La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), en la que el Ministerio de Capital Humano delegó la licitación y compra de alimentos para comedores y merenderos, tuvo como secretario general entre 1999 y 2006 a José Francisco Piñón, el mismo que como rector de la Universidad del Salvador le confirió un profesorado honoris causa al dictador Emilio Massera en 1977. El pasado de Piñón tuvo entre sus últimos mojones la designación por decreto de Mauricio Macri y el entonces ministro de Educación, Esteban Bullrich, como representante del gobierno del PRO en la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) en 2016.

Hacia fines de 1974 Piñón había sido nombrado rector de la USAL. Después del golpe de Estado de marzo de 1976 la Universidad del Salvador le otorgó el 25 de noviembre de 1977 el reconocimiento al hombre fuerte de la ESMA, quien se despachó largamente contra Marx, Freud y Einstein, teorizó sobre “la vida o la muerte, la libertad o la esclavitud” y el “choque deslumbrante de las culturas y las anticulturas”.

Un cuarto de siglo después, ante el periodista e historiador Hernán Brienza, Piñón dijo que había negociado con Massera la liberación de los sacerdotes jesuitas Orlando Yorio y Francisco Jalics, que estuvieron secuestrados en la ESMA hasta octubre de 1976. “Como contrapartida, hubo algún tipo de acuerdo político y el nombramiento como doctor honoris causa del marino en El Salvador, que se oficializó meses después”, sugirió. Piñón es licenciado y profesor en sociología, y tuvo una larga trayectoria académica, que incluye experiencias como docente en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad de San Martín y la Universidad Nacional de Tres de Febrero.

Desde hace unos días, la OEI es noticia por el polémico manejo del convenio que el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, tiene con la institución. Ante esto, la OEI emitió un comunicado donde reconoce la existencia del acuerdo y afirma que se realizó "con el propósito de mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables de la sociedad".

Es más, admite que se firmó un convenio para "la prestación de servicios de personal transitorio y la adquisición de alimentos destinados a mejorar la calidad nutricional de familias en situación de vulnerabilidad".