El miércoles pasado, miles de personas se movilizaron en diferentes puntos del país convocadas por el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de Derechos de Personas con Discapacidad, para detener el decreto del gobierno nacional que busca desregular las prestaciones para este sector. La medida, promovida por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), a cargo del abogado de Javier Milei, pretende que prepagas y obras sociales determinen libremente los costos de las prestaciones sanitarias, desplazando la responsabilidad regulatoria del Estado.
El proyecto, que se presentará a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), establece que las prestaciones financiadas por organismos públicos, reguladas por la Ley 24.901, "se fijarán de forma independiente a los valores arancelarios de las prestaciones incorporadas o a incorporar en el nomenclador de prestaciones básicas". Este cambio implicaría que solo quienes puedan costear los servicios tendrían acceso a ellos, dejando desprotegidos a millones de personas con discapacidad que dependen de la cobertura estatal o de obras sociales para recibir atención.
Ajuste en discapacidad: qué se quiere modificar
El proyecto del gobierno nacional, promovido por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), busca eliminar el Sistema Único de Prestaciones Básicas, un nomenclador que establece precios uniformes para obras sociales, PAMI e Incluir Salud, garantizando así el acceso igualitario a los servicios.
La desregulación permitiría que cada organismo financiador establezca el arancel que considere conveniente, generando una marcada desigualdad en la calidad de los servicios ofrecidos. "De efectivizarse esta medida, se agravará la ya importante crisis económica de los prestadores categorizados que tienen que cumplir con una serie de exigencias impuestas por el Estado", advirtió el Foro Permanente en un comunicado.
Rosana Morales, madre de un joven con discapacidad, expresó a Página 12 que el proyecto del gobierno "dejaría desprovistas a las personas con discapacidad que cuentan con la cobertura del estado. Quienes puedan pagar servicios privados, podrán continuar con sus terapias", reclamó.
"Nosotros venimos en un camino de deterioro en las prestaciones por discapacidad. Estamos perdiendo prestadores todo el tiempo porque el Gobierno paga tarde y mal, y todo se vuelve cada vez más difícil. En la época de Macri ya lo veíamos. Durante el gobierno de Fernández se estabilizó un poco, pero ahora el ajuste vuelve a intensificarse y la situación empeora", añadió Morales.
Morales, quien representa a la Asociación de Familias, Personas con Discapacidad y Prestadores por la Inclusión (Afapprei), dijo que las personas con discapacidad y sus familiares reclaman ante los numerosos obstáculos que les pone día a día el Gobierno: "Primero pasó lo de la desregulación de las prepagas, que dejó a muchas personas sin cobertura ante el aumento indiscriminado. Y aunque ahora prometieron retomarlas, esto en la práctica no está pasando", sostuvo.
Y añadió: "Un punto que no se visibiliza, pero que también nos afecta es este proyecto de eliminación del monotributo social, que permite a las personas con pensión o sin pensión, pero sin obra social, acceder a atención médica. Con el aumento previsto (o la eliminación, aún no se sabe el destino del monotributo social), la gente se quedará sin atención médica. Actualmente muchas madres están sacando a sus hijos del monotributo social y solo deja a los niños que tienen discapacidad para poder hacer frente a los costos. Y toda esa gente queda fuera del sistema", comentó Morales.
En un contexto donde 8 de cada 10 personas con discapacidad están en condiciones de vulnerabilidad económica, la desregulación propuesta podría empeorar significativamente su situación. "No vamos a poder atender a los chicos. Nos están poniendo en una situación límite. Ya hoy es dificil costear las prestaciones y, con estas modificaciones que quieren imponer, no lo vamos a poder sostener", afirmó.
Reacciones y resistencia legislativa
El proyecto del Gobierno, que lleva la firma del titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, fue cuestionado también en el ámbito legislativo. Varios diputados, incluidos Daniel Arroyo y Gustavo Valdés, presentaron proyectos de ley para reafirmar la vigencia de la Ley 24.901, que actualmente regula estas prestaciones. Este movimiento está acompañado por la firma de Miguel Ángel Pichetto y más de 30 diputados que pidieron al Gobierno que no avance con el DNU, advirtiendo que eliminaría los beneficios actuales del sistema de prestaciones para personas con discapacidad.
"La ley tiene aspectos mejorables, y es cierto que las obras sociales y las prepagas vienen planteando problemas para hacerse cargo de los costos, pero desregular es dinamitar todo lo bueno, correr al Estado y que venga el mercado. Como siempre, empeoran las cosas en lugar de mejorarlas", señalaron los legisladores.
El intento de desregular las prestaciones para personas con discapacidad representa un riesgo significativo para millones de argentinos que dependen de estos servicios. La movilización social y la resistencia legislativa reflejan la preocupación generalizada sobre las implicaciones de este decreto. Mantener la regulación estatal y buscar mejoras consensuadas parece ser el camino más prudente para garantizar la equidad y calidad en la atención de las personas con discapacidad en el país.
