias graves, a pesar de que las denuncias oficiales fueron recientemente desestimadas por el juez federal Julián Ercolini por falta de pruebas.
La misma justificación, el supuesto “curro” de los “comedores fantasmas”, se utilizó en los últimos días para explicar la existencia de cinco millones de toneladas de alimentos almacenados en depósitos del ministerio de Capital Humano, que comanda Pettovello, próximos a vencerse.
Una denuncia judicial de Juan Grabois hizo que el juez Sebastián Casanello ordenara al gobierno un plan de distribución inmediata. El Gobierno nacional apeló.
Convenio con la gestión anterior
El 10 de octubre de 2023 el CIN firmó un convenio de cooperación técnica con la AAIP para trabajar conjuntamente en el cumplimiento de la Ley 27.275.
Ese mismo día se desarrolló una jornada con los equipos técnicos de las universidades en donde se presentaron algunas experiencias universitarias en materia de transparencia. En ese marco, la UNLa presentó su portal de “Planificación, evaluación y transparencia”.
“Fue diseñado como una herramienta que proporciona información y recursos a la comunidad educativa para conocer, analizar y reflexionar sobre la misión, los valores y los objetivos institucionales”, describe Matías Mattalini, director de Planificación y Evaluación de la Gestión de UNLa. “Asimismo, se convierte en un instrumento para revisar e implementar estrategias efectivas en la gestión de la universidad”, finaliza el directivo.
De acuerdo a esta medición, la UNLa lidera el ranking de transparencia entre las 55 universidades nacionales públicas con un puntaje de 61/100, seguida por las de Entre Ríos (60/100), UBA (59/100), Mar del Plata (58/100), La Plata (55/100), San Martín (53/100), Quilmes (52/100), La Pampa (49/100), Litoral (46/100) y del Sur (42/100).
“La transparencia activa implica la obligación, por parte de las organizaciones que reciben fondos del Estado, de poner a disposición de la ciudadanía información pública de manera periódica y en formatos accesibles. De esta manera, se promueve la transparencia en la toma de decisiones y en la implementación de políticas públicas, así como la participación ciudadana y el ejercicio de derechos”, explica el sitio www.argentina.gob.ar.
