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PáginaI12 En Gran Bretaña
Desde Londres
El escándalo de los Paradise Papers no podía empezar más alto en el Reino Unido. En los más de 13 millones de documentos del buffete de abogados Appleby figuran inversiones de la Reina Isabel II por 10 millones de libras (unos 13 millones de dólares). Los Paradise Papers, que publicó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, revelan que estos fondos de la Corona estaban en las Islas Bermudas, sede central de Appleby, y en las Islas Caiman, cuya jefa de Estado es la misma Reina Isabel II.
Entre las compañías favorecidas por su majestad se encuentra la cadena de off-licence (venta de bebidas alcohólicas) Threshers y Bright House, un negocio de “renta por alquiler”. Threshers quebró dejando una deuda impositiva de 23 millones de dólares y 6 mil personas en la calle, mientras que Bright House ha sido acusada de explotación de los pobres con su alquiler de productos y servicios a los más necesitados.
Está claro que la Reina Isabel II no está a cargo de la administración de su fortuna, estimada en unos 650 millones de dólares, con ingresos anuales, sobre todo de la renta de la tierra, equivalentes a unos 100 millones. El ente que maneja su portafolio de inversiones es el Ducado de Lancaster, hoy en el centro de la tormenta. Entrevistada por la BBC, la presidenta de la comisión de finanzas públicas, la laborista Margaret Hodge, criticó duramente esta presencia real en paraísos fiscales. “Es obvio que si uno está a cargo del dinero de la monarquía tiene que invertirlo de una manera que no tenga la más mínima sombra y, desde ya que no tenga nada que ver con sitios que son sinónimo de opacidad, criminalidad, evasión y elusión fiscal”, dijo Hodge.
El otro gran protagonista de esta primera entrega de los Paradise Papers en el Reino Unido fue Lord Michael Ashcroft, uno de los principales financistas del Partido Conservador. Según los documentos filtrados de Appleby, poco después de convertirse en Lord, abrió un fideicomiso en Bermudas, el “Punta Gorda Trust”. El valor del fideicomiso fluctuó, pero en uno de los documentos, de 2006, alcanza más de 450 millones de dólares.
La opacidad del fideicomiso de Lord Ashcroft era tal que abogados de Appleby expresan en varios mails su preocupación porque se les pedía que firmaran todo sin examinar nada. “Ha habido muy importantes sumas de dinero que no han tenido la supervisión que requerían. Para decirlo bien claro, no se nos informa nada, a pesar de que somos en teoría responsables de la administración del fideicomiso”, señala uno de los abogados “senior” de la firma.
Ashcroft no solo es uno de los más importantes financistas de los conservadores de las últimas dos décadas, sino que durante un largo período fue un “tax exile” (alguien con domicilio legal fuera del país por razones impositivas). El financista consiguió que le concedieran el título de Lord en 2001 cuando se comprometió a ser un residente permanente en el Reino Unido, es decir, a pagar impuestos en el país.
En 2010 se descubrió que Ashcroft, convertido en tesorero y principal financista del Partido Conservador, seguía sin pagar impuestos ya que figuraba como un “non-dom”, regla fiscal única en el mundo que viene de la era imperial británica, por la cual alguien puede vivir en el Reino Unido, pero tener su domicilio fiscal en otro lugar. Lord Ashcroft se comprometió a cambiar su status de “non-dom”. La revelación de los Paradise Papers deja en claro que sigue teniendo cuantiosos fondos en paraísos fiscales por los que, aparentemente, no ha pagado impuestos en el Reino Unido.
La revelación deja otra vez mal parada a la primera ministra, Theresa May, que viene trastabillando con las negociaciones por el Brexit y el escándalo sexual que le costó el puesto al ministro de defensa Michael Fallon y le puede costar la cabeza a su número dos, Damian Green, a quien, además de estar acusado de “conducta inapropiada”, se le estaría investigando por posesión de material pornográfico “extremo”. May y los conservadores vienen prometiendo desde los Panama Papers el año pasado que van a ajustar las tuercas a este mundo de la elusión y evasión fiscal, pero por el momento no han dejado de dar marcha atrás con cada iniciativa que han tomado.
El líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, tuiteó de inmediato que “esto confirma lo que dije el miércoles en Primer Minister question Time (día en que el Parlamento le pregunta sobre distintos temas al primer ministro) que hay un sistema impositivo para los ricos y otro para el resto de la sociedad”.
Alex Cobham, director de Tax Justice Network (TJN), una ONG fundada en el Reino Unido y con organizaciones gemelas en distintas partes del mundo, indicó a Páginað12 que estos escándalos deben cambiar el eje del debate. “Otra vez vemos que hay una gigantesca denuncia sobre fraude impositivo, corrupción y criminalidad. Es hora de que enfrentemos a nivel internacional el sistema que permite que esto suceda. Esto no es un problema de una serie de individuos o una firma de abogados. Es un problema sistémico internacional”, señaló Cobham.
En el caso británico es curioso que todo salte justo el 5 de noviembre, día de la tradicional celebración de Guy Fawkes, nombre del católico que quiso volar el Parlamento en 1605. Anoche, mientras el cielo se iluminaba con fuegos artificiales y en los parques las familias se juntaban en torno a fogatas con la efigie de Fawkes en el medio, detonaba una explosión mucho más actual y cercana al corazón del establishment británico.
