La mesa de organismos de derechos humanos les pidió a senadores que no voten la Ley Bases. Quienes recibieron una nota fueron el senador Martín Lousteau, de la Unión Cívica Radical (UCR), y la senadora Guadalupe Tagliaferri, del PRO. Durante las audiencias en la Cámara alta se habían mostrado críticos de la iniciativa con la que Milei pretende sentar las bases para una nueva Argentina. Tagliaferri terminó firmando el dictamen con disidencias.

La mesa de organismos les hizo llegar las cartas el miércoles. En abril, Lousteau se había reunido con Taty Almeida, dirigente de Madres de Plaza de Mayo -Línea Fundadora, y con otros referentes del movimiento de derechos humanos. Esta semana los organismos entablaron conversaciones con el despacho de Tagliaferri, que se referencia en Horacio Rodríguez Larreta.

“Queremos recordarles que han sido votados como senadores de la Nación para representar desde uno de los poderes de la República a una parte importante de la población argentina radicada en la Ciudad de Buenos Aires”, arranca la misiva. “No pueden delegar en la cabeza del Poder Ejecutivo Nacional las facultades que les hemos conferido en primer lugar para que sean custodios de nuestra Constitución Nacional, que el presidente quiere modificar de facto”, añaden los organismos que les recordaron a los legisladores las décadas que llevan defendiendo los derechos humanos con una lucha pacífica pero firme y decidida.

En la carta, les exigen estar a la altura de sus responsabilidades. “Sepan seguir caminando por las calles de esta hermosa e histórica ciudad con la frente en alto y no debiendo arrastrar los pies y bajar la cabeza por haber cedido a los caprichos de un presidente que no dejará otra cosa que hambre, miseria y desintegración de nuestra querida Patria que acaba de cumplir 214 años”.

La nota fue enviada por Madres-Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH), la APDH La Matanza, la Comisión Zona Norte, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, H.IJ.O.S Capital, Buena Memoria y la Fundación Memoria Histórica y Social de Argentina.

La estrategia contra el DNU y la Ley Bases

Desde que Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 y envió la primera versión de la Ley Bases en diciembre pasado, la mesa de organismos activó una estrategia para pedirles a los distintos bloques del Congreso que rechacen estas iniciativas. En el verano se reunieron con referentes de Unión por la Patria (UxP) y en abril con Lousteau.

Los organismos solicitaron una reunión también con el senador Daniel Kroneberger (UCR), pero no obtuvieron respuesta. La CTA de los Trabajadores puso el 25 de mayo pasacalles en La Pampa para pedirles tanto a Kroneberger como a María Victoria Huala (PRO) que "no traicionen" a la Patria.

El movimiento de derechos humanos viene forjando una alianza con el movimiento obrero para hacerle frente a la avanzada del gobierno de Milei y Victoria Villarruel. El 14 de mayo pasado, convocaron conjuntamente con la CGT, las dos CTA y la UTEP a una asamblea en la Facultad de Ciencias Sociales (FSOC) de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Allí se acordó que habrá movilizaciones en todo el país cuando la ley Bases se vote en el Senado.

Las iniciativas se replicaron en distintas provincias. La Comisión Provincial de la Memoria de Córdoba –donde Milei pretendía firmar un pacto, surgido de la aprobación de la ley Bases– con gobernadores aliados– le hizo llegar una carta a Luis Juez (PRO). “Respeten todos los avances conquistados a través de años de acuerdos ciudadanos y en donde la provincia de Córdoba ha sido siempre respetuosa de los procesos de consenso democrático”, le reclamaron desde la entidad.

La APDH de Neuquén también le pidió a la senadora Lucila Crexell que no vote la ley Bases porque pone de cabeza el orden jurídico imperante y porque afectaría “la soberanía nacional otorgando ventajas y beneficios impositivos a empresas extranjeras por sobre las de capital nacional y regional con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones”.