Históricamente se ha concebido a la política como un conjunto de relaciones consensuales o conflictivas en la construcción, conservación y lucha por el poder. Sin embargo, descontando la tendencia a la reproducción insaciable de toda relación de poder, se soslaya y poco se habla de la política como práctica de control de las instituciones estatales para la acumulación de capital por la vía del saqueo legal e ilegal de los recursos públicos.

El Estado es concebido como una maquinaria quirúrgicamente dispuesta para una serie de asociaciones, encadenamientos, juntanzas y prácticas legales, subterfugias e ilegales para el saqueo, la corrupción, el nepotismo, el clientelismo, los peculados, en general todo un entramado organizado que apalanca los pequeños emprendimientos de funcionarios, los negocios de las fuerzas políticas con representación en los gobiernos y los clanes empresariales asociados a familias y sectores hegemónicos del establecimiento.

Así las cosas, el discurrir del régimen político en Colombia, se entrecruza cual orden mafioso, entre la paradoja del reconocimiento mutuo y tolerado del saqueo permanente del erario público para el sostenimiento económico, político y electoral de clanes y familias, y la persecución mediática, política y judicial de aquellas fuerzas avariciosas que pretendan alterar el orden democrático sobrepasando las “justas proporciones” que hicieron celebre al Turbayismo. Es decir, la pugna y el debate político se circunscribe a quién ha robado más, quién es menos ladrón, qué fuerza se encuentra mayormente involucrada en actos de corrupción. Toda una cleptocracia.

Para el caso de Colombia, el panorama de casos de corrupción actual evidencia que está práctica es estructural y estructurante de las sociedades democráticas. A mediados de 2023, el Secretario de Transparencia de la República presentó el mapa de la impunidad en el país que analizó trece años de delitos para hacer un resumen de la actuación de la justicia frente a los delitos contra la administración pública. El informe consolidó las denuncias asociadas a la corrupción y determinó que, entre 2010 y 2023:

  • Se hicieron 57.582 denuncias referentes a hechos de corrupción.
  • El 93.99% de estas denuncias no tienen condena.
  • El 89.7% de las que tienen condena, no tienen captura.
  • El 77.15% están en indagación.

Los actores políticos buscan apalancar sus intereses a partir del tesoro público, toda una cadena de reproducción de valor donde la ciudadanía vende su voto, los empresarios financian campañas políticas para capturar presupuestos públicos, el legislador legisla en el marco de los intereses del capital que le financia sus campañas y sus vidas, los mandatarios se vuelven socios y participan de las ganancias de los contratos que firman, los jueces enajenan sus fallos, los fiscales alquilan sus investigaciones y acusaciones, los funcionarios mercantilizan el servicio público, los comunicadores distorsionan la realidad en favor de proyectos políticos y emergen como empresas de publicidad, la autoridad electoral reconfigura guarismos electorales, el votante se transforma en cliente de algoritmos prefabricados y los cuerpos policiales vigilan la caricatura a mano alzada de nuestra democracia vernácula.

Es el negocio socio.

*Doctor en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. Editor General de Diáspora.

Publicado originalmente en www.diaspora.com.co