La Cámara de Apelaciones porteña ratificó el fallo de primera instancia que ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) completar el catálogo de inmuebles construidos antes del año 1942 para garantizar su protección patrimonial. Se trata de un listado previsto por ley pero que nunca se terminó de elaborar, incumplimiento que deja un vacío legal para el avance de las demoliciones en esos edificios, que se calculan en más de 140 mil.
Mientras no complete el catálogo, el GCBA no podrá autorizar demoliciones de esos inmuebles, a menos que el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP) lo habilite particularmente.
El fallo lleva la firma de los jueces Pablo Mántaras, Carlos Balbín y Fabiana Schafrik de la Sala N°1 de la Cámara, que rechazaron la apelación presentada por el GCBA tras el fallo original de abril del año pasado, emitido por el juez de primera instancia Aurelio Luis Ammirato.
"Se vencieron los plazos"
Ahora, los camaristas sostuvieron que "se vencieron" los plazos establecidos por ley para llevar a cabo la catalogación de los inmuebles y que el GCBA "no había acabado el relevamiento" en los 15 años que transcurrieron desde la aprobación de la norma. "Es dable afirmar que el Gobierno incurrió en una omisión ilegítima en el cumplimiento de sus funciones de resguardo respecto de tales bienes", escribieron los jueces.
La Ley N°3.056 fue aprobada por la Legislatura porteña en 2009 para modificar el procedimiento de Promoción Especial de Protección Patrimonial (PEPP) creado por otra ley de 2007. La norma establece que el PEPP tiene que incluir a los edificios públicos o privados construidos antes del 31 de diciembre de 1941, que deben surgir de un relevamiento instrumentado por el propio GCBA. A partir de ese relevamiento, le corresponde al CAAP evaluar si deben ser protegidos o no.
Desde entonces, sin embargo, sólo se realizó un relevamiento mediante un acuerdo con la Facultad de Arquitectura de la UBA, que encontró un universo de alrededor de 141 mil edificios previos a 1942. En el fallo, los jueces indican que en el Listado de Inmuebles Catalogados por el Código Urbanístico se hallan incluidos sólo 5800 de ese total. "Esa cifra y el silencio del Gobierno acerca de la existencia de un catálogo completo de bienes sujetos a protección patrimonial constituyen la prueba suficiente y que permite tener por configurada la omisión en el cumplimiento de sus deberes constitucionales respecto del resguardo del patrimonio histórico, arquitectónico y cultural local", sentenciaron los jueces.
"Culminar la evaluación"
Así dejaron firme lo que ya había ordenado el juez Ammirato en su fallo inicial: completar el catálogo definitivo con la totalidad de los inmuebles, culminar la evaluación del valor patrimonial a través del CAAP e implementar la protección adecuada y oportuna de los inmuebles resultantes. En el medio, determinaron los jueces, el GCBA deberá "abstenerse de autorizar demoliciones, reformas, ampliaciones y/o nuevas construcciones" en los inmuebles en cuestión. Sólo estarán autorizados esos procedimientos en caso de habilitación "expresa e individualizada" del CAAP. Para los camaristas, existe una "amenaza cierta y concreta" de que los inmuebles en cuestión "pudieran verse violentados".
Los fallos responden a una causa iniciada ante el incumplimiento del GCBA por organizaciones de la sociedad civil, como el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), Basta de Demoler (BdD), la Fundación Ciudad y SOS Caballito, que ahora celebraron la confirmación de Cámara como una nueva "victoria judicial". "La sentencia judicial reconoce la necesidad de proteger el patrimonio de la ciudad y que este no quede sujeto en un limbo indefinidamente, sino que se transforme en una política de estado prioritaria y con apertura democrática", sostuvo Jonatan Baldiviezo, abogado del ODC.
Los intereses inmobiliarios
Para Baldiviezo, el GCBA posterga la catalogación "porque prefiere ir realizando evaluaciones a medida que se van solicitando los permisos de demolición y con procedimientos pocos transparentes sujeta los análisis a los intereses inmobiliarios". Las organizaciones ya venían cuestionando el modo en que se otorgan los permisos para demoliciones y obras en el marco de un "limbo legal" en el que los destinos de los inmuebles terminan siendo decididos de forma particular y no catalogada.
"La falta de criterio del CAAP y la flexibilización de la protección legal por parte de la Dirección General de Interpretación Urbana (DGIUR) está diluyendo las políticas de protección y gestión del patrimonio arquitectónico porteño" advierten, por ejemplo, desde BdD que reclama "que se realice una auditoría al CAAP y a la DGIUR ya que, a pesar de las irregularidades documentadas por los vecinos, ONG y los fallos de la Justicia, vemos con alarma la discrecionalidad y falta de transparencia con la que se está modificando la escala e identidad de Buenos Aires para siempre".
