"Nada, nada, no tuvimos respuesta alguna." El intendente del municipio correntino de Paso de Los Libres, Martín Ascúa, desarmó el argumento del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, respecto de que las 5 mil toneladas de alimentos guardado en galpones no fueron repartidos a los comedores por estar destinados a "catástrofes o emergencias". Ascúa documentó que solicitó ayuda a la cartera nacional por las inundaciones que sufrió la ciudad correntino sin ninguna respuesta por parte del gobierno nacional.
"Recién está empezando a bajar el río y la gente está volviendo a sus hogares. Son 200 familias que se retiraron de sus viviendas y tuvieron que evacuarse en casas de familiares o en el centro de evacuados", describió la situación de "catástrofe o emergencia" que se vive en la ciudad correntina por la crecida del Río Uruguay, como consecuencia de las inundaciones cauce arriba en Río Grande do Sul, Brasil.
"Al contrario de lo que pasaba el año pasado, cuando desde el Ministerio de Desarrollo Social podías tramitar alimentos o subsidios, en este caso, nada", lamentó Ascúa, en diálogo con radio El Destape, y agregó que no tuvieron ni una llamado telefónico desde que se conoció la situación que se vivía en la ciudad, ni por parte de Pettovello ni por parte del gobernador radical Gustavo Valdés.
La desmentida sobre el argumento oficial tiene documentación. Ascúa presentó el 17 de mayo ante el Ministerio de Capital Humano una solicitud de "ayuda y asistencia a más de 200 familias de nuestra localidad que hoy han sido desplazadas de sus hogares debidos a las inundaciones", se lee en el documento firmado de puño y letra por el intendente. "En este momento la ciudad atraviesa una situación de emergencia social, económica y sanitaria a raíz del aumento del nivel del Río Uruguay", explicaba el intendente a las autoridades.
Desde el gobierno nacional el argumento para negar el reparto de alimentos acumulados en los galpones de Villa Martelli, Buenos Aires; y Tafí del Valle, Tucumán; como parte de una "política pública" frente a "emergencias o catástrofes" apareció recién este fin de semana en boca del secretario de Niñez y Familia, Pablo de la Torre, tras la aparición de la denuncia el jueves pasado; impulsada por el dirigente social Juan Grabois.
El argumento de De la Torre fue utilizado también por el vocero presidencial, Manuel Adorni, para responder a la decisión del juez federal Sebastián Casanello de ordenar a Capital Humano que informe el stock de alimentos, sus fechas de vencimiento y el establecimiento de un plan de distribución en los comedores. Adorni desestimó el pedido del Poder Judicial y anticipó que sería apelado porque "esto no es una cuestión de índole judicial, sino una definición de política pública".
La denuncia del intendente de Paso de los Libres, quien había advertido de la falta de asistencia públicamente en una entrevista televisiva, dejó al descubierto el argumento oficial.
El propio Grabois, quien presentó el plante judicial ante Casanello, había denunciado también la falsedad del argumento oficial. "El programa para atender las catástrofes ya existe, se denomina “PROGRAMA DE ASISTENCIA POR SITUACIONES DE EMERGENCIAS CLIMÁTICAS Y CATÁSTROFES NATURALES O ACCIDENTALES” y está reglado por la Resolución 485/2016", publicó en sus redes sociales y sentenció: "La mercadería acaparada en los galpones de Villa Martelli y Tafí Viejo están exclusivamente destinadas a atender a población vulnerable en comedores y merenderos comunitarios de la sociedad civil".
