El Ministerio de Capital Humano delegó en la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) la licitación y compra de alimentos para comedores y merenderos con fondos públicos argentinos. De ese modo, el procedimiento quedó fuera de los mecanismos de control del Estado nacional. Como parte del fondeo para tareas que le encarga a ese organismo internacional, la cartera a cargo de Sandra Pettovello ya le giró 6.772.500.000 pesos y acordó darle una comisión de 6%, que luego bajó a 5%. Hasta ahora la única adjudicación concretada fue para la adquisición de 1.650.000 botellas de aceite de 900 mililitros y la misma cantidad de paquetes de lentejas de 400 gramos, que no se sabe dónde están. Página/12 hizo la consulta, pero no obtuvo respuesta. 

Estas operaciones se tejieron en medio del escándalo por la interrupción de entrega de alimento a los comedores comunitarios vinculados con organizaciones sociales junto con la aparición de 5 millones de kilos de de mercadería en los galpones de Villa Martelli y Tafí Viejo en Tucumán. Queda a la vista la doble vara. 

Está vigente la medida cautelar dictada por el juez Sebastián Casanello para que Capital Humano entregue un plan de distribución de toda esa mercadería guardada, con las cantidades de cada producto, sus fechas de vencimiento y a qué comedores u organizaciones serán entregadas. Si no cumple, incurrirá en desobediencia. En paralelo la Sala II de la Cámara Federal, tramita la apelación del Gobierno en esa causa y convocó a una audiencia el miércoles de la semana que viene. 

El argumento del Gobierno para no dar comida a la gente que tiene hambre es que la ministra Pettovello está auditando la distribución de la gestión anterior y dice que hay comedores que no existen. Todo el mundo sabe a esta altura que muchos comedores cerraron o atienden con menos frecuencia porque precisamente la comida no alcanza, lo que no quita que pueda existir alguna irregularidad aislada. En tanto, la Ministra es investigada por la posible vulneración del derecho a la alimentación, pero ataca a los movimientos sociales, a los que denunció. La otra explicación oficial es que el alimento guardado está destinado a emergencias climáticas o catástrofes. Más allá de que existe un programa específico para eso —como salió a explicar el dirigente Juan Grabois (Argentina Humana)— la paradoja, si se trata de emergencias, es que la emergencia alimentaria está declarada en el país desde 2002 y sigue vigente. 

En medio de convenios y resoluciones, ocurrió una suerte de blooper: la OEI tuvo que dejar sin efecto la adjudicación de la compra de 400.000 paquetes de lentejas a Alimentos Fransro SRL. Resulta que la empresa había sido denunciada por el propio ministerio de Pettovello por el supuesto direccionamiento en la compra de aceite durante el gobierno de Alberto Fernández, ante hallazgos previos de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. La firma no tenía los mejores antecedentes: en 2019 la ANMAT le prohibió la comercialización de un lote de paquetes de fideos que tenía gorgojos y otros insectos. En un comunicado del domingo último la OEI señaló que le exige a quienes se vinculan con sus gestiones "observar los más altos niveles éticos".

Más problemas

La firma del convenio con OEI para que haga la licitación libre de controles locales —como el de la Auditoría General de la Nación y de la Sindicatura— no es el único problema a la vista. Una compra del Estado que supere los 2700 millones de pesos necesita la firma del Jefe de Gabinete. Le tocaba a Nicolás Posse. Así se desprende de la actualización del Reglamento del Régimen de Contrataciones para la Administración Nacional con un cálculo que se hace en "módulos". Cada módulo vale 27.000: si se trata de más de 100.000 módulos debe firmar el jefe de ministros. Pero la transferencia de los 6.772.500.000 pesos al organismo internacional, fue firmada solo por la ministra Pettovello en una resolución publicada el 6 de marzo último. 

La Constitución Nacional en el artículo 100 pone en la jefatura de gabinete la responsabilidad sobre "los negocios de la Nación" y la administración en general. Especialistas en contrataciones del Estado sostienen que estaría en entredicho la correcta aplicación de la ley de Administración Financiera y de los sistemas de control del sector público nacional en la tercerización de la licitación de alimentos. Además, parece lógico que si existe una ley de emergencia alimentaria desde hace 22 años, que el Ministerio de Capital Humano no delegue la asistencia alimentaria a la población. La OEI tiene y tuvo convenios con la Argentina vinculados a sus objetivos en "educación, ciencia, cultura, lenguas y derechos humanos", pero según fuentes que conocen su funcionamiento nunca intermedió para hacer una licitación de alimentos. 

¿Qué alimentos compró hasta ahora Capital Humano? Lo que se sabe es que se adjudicó a distintas empresas, a través de la OEI, la compra de aceite y lentejas. Están en trámite otras procesos de licitación. Pagó por el momento un total de: 3.651.940.179 pesos. Este es el detalle de lo que se gestionó por ahora: 

* La compra de aceite de girasol en botellas de 900 mililítros fue adjudicada así: 481.650 unidades a la empresa Tanoni Hnos S.A; 673.350 a Valquira S.A.S; 495.000 también a esa empresa. El precio ronda los 1.490 pesos cada envase. 

* La compra de lentejas secas en envase de 400 gramos se repartió así: 231.000 a Nomero S.A; 524.000 a Careaga Hnos y Teglia S.R.L; 495.000 a la misma firma. La tanda de 400.000 adjudicada a Alimentos Fransro SRL es la que fue dada de baja por la OEI. 

* Del total de 6.772.500.000 girados a la OEI, la comisión del 5% representa unos 338 millones. 

Otra triquiñuela

La OEI es un organismo de cooperación con extensa trayectoria (75 años) y que hace convenios con diversos países, entre ellos la Argentina, sus provincias y municipios. Para la implementación de proyectos y acuerdos puede contratar personal con recursos nacionales. Esto es lícito y se trata de personas contratadas en forma externa para trabajos puntuales. El dato llamativo que se conoció a través de La Nación y del portal Data Clave es que los convenios para contratación de profesionales que se realizan a través de la OEI se estarían utilizando para pagarles a trabajadores del Ministerio de Capital Humano. 

Todo indica que sería un recurso que se viene utilizando para pagarles a funcionarios que trabajan en la cartera pero que aún no tienen la designación correspondiente. Es decir, no figuran en registros oficiales. A la vez, serviría para mostrar, en línea con la política de achicamiento del empleo público de Javier Milei, que no se agrandaba la lista de empleados. Según la publicación desde enero de 2024 hay 18 personas facturando honorarios de Capital Humano por un mecanismo indirecto. Los montos oscilan, según muestran en un cuadro, entre 600.000 y 1.400.000 pesos.  

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