Cerca de 15 audiencias públicas fueron convocadas desde diciembre del año pasado a esta parte, para desmontar unas 20 mil hectáreas aproximadamente. Aunque los Estudios de Impacto Ambiental y Social (EIAS) se llevaron en el marco del ya vencido Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), serán autorizadas.

Así lo adelantó a Salta/12 el secretario de Ambiente de la provincia, José Aldazábal, al ser consultado por las constantes publicaciones informando de audiencias públicas en el Boletín Oficial.

El funcionario explicó que la superficie que quedará autorizada para el paso de las topadoras se restará de las 721.568 hectáreas que quedaron en el área verde (de baja conservación) del nuevo OTBN que está todavía en proyecto, dado que aun no ha sido tratado por la Legislatura Pprovincial y, por lo tanto, no está vigente.

“En el caso de Chaco hubo un amparo porque el ordenamiento estaba vencido y la Corte dijo que sigue vigente hasta que lo reemplace otro”, contestó el funcionario al ser consultado por la validez del OTBN que venció en 2014, y que ya lleva una década sin ser actualizado.

Las resoluciones que autorizan los desmontes “van a ir saliendo”, dijo Aldazábal y sostuvo que el proyecto de nuevo OTBN, que fue realizado por un equipo técnico nombrado para tal fin, espera ingresar a la Legislatura en los próximos días.

“No nos meteríamos en áreas que están en rojo o amarillo”, que son las zonas donde no puede haber desmonte, afirmó. Sin embargo, el nuevo proyecto de OTBN habla de un amarillo “potencial” o “amarronado”. Esta zona puede permitir el desmonte condicionando la cantidad de tierras productivas en un área.

Por ejemplo, si en una cuenca hay 50 hectáreas en categoría verde y 100 hectáreas de amarillo potencial (suele suceder que hay menos verde siempre) y se piden desmontar 50 hectáreas, automáticamente las 50 hectáreas que están en verde (en esa misma cuenca) pasarán a ser amarillo estricto y no podrán ser transformadas. Y como se agotó el stock de tierras en verde ya en esa zona no se podrá desmontar dado que todo el amarillo potencial pasa a ser amarillo estricto.

Una deuda actualizada

Ayer se conoció que el gobernador Gustavo Sáenz informó mediante nota a la subsecretaria de Ambiente de la Nación, Ana María Vidal de Lamas, la deuda que mantiene el gobierno nacional con la provincia por el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de Bosques Nativos.

Aldazábal afirmó que se trabajó en la actualización de la deuda que viene desde que se aprobó la Ley de Bosques Nativos, N° 26.331, hasta hoy y que de acuerdo a esa actualización, sería de 28 mil millones de pesos.

Esto incluye la deuda que calculó el gobierno provincial desde la vigencia de la Ley en 2008 hasta ahora. Y el cálculo se hizo según lo establecido por la normativa, que prevé que “las partidas para el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos (Fobosques) ‘no podrán ser inferiores al 0,3 por ciento del presupuesto nacional’”.

“Esos fondos sirven para compensar a las jurisdicciones que conservan los bosques nativos y es repartido anualmente entre aquellas que hayan elaborado y tengan aprobado por ley provincial su OTBN para financiar el cumplimiento de la ley”, indica el comunicado oficial.

Añade que siendo Salta “la provincia con la mayor biodiversidad y la mayor proporción de bosques de todo el país, la falta de financiamiento dificulta el cumplimiento de los objetivos establecidos por la Ley 26.331”

Con estos argumentos, el gobernador solicitó "iniciar las conversaciones para solicitar la regularización en la asignación de los fondos que por Ley corresponden a nuestra provincia”.

Uno de los reclamos siempre firmes entre las provincias (entre ellas Salta), que de una manera u otra lograron zanjar algunos cumplimientos de la Ley de Bosques, es que la Nación (sin importar la gestión de que se trate) siempre decidió discrecionalmente el otorgamiento de los fondos sin seguir lo establecido en la Ley.

Aldazábal afirmó que se hizo un cotejo de esos montos y los que deberían haberse otorgado, con aquellos que en su momento denunció la Fundación Vida Silvestre, y por ello se entiende que la deuda que acumula la Nación por estos fondos es de 28 mil millones de pesos.

“La ley no condiciona los fondos a tener el ordenamiento vigente”, aclaró el secretario ante la falta de actualización del OTBN. Y afirmó que desde la Nación “nunca se mandó el 100 por ciento de lo que correspondía. A lo sumo se dio el 18 por ciento”.