En el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans y no binaries, integrantes de la Campaña Regional Salta por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y la Asamblea Lesbotransfeminista de Salta se manifestaron frente a la Legislatura provincial. La convocatoria fue en reclamo de una política de salud integral e intercultural, más urgente ante la falta de inversión del gobierno nacional en el sistema público de salud, lo que pone en duda la garantía de derechos consagrados en el país. 

Los colectivos feministas reafirmaron el compromiso de defender los derechos conquistados y afirmaron que irán por los que aún faltan. En ese sentido, denunciaron el incumplimiento de la ley nacional 27.610, de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que establece la obligatoriedad de brindar cobertura integral y gratuita. Aseguraron que la falta de garantía de cumplimiento de la ley se traduce "en que cada vez existen menos recursos para los municipios, desde humanos hasta económicos".

La médica de familia Macarena Villena, integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, dijo a Salta/12 que si bien se logró la sanción en 2020 y la puesta en marcha de la ley IVE, "todavía la implementación no está dada al 100%". A modo de ejemplo, contó que siguen los cuestionamientos cuando una persona pide por una interrupción. "Nos sigue costando acceder a todo lo que tenga que ver con nuestra salud", manifestó.

A ello sumó su preocupación por el funcionamiento del sistema público de salud. Detalló que los insumos de los que disponen ahora se deben a "compras que se realizaron con el gobierno anterior, en diciembre, antes de que asumiera el gobierno actual". Ni Nación ni Provincia compraron nuevos insumos. Villena insistió en que están llevando a cabo su práctica con lo que el gobierno de Alberto Fernández adquirió. "No sabemos hasta cuándo, no sabemos si se efectuará alguna compra o no", alertó.

La médica Macarena Villena en el micrófono.

Villena contó que recientemente, en una capacitación, una autoridad sanitaria de la provincia les informó que "todavía no se han hecho compras de preservativos", exponiendo una situación de gravedad para la población salteña, ya que "no solo tiene que con evitar un embarazo sino con evitar contagios de enfermedades de transmisión sexual". La médica dijo que el impacto de estos faltantes se tendrá dentro de dos años.

En tanto, la referenta de la Campaña Regional Salta por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Inu Yaku Veleizan, dijo que la manifestación en las puertas de la Legislatura provincial también se hizo en repudio a la política de odio, de despido y de ajuste que lleva adelante el gobierno de La Libertad Avanza. "Más que nunca es necesario concentrarnos y salir a movilizar, porque esto afecta sobre todo a las mujeres, a las disidencias sexuales, como lesbianas, identidades trans, maricas. También a las vejeces", expresó.

Asimismo, denunció que cada vez son más las situaciones de violencia obstétrica en los organismos de salud públicos, que afectan principalmente a mujeres originarias en el norte provincial. Por ello, insistió en la urgencia de un ejercicio de salud integral e intercultural que sea aplicable en todo el territorio salteño. 

A pesar de encontrarse en un estado preocupación por las medidas de la Nación, desde la Campaña aseguraron que "también venimos a defender lo que hemos ganado", como el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Veleizan también sostuvo que la importancia de la jornada de ayer se debe al pedido de justicia por el lesbicidio de Andrea, Pamela y Roxana, cometido en Barracas. "Tres compañeras fueron asesinadas. Una sobrevivió y sigue internada. Por eso: decimos basta de los discursos de odio y basta de las políticas de odio", sostuvo. 

Acceso a la salud y trato digno 

Por su parte, la referenta de la organización Mujeres Trans Argentina (MTA), María Pía Ceballos, denunció que la salud de las mujeres y varones trans está siendo amenazada por las posiciones y medidas políticas del gobierno nacional. En ese sentido, señaló la falta de tratamientos hormonales, incumpliendo el artículo 11 de la ley 26.743, de identidad de género, que otorga la cobertura de un servicio de salud integral a las personas trans. 

La activista contó que el proceso de los tratamientos hormonales en la provincia ya se venía respondiendo lentamente, a pesar de que la ley 26.743 ya lleva más de 12 años de vigencia. Sostuvo que esta lentitud se debe principalmente a la existencia de pocos efectores de salud frente a la demanda. "Generalmente se dio respuesta en las ciudades urbanas, no así en las ciudades más lejanas a la Salta Capital", remarcó, dejando en evidencia la disparidad en el ejercicio del derecho en la provincia.

En la capital salteña se encuentra el Centro de Salud N° 63, donde hay una endocrinóloga y aún se hacen algunos tratamientos hormonales. "Sabemos que hay faltantes, y también está en el hospital público Oñativia, pero esto no sucede de la misma manera en Orán, Tartagal, Rosario de la Frontera, sólo por nombrar algunas de las ciudades más grandes de la provincia. Eso nos lleva a mostrar que en el resto de los municipios (la provincia tiene 60) tampoco hay acceso a la salud integral para las personas trans", insistió Ceballos. 

En ese marco también expuso sobre las dificultades a las que se enfrentan las personas trans cuando usan el sistema público de salud. "Cuando vamos a especialistas, como un ginecólogo o un urólogo, inmediatamente se presupone nuestra identidad o nuestra orientación sexual, y muchas veces no accedemos por las situaciones de discriminación que hay en esos espacios, directamente nos aguantamos hasta el momento de la emergencia", describió.

Estos actos de discriminación van en contra de lo dispuesto en el artículo 12 de la ley de identidad de género, que habla del trato digno. "Deberá respetarse la identidad de género adoptada por las personas, en especial por niñas, niños y adolescentes, que utilicen un nombre de pila distinto al consignado en su documento nacional de identidad", manda esta ley.

"Necesitamos que el día de hoy, a nivel internacional, nos unamos con todas las mujeres y disidencias para gritar por los derechos de la salud integral para todas, todos y todes", manifestó Ceballos a Salta/12.

Ceballos no sólo bregó por el cumplimiento efectivo de las legislaciones de vanguardia que tiene el país, también destacó la importancia de una política pública que permita que "los efectores de salud se formen no solo en los derechos de las personas trans, sino en un tratamiento y en un abordaje integral". 

La referenta de MTA contó que el colectivo tuvo que presentar denuncias formales ante el sistema de salud público, la mayoría tenían que ver con situaciones de no atención porque "presuponen que somos personas con VIH". "Son prejuicios que sobrecargan hoy los médicos y los efectores de salud", cuestionó, asegurando que "para cambiar ese paradigma necesitamos que se tenga en consideración la ley de salud mental que hay en Argentina, la ley de salud sexual y procreación responsable, la ley de identidad y género". 

También agregó: "nuestras leyes justamente llevan a considerar a las personas trans y a las disidencias como sujetas de derechos y merecedoras de todo el respeto, sea desde el inicio del diagnóstico, de la apertura a una consulta médica, los tratamientos y hasta los últimos resultados en caso de intervenciones quirúrgicas".

Al límite de la salud mental 

La médica Macarena Villena también puso el foco en las situaciones de violencia de género a la que son permanentemente sometidas las mujeres y personas LGBT+, y que "también llevan al límite la salud". "Cuando una persona que materna sola tiene que ir a pelear por una cuota alimentaria o por una tenencia de los hijos, eso se lleva puesta nuestra salud mental", insistió la profesional de la salud. 

En el octavo informe anual del Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM), presentado en 2023, se recolectaron las denuncias ante la Oficina de Violencia Familiar y de Género de la Corte de Justicia (OVFyG). Sobre el tipo de demanda recibida: el 78% refiere a situaciones de violencia familiar y de género. De ese porcentaje, la violencia psicológica es de manera persistente el tipo más frecuentemente denunciado y representa entre el 54% (en 2020) y el 63% (en 2022) del total de las denuncias cursadas en el ámbito judicial.

En segundo lugar se ubica la violencia física. "En términos generales, si se suman, las denuncias por violencia psicológica y por violencia física conforman la abrumadora mayoría. En efecto, representan entre el 83% (en 2020) y el 90% (en 2022) del total de denuncias cursadas en la OVFyG", subrayó el Observatorio.