Prestadores de servicios de atención y rehabilitación de personas con discapacidad se manifestaron ayer en la Legislatura provincial en contra de la intención el gobierno nacional desregular por decreto los aranceles a pagar por parte de obras sociales o programas del Estado, según la condición de cobertura que tenga cada paciente.

A su vez, la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Laura Cartuccia, se comprometió a remitir una declaración en apoyo a la modificación de la Ley de Discapacidad N° 24.901, que se debate en la Cámara baja del Congreso Nacional.

“Necesitamos la modificación de la ley para garantizar los servicios y que un decreto no tenga ninguna incidencia”, dijo ayer la presidenta de Fundación ANIDAR, María Elena Arce, frente a los manifestantes que llegaron a la Legislatura. La marcha se hizo en forma simultánea a otras manifestaciones que se organizaron en todas las provincias del país.

Sucede que la normativa actual de la discapacidad dispone la universalidad del costo de prestaciones decididas a través de un directorio conformado por diversos referentes del sector. Sin embargo, esta universalidad está planteada por decreto y no por la ley.

La actual gestión presidencial hizo correr un borrador de decreto para derogar aquel otro y dejar de lado la universalidad de los cobros establecidos en el nomenclador. Esto permitiría que cada obra social o programa estatal pueda decidir los pagos a realizar a los prestadores. Esto, afirmaron los prestadores, generaría pacientes de primera y de segunda.

Para contrarrestar esta intención, la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados de la Nación debatió un proyecto de Ley por el cual se instituye un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad, contemplando acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos.

El objetivo es “garantizar la universalidad de la atención de dichas personas mediante la integración de políticas, recursos institucionales y económicos afectados a dicha temática”, sostiene el proyecto. Y añade: “La universalidad consistirá en asegurar el acceso y la calidad de las prestaciones en igualdad de condiciones en todo el territorio nacional, y sobre la base del principio de no discriminación por motivos de discapacidad”.

Los legisladores provinciales se comprometieron a apoyar esta última propuesta, con el fin de que se convierta en ley y las personas con discapacidad no sufran la incidencia de ningún decreto, como puede ocurrir con el borrador presentado por los funcionarios nacionales.