En un fallo de apenas tres páginas, la Corte Suprema de Justicia revisó el sobreseimiento de los dueños del Grupo Indalo, pero no le dio una vuelta al expediente: en concreto, le ordenó a la Cámara de Casación que conteste los cuestionamientos que hizo el procurador, o sea el fiscal del caso. Había un segundo pedido de la acusación: que vuelvan a imponer los embargos y otras medidas cautelares a las empresas de Fabián de Sousa y Cristóbal López, pero a eso la Corte Suprema le dijo que no. De manera que la causa volverá a los jueces de Casación, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, que tendrán que fundamentar otra vez la decisión de sobreseer a los dueños de Indalo-Oil Combustibles.
Tras un largo juicio, los magistrados del Tribunal Oral Federal 3, Javier Ríos y Fernando Machado Pelloni absolvieron a los titulares de Oil en relación con el pago de impuestos relacionados con combustibles. En minoría se opuso el tercer juez, Andrés Basso. Oil-Indalo se habían acogido a distintos planes de pago y durante el proceso exhibieron largas evidencias de la forma en que la AFIP, con un grupo de tareas, había armado una trama de persecución, en esencia por la postura de sus medios, C5N y Radio 10. El canal y la radio no fueron dóciles con el gobierno de Mauricio Macri, que entonces enfiló los cañones contra sus dueños.
El fiscal de Cámara, Mario Villar, apeló la absolución ante la Casación, que ratificó el fallo absolutorio del tribunal oral. Aun así, el aparato macrista de Comodoro Py no dio el brazo a torcer: a través de un dictamen, el procurador interino Eduardo Casal insistió ante la Corte.
El máximo tribunal le dio un tratamiento asombroso al caso. Sin que el expediente hubiera sido tratado, como siempre ocurre, por cada uno de los supremos, se firmó la breve resolución de tres páginas. “Asiste razón al recurrente (el procurador) en cuanto alega que el fallo apelado dio un tratamiento aparente a los agravios que oportunamente planteara contra la absolución”, es la frase neurálgica. O sea --dicen los supremos-- no se dio una respuesta precisa, real, sino dogmática y parcial, a lo que señaló el fiscal. De manera que les ordena a los jueces de Casación que mejoren y precisen los fundamentos del fallo por el cual dictaron la absolución.
La otra intentona de Villar-Casal fue que se le vuelvan a imponer los embargos y las limitaciones a De Sousa-López, como durante el larguísimo proceso. La Corte rechazó esa pretensión. Y ahora el expediente volverá a Casación, tal vez a un nuevo y largo proceso.