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Desde Lima
La presidenta Dina Boluarte está cada vez más acorralada por denuncias de corrupción. El fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, ha presentado una acusación constitucional contra la mandataria por el caso Rolexgate. La acusa del delito de cohecho pasivo impropio, es decir recibir sobornos. La denuncia fiscal señala que Boluarte recibió tres relojes Rolex, una pulsera de brillantes y un par de aretes de oro y diamantes del gobernador de la región Ayacucho, Wilfredo Oscorima, y a cambio el Ejecutivo le otorgó millonarias ampliaciones presupuestales a la gestión de Oscorima. Boluarte recibe esta acusación fiscal cuando su descrédito ha escalado hasta reducir el respaldo que tiene a solamente cinco por ciento, según una reciente encuesta.
Joyas por obras
El escándalo del “Rolexgate” estalló en marzo pasado. Boluarte ha dicho que esos relojes y joyas que usaba no eran suyos, que se los dio su amigo el gobernador Oscorima como un préstamo, y que el único interés del gobernador al entregarle esas costosas joyas era “que su amiga Dina se vea bien, con relojes bonitos”. No convenció a nadie. La investigación fiscal ha determinado que los Rolex y joyas de Boluarte fueron comprados por el gobernador Oscorima y regalados a la presidenta, entregas que coinciden con normas del Ejecutivo para transferirle ampliaciones presupuestales al gobierno regional de Ayacucho que suman 194.8 millones de soles (52.5 millones de dólares). Oscorima está investigado por la Fiscalía por este caso y por corrupción en la adjudicación de obras públicas.
Sin respuestas a los cargos de corrupción que comprometen a la presidenta, el Ejecutivo apuesta a la victimización y a descreditar a la Fiscalía. Los fiscales que investigan la corrupción gubernamental, los legisladores de oposición que respaldan ese trabajo de los fiscales y los periodistas que no repiten la absurda versión oficial del préstamo y publican revelaciones sobre el “Rolexgate” y otros casos de corrupción que comprometen a Boluarte y su entorno más cercano, son acusados por el gobierno de “golpistas”. En esa línea de ataque y victimización, el primer ministro, Gustavo Adrianzén, ha hablado de “persecución política” contra la presidenta “con base en la Fiscalía”.
El Congreso, donde la derecha y extrema derecha que apoyan a Boluarte son mayoría, deberá decidir si esta denuncia fiscal procede. Se considera poco probable que avance. Esa mayoría parlamentaria y un artículo constitucional que no contempla el delito de corrupción entre aquellos por los que un jefe de Estado puede ser acusado durante el ejercicio de su cargo, juegan a favor de Boluarte. Ese artículo de la cuestionada Constitución heredada de la dictadura fujimorista -colocado para proteger a Alberto Fujimori, que luego de su caída fue sentenciado por varios cargos de corrupción- sería un salvavidas para que Boluarte no se termine de hundir con esta acusación fiscal. La Constitución señala que se puede acusar al presidente durante el ejercicio de su cargo solamente por traición, cerrar ilegalmente del Congreso, impedir las elecciones o amañar el funcionamiento de los organismos electorales. A ese artículo de la Constitución se aferra el oficialismo para bloquear la acusación fiscal por corrupción.
Doble rasero
Por ese artículo constitucional, esta acusación fiscal podría quedar encarpetada y reactivarse cuando Boluarte deje el cargo. Sin embargo, cuando en 2022 la Fiscalía presentó una acusación constitucional por cargos de corrupción contra el entonces presidente Pedro Castillo, la derecha parlamentaria se mostró favorable a tramitar esa denuncia a pesar del mencionado artículo constitucional. En medio de ese debate, la mayoría parlamentaria pretendió resolver la controversia promoviendo la vacancia presidencial por incapacidad moral tomando los argumentos de las acusación fiscal. Pero Castillo fue destituido cuando el tema no había sido resuelto, luego de su frustrado intento de cerrar el Congreso, y esa acusación fiscal terminó siendo tramitada cuando ya había dejado la presidencia. Ahora esa mayoría parlamentaria apoya a Boluarte. Una mayoría que ya ha rechazado los pedidos de destitución de la presidenta por incapacidad moral.
El gobierno pretende no solamente bloquear la acusación constitucional por esa razón, sino también anular las investigaciones fiscales a Boluarte. Argumenta que un presidente en ejercicio no solamente no puede ser acusado, sino tampoco investigado durante su mandato, y ha presentado una demanda ante el Tribunal Constitucional (TC) para que se anulen las investigaciones fiscales a Boluarte. Pero en el caso Castillo, la Fiscalía interpretó que no poder ser acusado no significa que un presidente no pueda ser investigado. Una interpretación ampliamente respaldada en ese momento, incluso por quienes ahora que la acusada es Boluarte dicen que tampoco se la puede investigar. Una notoria voz que revela el cambio de postura en este asunto según quien sea el investigado, es la del primer ministro Gustavo Adrianzén. “De ninguna manera la investigación fiscal al presidente está prohibida”, sostenía Adrianzén, muy convencido, cuando Castillo era presidente. Ahora dice exactamente lo contrario y pretende que el TC declare ilegal la investigación fiscal a Boluarte.
Otras acusaciones
El Rolexgate no es el único caso de corrupción que tiene a Boluarte contra las cuerdas. La Fiscalía también la investiga por enriquecimiento ilícito por un desbalance patrimonial de más de 400 mil dólares, y por sus acciones para intentar bloquear las investigaciones fiscales contra ella y su hermano Nicanor, ofreciendo, a través de su abogado, ascensos a oficiales de la policía encargados de las investigaciones y después desactivando el equipo policial que apoyaba a la Fiscalía en esas investigaciones. Por la desactivación de este equipo policial, Boluarte fue interrogada por la Fiscalía este martes. A estos casos de corrupción se suma la acusación contra la presidenta por la muerte de 49 personas por disparos de las fuerzas de seguridad durante las protestas antigubernamentales de fines de 2022 e inicios de 2023. Boluarte aplaudió y alentó públicamente esa brutal represión.
El entorno íntimo de Boluarte también enfrenta denuncias por corrupción. Su hermano Nicanor, y quien hasta hace unos días fue abogado de la presidenta, Mateo Castañeda, son investigados por la Fiscalía por integrar una supuesta organización criminal que negociaba nombramientos en el sector público y contratos con el Estado, y maniobraba para obstruir las investigaciones fiscales. Castañeda renunció recientemente a la defensa legal de Boluarte.
La mandataria podría evitar la nueva acusación fiscal mientras sea presidenta, pero su destino inevitable cuando deje la presidencia parece ser el mismo de los últimos presidentes peruanos: los tribunales de justicia y la cárcel.
