Una de las tantas consecuencias de la aprobación de la ley es que la causa por la desaparición forzada de Santiago Maldonado se quedaría sin fiscal. Silvina Avila, que intervino en la investigación a cargo primero del juez Guido Otranto y actualmente de Gustavo Lleral, es una fiscal subrogante que cesará en sus funciones según la segunda cláusula transitoria del proyecto. “Déjense sin efecto las designaciones de abogados de la matrícula y de funcionarios y personal auxiliar del Ministerio Público para cumplir funciones de magistrados subrogantes”, dice la iniciativa y agrega que será el nuevo procurador quien decidirá si autoriza la continuidad de esas designaciones “por razones fundadas de necesidad”. ¿Qué pasaría con la causa Maldonado (y con muchas otras que tienen fiscales subrogantes) si la designación del nuevo Procurador se demora o el nuevo funcionario no resuelve inmediatamente esas cuestiones? En una situación similar podrían encontrarse diversos juicios por crímenes de lesa humanidad.
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