Mientras el presidente de la Nación niega incluso su pertinencia como concepto, su valor político y su utilidad como figura penal, y mientras se calientan los motores para el próximo aniversario del 3J, este lunes, los números del último informe de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dan cuenta de que los asesinatos de mujeres por razones de género se mantienen estables. En promedio, en el país, en el año 2023 se registró una víctima directa de femicidio cada 35 horas y una víctima de la violencia letal de género cada 32 horas (incluyendo también a las víctimas de femicidio vinculado).
Una cifra que no baja
Según el Informe del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, ese año, hubo 250 víctimas directas de femicidio, un 10,6% más que en 2022, cuando se registraron 226 casos. En ambos años, las cifras estuvieron por debajo de los valores prepandémicos, cuyo pico fue en 2019 con 260 víctimas directas de femicidio.
Para María Delia Castañares, Secretaria Letrada de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de la Nación, esa diferencia de 10,6 debe ser leída en contexto: si bien hay un incremento respecto del último año, si se mira la cifra en la línea de tiempo de los últimos 10 años, incluyendo los periodos en los que no se contabilizaban los travesticidios y transfemicidios, se trata de un número que se ha mantenido relativamente estable.
Guido Piotrkowski“Es necesario realizar un estudio más profundo de las múltiples aristas para poder arribar a conclusiones acertadas. Cada una de las variables que recabamos pueden brindarnos herramientas para la prevención, por ejemplo también es estable la cifra de femicidios cometidos con armas de fuego, aproximadamente el 25%. contamos con normativa para que se adopten medidas al respecto. Hay un número importante de mujeres que no habían realizado denuncias previas, hay que estudiar los motivos en cada jurisdicción para adoptar medidas al respecto, solo para dar algunos ejemplos”, detalla María Delia Castañares.
En el informe se consideran tanto las víctimas de femicidios directos como las de los femicidios vinculados, es decir, homicidios cometidos contra una o varias personas (niñas, niños, adolescentes, adulto), con el objetivo de causarle sufrimiento a una mujer, mujer trans o travesti. Durante el año 2023, se examinaron 246 casos judiciales relacionados con femicidios, abarcando a 250 víctimas directas y 22 víctimas de femicidio vinculado, lo que representa un total de 272 víctimas mortales de violencia de género en Argentina.
En términos promedio, se registró una víctima directa de femicidio cada 35 horas y una víctima de violencia letal de género cada 32 horas, incluyendo tanto a las víctimas de femicidio como a las de femicidio vinculado.
Datos duros
Del total de 250 víctimas directas de femicidio, 245 eran mujeres cis y 5 eran mujeres trans/travestis. Estas personas tenían a su cargo a 205 niñas, niños y adolescentes.
Más del 25% de las víctimas (26%) se encontraban en el rango de edad de 25 a 34 años, mientras que un 24% tenía entre 35 y 44 años al momento del crimen. Del total, 22 eran niñas y adolescentes (menores de 18 años), y 28 eran adultas mayores (de 60 años y más). En promedio, la edad de las víctimas directas de femicidio fue de 38,3 años en el año 2023.
El 93% de las víctimas directas de femicidio eran de nacionalidad argentina, y al menos 1 de cada 3 presentaba condiciones de interseccionalidad. Entre ellas, 15 eran migrantes internacionales y 11 interprovinciales; al menos 24 tenían consumo problemático de sustancias y 10 presentaban alguna problemática de salud mental; 7 estaban en situación de prostitución y 6 en situación de calle; 5 tenían algún tipo de discapacidad; 4 estaban embarazadas; 3 pertenecían a pueblos originarios y 2 estaban privadas de libertad en comisarías cuando fueron asesinadas, entre otras.
Al menos 32 víctimas estuvieron desaparecidas/extraviadas, de las cuales 3 continuaban desaparecidas a la fecha de corte del informe.
En al menos el 88% de los casos, la víctima directa de femicidio tenía algún tipo de relación con el perpetrador: el 64% eran parejas, exparejas o tenían otro tipo de relación sexo-afectiva; el 12% eran familiares, y otro 12% tenían otro tipo de vínculo (amigos, compañeros de trabajo, vecinos, conocidos, etc.). De aquellos que se conocían, el 44% convivía al momento del crimen.
En 2 de cada 5 vínculos existían antecedentes de violencia de género: al menos 55 víctimas directas de femicidio habían realizado denuncias formales contra los perpetradores (21% de los vínculos), y en al menos 54 vínculos (20%) se constataron hechos previos de violencia de género por otros medios obrantes en las causas. Al menos 17 víctimas directas tenían medidas de protección vigentes y 16, medidas de protección vencidas al momento del crimen. Incluso 24 perpetradores también habían sido denunciados previamente por otras personas distintas de las víctimas directas de femicidio.
Qué es el femicidio
Hace años -con más intensidad por lo menos desde 2015 a esta parte- que lo que en otras épocas se llamaba a mansalva “crimen pasional” alcanzó por lo menos parcialmente en la conversación pública la categoría de “femicidio” para denominar al asesinato de mujeres (y feminidades en plural) por razones asociadas a su género.
Se habla del iceberg de la violencia contra las mujeres como una metáfora de su complejidad, y de lo que queda oculto bajo la superficie. A la parte visible corresponden las manifestaciones más evidentes como el abuso físico o sexual, discriminación, acoso sexual, violación, maltrato físico, entre otros. El más grave y fatal es el femicidio, que representa la punta del iceberg de esa escalada de agresión. La violencia evidente, entendida en un contexto mayor, es síntoma de desigualdades estructurales, y de relaciones de sujeción.
Volver sobre estas definiciones, aunque parezca remanido, se impone en un contexto en el que cifras tenebrosas, como estas de las que da cuenta el informe de la Corte, no descienden, y en el que una gran mayoría de los funcionarios con el presidente Javier Milei a la cabeza no pierden oportunidad de hacer gala no sólo de su ignorancia en la materia, sino de su negacionismo en términos de perspectiva de género, a la que llaman “ideología de género”. Lo hacen al desmentir contra toda estadística, desde la brecha salarial hasta la existencia misma de los femicidios, en un ejercicio de negación permanente de la violencia como problema sistémico y la desigualdad estructural entre los géneros (“la violencia no tiene género”).
El registro de femicidios de la Corte, según explica María Delia Castañares, está anclado en la normativa convencional, en la Convención Belem do Para y la definición que utilizan es la del Comité de expertas de Seguimiento de dicha convención. Por eso, el registro “además de ser una herramienta, es una obligación estatal contar con estadísticas al respecto. desde hace 10 años la Corte Suprema armoniza y sistematiza los datos aportados por los poderes judiciales de todo el país, en base a un protocolo que estandariza los datos para que puedan compararse. El proyecto trasciende las gestiones. Los resultados pueden ser utilizados para implementar políticas públicas”.
Los círculos de la violencia
Según datos oficiales, en el primer trimestre de este año la pobreza alcanzó al 55 por ciento de la población, el nivel más alto desde 2002. La precariedad de la vida cotidiana encierra cada vez más a las mujeres en los círculos de la violencia. Es tanto más difícil salir de ellos si por ejemplo se les niegan los alimentos a los comedores populares y si se destruyen, como se hizo, programas como Acompañar, que funcionaba en la órbita del desmantelado Ministerio de las Mujeres Géneros y Diversidad y que tenía el objetivo de fortalecer económicamente a mujeres y personas lgbti en situación de violencia de género. Habrá que esperar al año que viene para ver en números el impacto de estas políticas de crueldad en el próximo informe del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia.
Así como durante las manifestaciones por el 8M se vivió un clima de encuentro con asistencia masiva de los más diversos sectores sociales, movimientos y partidos políticos, que colmó la Plaza del Congreso, este lunes 3 de junio, aniversario de Ni Una Menos, se espera una concurrencia similar. Los motivos sobran. En el reclamo uno de los puntos centrales volverá a ser la estadística de un femicidio cada 35 horas. Un promedio que no baja, en el marco de demandas coyunturales que ahora más que nunca girarán en torno a denunciar el corrimiento del Estado y el sello de crueldad que le imprime el libertarismo. Este 3J, se espera, los feminismos volverán a demostrar en las calles su capacidad de convocatoria transversal.
