Más de 175 millones de hectáreas de tierras de pueblos indígenas no están reconocidas legalmente a estas comunidades en América Latina y el Caribe, alertó el Foro de la Tierra Latinoamérica y el Caribe (LAC 2024) celebrado en Lima y de forma virtual.

Expertos de Colombia, Brasil, Nicaragua, Argentina y Chile, entre otros, expusieron los problemas que enfrentan los pueblos indígenas al no tener el reconocimiento de sus territorios, lo que favorece la incursión de actividades extractivas e ilegales, según un comunicado de la organización.

La directora del Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos de la Universidad Javeriana de Bogotá, Johana Herrera, afirmó que solo el 8,1 % de las 165 millones de hectáreas con presencia de pueblos afrodescendientes en la región son reconocidas legalmente. Todo ello pese a que existen más de 397 millones de hectáreas tituladas a pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades locales.

"Hay comunidades con derechos de acceso y usufructo otorgados por los Estados en tierras baldías, se les garantiza las actividades pero sin transferencia de derechos de propiedad, por lo que no hay una cesión real de derechos", señaló Herrera en el foro.

La experta nombró el caso de una reciente ley forestal que se aprobó en Perú, que afecta a los ya frágiles derechos de los pueblos indígenas, al facilitar los trámites para que empresas puedan obtener terrenos forestales.

Por su parte, la coordinadora Regional y Oficial de Programas para la Oficina de América Latina del Tenure Facility, Karin Ericsson, explicó que, si bien existe un "marco legal progresivo" para la titulación de tierras en la región y existen buenas prácticas, aún hay una importante brecha en la implementación.

Ericsson sostuvo que la titulación de tierras es solo el primer paso para reconocer los aportes de las comunidades en sus territorios y subrayó que este proceso debe descansar sobre tres ejes: la unidad de lucha entre los pueblos y apoyo a estos para que fortalezcan su autonomía, avanzar a nivel técnico y/o político de acuerdo a las posibilidades que ofrece el contexto y reconocer el papel de los territorios indígenas y de pueblos afros en la conservación de la biodiversidad.

El caso de Colombia

Un caso emblemático para la región es el de Colombia, donde los avances del actual Gobierno se han visto retrasados por la carencia de políticas públicas previas de reconocimiento de los derechos territoriales.

Al respecto, un integrante de la junta directiva de Isla del Rosario caserío Orika, Ever de la Rosa, manifestó que su comunidad se vio afectada porque, tras la concesión de sus títulos, hubo "poco acompañamiento por parte del Estado para que se pueda consolidar la administración y gobernanza de su territorio".

"No solo se debe titular el espacio donde se vive, sino también donde se desarrollan prácticas tradicionales de producción"
, indicó.

Se recordó que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) recomienda flexibilizar los mecanismos de financiamiento para regularizar los territorios de pueblos indígenas y afrodescendientes y que estos puedan manejar directamente los recursos.