En los hogares con asalariados no registrados el 42% de los adultos dejaron de comer o comieron menos en alguna de las comidas, según se desprende de un relevamiento a nivel nacional realizado por el Programa de Investigación Regional Comparada Estructura Social Argentina (PIRC-ESA). El estudio probabilístico se basa en 1500 casos recogidos durante los meses de abril y mayo de 2024. La investigación concluye que en el 32% de los hogares con asalariados no registrados se les sirvió menos comida a niñas y niños en alguna de las comidas.
La difusión del resultado de la investigación coincide con el anuncio de que 183 comedores que dependen de InterRedes (una organización de segundo nivel que reúne instituciones que trabajan a favor de los derechos de las infancias y juventudes) corren riesgo de dejar sin asistencia alimentaria diaria a aproximadamente 20 mil personas porque el Ministerio de Capital Humano dejó de transferirles los fondos destinados al Programa de Abordaje Comunitario (ex PNUD). De manera inmediata, a partir del 30 de mayo se producirá el cierre de 13 comedores comunitarios gestionados por la RAE (Red de apoyo escolar y educación complementaria), una de las asociaciones participantes de InterRedes. Según lo informaron las autoridades de la Red como consecuencia de ello tres mil niñas y niños, jóvenes y adultos, se quedarán sin comida.
La investigación del PIRC-ESA concluye además que la caída de los ingresos de las familias en los últimos meses provocó que al menos 4 cuatro de cada 10 hogares tengan menos comida en su mesa, dejen de pagar servicios básicos y se endeuden para sobrevivir. En los casos en que el hogar tiene como principal sostén económico a un asalariado no registrado la cifra llega a 6 ó 7 de cada 10.
Otro hallazgo de la investigación indica que en el 17% de los hogares los adultos dejaron de comer o se alimentaron menos en alguna de las comidas y en el 11% de los hogares se les sirvió menos alimentos a niñas y niños en alguna de las comidas.
Respecto de los comedores que cerrarán sus puertas porque “el Estado nacional no transfiere fondos para la compra de alimentos, las autoridades de la RAE informaron que se “cumplió con todos los requerimientos legales y administrativos requeridos, como así también con las auditorías mensuales implementadas por parte del Ministerio” que, mientras tanto, sigue sin acatar la orden judicial para distribuir los alimentos retenidos en los galpones oficiales.
Los centros comunitarios que dejarán de brindar comida se encuentran ubicados, entre otras localidades, en San Martín, San Isidro, Moreno, Tigre, Vicente López, San Fernando, José León Suarez y la CABA.
RAE es una asociación civil sin fines de lucro que desde 1988 agrupa el trabajo de 17 organizaciones comunitarias y educativas ubicadas en las villas y barrios populares la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. La RAE, junto con el Colectivo de A Pie, Red Andando, Cáritas San Isidro, Red el Encuentro y Red de Jardines comunitarios de la Matanza, integran el colectivo InterRedes con presencia en todo el conurbano bonaerense.
Al cierre ya anunciado por RAE se suman 19 comedores de los centros comunitarios de otras organizaciones de InterRedes, que también dejarán de prestar el servicio de asistencia alimentaria afectando aproximadamente a otras cinco mil personas como consecuencia de la falta de pago de los fondos del Programa de Abordaje Comunitario (ex PNUD) por parte del Estado nacional.
En todos los casos que el organismo estatal certificó la existencia de los comedores gestionados comprobando “fehacientemente la cantidad de personas asistidas, el tipo de prestación (desayuno, almuerzo, merienda reforzada y cena) y la modalidad en que se brinda (presencial, vianda o bolsón)”. El mismo procedimiento de verificación se cumplió con los comedores de las otras organizaciones reunidas en InterRedes.
Mediante una declaración que lleva el título “el hambre es un crimen” InterRedes exige el “desembolso inmediato de los recursos y la entrega de mercadería necesaria para garantizar el funcionamiento de todos los comedores comunitarios”.
Respecto de las condiciones de vida de las y los argentinos el estudio del PIRC-ESA establece que “en los últimos meses, el 40% de los hogares debió contraer deuda o usar ahorros propios para llegar a fin de mes” y que “el 19% de los hogares debió pedir dinero prestado a familiares para llegar a fin de mes”.
A lo anterior se suma que en los hogares con asalariados no registrados el 64% se contrajo deuda o se usó ahorros para llegar a fin de mes y el 39% de los asalariados no registrados se vio arrastrado a pedir dinero prestado a familiares con el mismo fin.
La política de ajuste hizo también, siempre según el estudio del PIRC-ESA, que el 37% de los hogares haya tenido problemas para afrontar uno o más gastos corrientes, el 29% tuvo dificultades para abonar el servicio de internet o de celular, sumada ello que el 20% de los hogares enfrentaron inconvenientes para cancelar las deudas con los servicios públicos (luz, agua, gas). Se agrega que otro 18% encontró dificultades para abonar tarjetas de crédito y otras deudas.
