La decisión de privatizar Dioxitek S.A. generó preocupación en el sector nuclear. La empresa fundada por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) es un eslabón clave para la producción nacional del combustible que consumen las tres centrales nucleares. Su lugar estratégico quedó demostrado durante la guerra de Malvinas, cuando la importación de los elementos combustibles para Atucha I estuvo en riesgo y fue la planta de Córdoba la que garantizó que la central seguiría funcionando si el conflicto extendía. El presidente Carlos Menem intentó privatizarla a mediados de la década de 1990 como parte del plan de desmantelamiento del Estado, pero el proceso quedó inconcluso. El miércoles pasado el presidente Mauricio Macri y su ministro de Energía, Juan José Aranguren, firmaron un decreto para finalmente cumplir con el deseo de Menem. Lo que sigue es la historia de cómo se forjó la planta de producción de dióxido de uranio que ahora tiene bandera de remate.   

Luego de su creación en mayo de 1950, la CNEA comenzó a realizar tareas sistemáticas de reconocimiento, prospección y evaluación de los recursos uraníferos existentes en el país. Con las primeras muestras de uranio obtenidas en el área cordillerana, tarea de extracción de la que participó la Universidad Nacional de Cuyo, se comenzó a trabajar en la metodología para concentrar el mineral hasta alcanzar un producto de valor comercial. Los laboratorios de la CNEA junto a la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral sentaron así las bases de la hidrometalurgia del uranio. Los primeros resultados exigían una comprobación a escala piloto y fue entonces cuando se decidió aceptar el ofrecimiento de la Dirección de Fabricaciones Militares para alquilar un predio en la provincia de Córdoba, equipado industrialmente, que luego se terminaría transformando en el Complejo Fabril Córdoba de la CNEA, actualmente llamado Dioxitek. CNEA tomó posesión de aquel lugar en el barrio Alta Córdoba el 30 de agosto de 1952.

Fue el primer establecimiento que la CNEA tuvo fuera de su sede central y donde se inauguró la industria del uranio en la Argentina. A fines de noviembre de 1952, una Rural Mercedes Benz conducida por Armando Juan Bautista Feira y José Ulderico Dinca partió de aquel predio rumbo a la Casa Rosada para llevarle al entonces presidente Juan Domingo Perón dos pequeños cilindros de chapa, conteniendo los primeros cincuenta kilogramos de concentrado de uranio obtenidos por primera vez en Latinoamérica. La prospección de uranio de la zona Cuyo lograba de este modo su primer resultado de valor, como relata el ingeniero Armando Vergara Bai en un valioso informe de 1992 sobre la evolución histórica de los recursos del uranio en la Argentina.

Una de las técnicas utilizadas para la extracción del uranio fue la lixiviación, consistente en la ubicación del mineral en pilas sobre una superficie impermeabilizada y en declive, que luego era rociada con soluciones ácidas para extraer el mineral puro por disolución. El tratamiento del líquido resultante permitía obtener el concentrado de uranio.

Luego de un prolongado período en que el establecimiento de Córdoba estuvo dedicado a la refinación de concentrado de uranio enviado a Europa para la fabricación del combustible nuclear, en 1979 se inicia el proyecto para construir una planta de tecnología alemana en el predio de Córdoba de producción de dióxido de uranio (UO2) con capacidad suficiente para abastecer a las centrales nucleares argentinas. A partir de noviembre de 1982 desde allí saldría el dióxido de uranio para ser enviado a la fábrica Combustibles Nucleares Argentinos (Conuar), inaugurada en el Centro Atómico Ezeiza en abril de 1982. De este modo, Argentina se convirtió en uno de los diez países del mundo con capacidad para diseñar y producir combustibles nucleares.

Es clave destacar, como recuerda el físico Hugo Martín en un texto de 2014 sobre las actividades de la CNEA en Córdoba, que en abril de 1982 Argentina entró en guerra con Inglaterra por las Islas Malvinas. A raíz de ello, la provisión de elementos combustibles fue puesta en riesgo ya que la misma era garantizada hasta entonces por la firma alemana Reaktor Brennelement Union (RBU) que le compraba el concentrado de uranio a la inglesa British Nuclear Fuel Limited (BNFL). A partir de entonces, Atucha I permaneció operando con el stock de combustibles que disponía hasta el momento en que finalizó la guerra. Pocos meses después la planta de Alta Córdoba comenzó a producir dióxido de uranio a escala industrial, con una primera entrega en noviembre, lo que permitió garantizar la independencia del ciclo de combustibles. Ese ejemplo demuestra la importancia estratégica de producir los elementos combustibles en el país.

En noviembre de 1996 el gobierno de Menem creó por decreto Dioxitek S.A. para hacerse cargo de la planta de Córdoba. Esa norma le otorgó a la CNEA el 99 por ciento de las acciones y a Nuclear Mendoza S.E. el 1 por ciento restante. El objetivo era abrir la puerta a la privatización de la firma para seguir recortando el gasto público. Por eso en el artículo 4 del decreto se aclaró que el 51 por ciento de las acciones clase C estaban sujetas a privatización, aunque finalmente el gobierno de Menem no concretó su objetivo.

Durante el kirchnerismo, el sector nuclear recibió un fuerte impulso, sobre todo cuando se reactivó la construcción de Atucha II. Como parte de ese proceso se puso en marcha un plan para incrementar la producción de dióxido de uranio por parte de Dioxitek, lo que incluía su traslado a una nueva planta en Formosa con una capacidad inicial de 230 toneladas de uranio al año, la cual todavía no está terminada. Pese al apoyo que le brindó al sector nuclear, el kirchnerismo nunca modificó el decreto que habilitaba la privatización de Dioxitek y es ese decreto el que el miércoles pasado desempolvó el ministro de Energía Juan José Aranguren para poner en venta la compañía. Lo que todavía no se informó es si podrán competir firmas extranjeras o el nuevo controlante tendrá que ser nacional. Cuando los militares fundaron Conuar la pensaron como una empresa mixta, pero en los pliegos se estableció que el socio privado debía ser de origen local y CNEA conservó amplias facultades dentro de la empresa. Habrá que esperar para ver qué ocurre ahora.