La diputada provincial Alejandra Rodenas presentó un proyecto de declaración en el que manifiesta que el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) traerá aparejadas “consecuencias perjudiciales” tanto para la Argentina como para Santa Fe.

La legisladora sostiene que “el proyecto de ley Bases impulsado por el presidente Javier Milei, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación, tiene en su título VIII al régimen de incentivo a las grandes inversiones (RIGI), uno de los capítulos más polémicos de la iniciativa libertaria”.

La diputada pone el acento en que, de aprobarse, para resolver conflictos entre el Estado Nacional y los inversores, se estaría delegando la competencia de los tribunales nacionales en favor del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial. Y enfatiza: “Aquí es donde debemos dar un debate serio para entender la importancia de lo que se discute en el Senado de la Nación. Esto es lisa y llanamente la cesión de nuestra soberanía jurídica”.

En este sentido, la ex vicegobernadora de Santa Fe añade que “el espíritu de la norma que regula la competencia está íntimamente ligada a la territorialidad. Y cederla al CIADI en algo tan importante como la relación con inversores extranjeros ubica al Estado en un lugar completamente disvalioso de cara a hipotéticos conflictos futuros”.

Rodenas postula que “el objetivo formal del proyecto -que es traer inversiones necesarias para nuestro país- tiene una contracara muy perjudicial para nuestra Nación”.

Asimismo señaló que “estas iniciativas de inversión –de aprobarse la ley– tendrán un marco jurídico especial, con excesivos beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios” y que “semejante privilegio pone en un pie de absoluta desigualdad y asimetría al entramado industrial nacional respecto de los inversores que se acojan al régimen”.

Al mismo tiempo que pondera la necesidad de contar con un régimen que pueda atraer grandes inversiones, Rodenas plantea que, tal como está redactado y pensado el RIGI, “es un problema, no una solución”, y que “puede traer consecuencias perjudiciales para nuestra Nación y, por consiguiente, para Santa Fe, los santafesinos y las santafesinas”.

Así, la legisladora asegura que “es importante y necesario que nuestro país pueda atraer grandes inversiones que, pensadas hacia el futuro, contribuyan a mejorar la economía y nuestras condiciones de vida”. Y añade que “atraer y fomentar inversiones de capital que generen una transformación positiva en nuestra sociedad es casi una obligación para quienes ejercen responsabilidades públicas ejecutivas”.

Rodenas sugiere que “a la hora de discutir el RIGI se incorporen modificaciones que reflejen también un gran acuerdo con el sector productivo existente en el país, ya que en el proyecto nada se menciona del mercado doméstico”. Y cita como ejemplo que las industrias locales, la metalmecánica santafesina, las PyMES y empresas de servicios, deben verse beneficiadas, que se contribuya a la innovación tecnológica, que los puestos de trabajo argentinos sean respetados y que no se generen situaciones de desigualdad y competencia desleal.

Por último, en su proyecto de declaración, la diputada advirtió: “El RIGI, de sancionarse la ley Bases, va a impactar de manera directa en nuestra vida y en la de nuestros hijos y nietos y por eso proponemos que se discuta de frente, sin eufemismos ni secretos y poniendo por delante a la Argentina. Ello significa que el debate tiene que construirse entendiendo la importancia no sólo del capital y las inversiones, que las celebramos, sino también de nuestro ambiente y recursos naturales, las empresas e industrias nacionales, de los trabajadoras y trabajadores argentinos”.