Desde París
Los fugitivos del independentismo catalán no corren muchos riesgos: eligieron Bélgica con un acabado conocimiento tanto del derecho europeo y belga como de las propias fracturas independentistas que atraviesan al país y a la coalición gobernante. En términos fuertes, el destino de Carles Puigdemont y de sus cuatro ex ministros parece condenado. Los cinco se desentenderían de la decisión que adopte Bélgica a partir del Mandato de Arresto activado por la jueza española Carmen Lamela. La realidad es menos dramática, aunque sirva perfectamente los intereses y las narrativas de estos responsables políticos cuyo oportunismo, deslealtad, hipocresía y su arte de la mentira y la manipulación global tienen poco precedentes europeos modernos (el papá de ellos gobierna hoy Estados Unidos). De hecho, todo se basa en la interpretación que se le dé al famoso “Mandato de arresto europeo” (MAE) mediante el cual se solicita el arresto y la entrega de los fugitivos. Como el mandato de arresto no es automático, la justicia belga tiene un plazo de dos meses para decidir. Entre tanto, puede optar por un arresto preventivo o por la libertad. La pregunta central “¿serán o no extraditados?” es prácticamente un cuento que los solicitados por Madrid usarán en beneficio propio: es poco, muy poco probable que Bélgica los extradite.
El perfil político de la acusación contra los independentistas catalanes, el peso de las condenas que podrían recaer sobre ellos en España y el contenido especifico del acuerdo europeo (MAE) constituyen elementos capaces de disuadir a los jueces belgas de aplicar la extradición. Carles Puigdemont eligió en Bélgica una escena perfecta desde la cual dirigir su Opera. Los independentistas catalanes se entregaron ayer y un juez decidió dejarlos en libertad condicional mientras se tramita la orden europea. Cada paso que dan demuestra que con ellos la improvisación está excluida. Son tan astutos que incluso han elegido que la audiencia con el juez sea en neerlandés. Con ello tocan la sensible tecla del independentismo flamenco y, por supuesto, acarician el corazón de los jueces para suscitar simpatías.
El principio del Mandato de Arresto Europeo (MAE) adoptado en 2014 es categórico: el MAE parte de la idea según la cual entre democracias que pertenecen al mismo conjunto democrático -en este caso la Unión Europea-la entrega de personas buscadas o condenadas debe ser prácticamente automática. Dado que los sistemas judiciales de los 28 países miembros de la UE cuentan con el mismo nivel de garantías, la aplicación del Mandato de Arresto Europeo no pasa por ningún eslabón político. Esta es la versión ideal cuyo estricto respeto habría conducido a Puigdemont y sus cuatro ex ministros camino a España. La realidad es, sin embargo, más intrincada y, seguramente, los fugitivos apostaron por ella. Como entre los 28 el derecho no está plenamente armonizado, los procedimientos penales no son similares y, además, las tradiciones judiciales responden a estructuras muy diversas, se decidió que la validación del Mandato dependiera de un juez. Entre otras cosas, hace falta que el juez verifique que el delito o el crimen cometido existe en los dos países. El MAE sólo es vigente si existe la llamada “doble incriminación”, pero únicamente en el caso de 32 crímenes graves que van desde el cibercrimen, el trafico de droga o de armas. Ahora bien, a Puigdemont y sus ex ministros se los acusa de “rebelión, sedición, malversación de fondos (organización de un referendo ilegal con fondos públicos), desobediencia a la autoridad y prevaricación”. El cargo de “malversación de fondos”está presente en las legislaciones de Bélgica y España, pero la “sedición”, “rebelión”, desobediencia a la autoridad y prevaricación “no existen en el derecho belga tal y como están planteados en España en la acusación contra los líderes catalanes. Esto significa que ante la ausencia de una “doble incriminación” probada en los dos derechos respectivos la justicia belga difícilmente entregue a Puigdemont y a los otros cuatro. Sí podría hacerlo por malversación de fondos, figura que sí existe en el derecho belga, pero, en ese caso, si los entregan por ese cargo España sólo podría juzgarlos por el tema de la malversación y no por sedición o rebelión. Y siempre y cuando el derecho español ofrezca las mismas garantías que el belga.
Los independentistas tienen unos cuantos argumentos más para trabar su supuesta vuelta a España forzada. El Mandato de Arresto Europeo les ofrece un amparo ideal: además de la muy probable libertad, los deja moverse en un escenario desde el cual podrán hacer campana y dilapidar la verdad en beneficio de su causa. Ya hay un presidente de la “posverdad” (Donald Trump) ahora, con estos 5 fugitivos y su “gobierno en el exilio”, apareció el primer grupo de exiliados de la posverdad. El líder catalán tendrá seguramente las manos libres para hacer campana con vistas a las elecciones del 21 de diciembre. Estará a unos 1.700 kilómetros de Cataluña, instalado en la capital de una monarquía dividida en dos entidades, la francófona y la flamenca, donde las aspiraciones independentistas y las simpatías que estas suscitan harán sus días muy felices.
