Despertares es una institución que lleva 25 años trabajando por la inclusión de las personas con discapacidad. Está ubicada en la localidad de Ezeiza y asisten a sus actividades 40 alumnos, entre niños, y jóvenes del sur del conurbano. La mayor parte de los asistentes presentan discapacidad mental o intelectual y según señalaron desde este centro a Buenos Aires/12 el proyecto del DNU que lleva adelante el Gobierno nacional perjudicaría seriamente a su estructura actual. Por esta razón, se sumaron y participaron de la marcha multitudinaria llevada a cabo el miércoles 29 frente a la Quinta presidencial de Olivos.
En Despertares trabajan 30 profesionales con experiencia y formación sobre los temas relacionados con la discapacidad. Se trata de psicólogas, terapistas ocupacionales, psicopedagogas, fonoaudiólogas, médica psiquiatra, nutricionista, trabajadora social y profesores de educación física.
En el marco del proyecto de DNU que amenaza con cambiar el sistema de atención e inclusión de personas con discapacidad, los profesionales adviertes sobre las condiciones laborales que se verían afectadas y sumaría a la compleja situación actual, marcada por el atraso arancelario que padecen no solo en Despertares, sino también en el resto de las instituciones. “La situación es crítica y golpea a todos los actores del área de discapacidad”, aseguraron desde el sector.
“El desfinanciamiento y endeudamiento de los prestadores ha llevado a que estén en una situación límite, pero nosotros evaluamos que si se publica este decreto la realidad empeorará y afectará no solo a la realidad cotidiana de Despertares sino a todo el sistema de atención de personas con discapacidad”, dice Alejandra Macre, titular de la institución.
Según advierten quiene conocen de cerca de la situación, el Gobierna nacional tiene casi listo el decreto que pondría en riesgo la continuidad del sistema, tanto educativo como de atención para personas con discapacidad, que funciona bajo la ley 24.901 conocida como “Ley de Discapacidad”. La normativa garantiza el acompañamiento y la rehabilitación universal por parte del Estado.
De acuerdo a lo explicado por Macre la iniciativa del proyecto fue llevada adelante a partir de la designación de Diego Spagnolo, como titular de la Agencia Nacional de Discapacidades (ANDIS), quien además es abogado del presidente Javier Milei y que no tiene experiencia relevante en la materia que gestiona.
Dentro de las principales actividades que realizan en Despertares, buscan promover la autonomía de las personas para la vida cotidiana, al igual que brindarles las herramientas para la inserción laboral, cultural y social. Estas actividades permiten que los concurrentes puedan desempeñarse en cuestiones fundamentales como realizar una compra, viajar en transporte público, atender un teléfono, participar de una conversación o realizar algún curso abierto a la comunidad.
En Despertares también se llevan a cabo disciplinas deportivas, cocina, huerta, música, salidas culturales y recreativas, y actividades de formación para el trabajo. Las mismas son cuestiones esenciales teniendo en cuenta las barreras existentes y su condición de discapacidad.
Sin embargo, desde hace varios meses que “las admisiones en los centros están paralizadas” en medio de los aumentos de las prepagas que derivó en la crisis de las prestadoras, el proyecto del DNU y la situación general por las políticas de ajuste del Gobierno nacional, contó Macre.
Cabe aclarar que una gran parte de la población que asiste a este centro de Ezeiza no ha transitado por el sistema educativo, con la excepción de aquellos casos que la institución promueve y articula. Por este motivo, Despertares resulta como un segundo hogar para sus concurrentes y un lugar donde “se sienten contenidos”.
“Nuestro centro se convierte para todos ellos y para su familia en un espacio central de pertenencia donde han encontrado a través de los años apoyo, formación y oportunidades reales para aprender y desarrollarse", dice Macre, y agrega: "Lo pensamos en un lugar de tránsito para salir a la vida, pero lo que se ha logrado en términos de pertenencia a lo largo de estos años nos ha permitido que muchos que se han ido egresados pasen a visitarnos y contarnos de su vida”.
A Despertares también asisten personas que tienen distintas obras sociales y el Programa Federal Incluir Salud que depende de la Agencia Nacional de Discapacidad y lo hacen sin pagar un arancel. En caso de publicarse el DNU la gratuidad correría peligro. “Cada concurrente no paga nada por las actividades que realizan y cada prestación se cobra igual dependiendo de la jornada prestacional recibida, pero es un valor ya establecido y garantizado por el nomenclador nacional”, detalla Macre.
Frente a esta situación, el personal de la institución de Ezeiza acudió a la marcha frente a las puertas de la Quinta presidencial de Olivos, cuya movilización fue convocada por el Foro Permanente de Discapacidad Promoción y Derechos el pasado miércoles 29 de mayo. Cerca de 22 mil personas distribuidas entre docentes, alumnos, familiares, miembros del sector educativo y diversas organizaciones se acercaron para pedir por la anulación del proyecto del DNU.
“La jornada fue emotiva, reflexiva y permitió después de mucho tiempo marcar fuerza y presencia, los padres muy comprometidos, hicieron carteles y pudieron compartir con otros la misma preocupación", sintetiza Macre mientras sigue eseprando que, teniendo en cuenta la cantidad de gente que fue el miércoles, espera una pronta respuesta oficial.
La marcha
El Foro Permanente de Discapacidad Promoción y Derechos en conjunto a decenas de instituciones llevó adelante a una masiva movilización este miércoles por la mañana, en la Quinta presidencial de Olivos. La manifestación fue replicada en distintos puntos del país y tuvo como objetivo frenar un proyecto de DNU que fue dado a conocer el pasado 10 de mayo y que afectaría a toda la estructura del sistema educativo. También se protestó por el ajuste del Gobierno nacional en la discapacidad.
Posteriormente, integrantes del Foro Permanente de Discapacidad Promoción y Derechos entregaron una carta petitoria dirigida al presidente de la Nación, Javier Milei, con el objetivo de darle un golpe de timón a la situación del DNU.
“El motivo de la movilización fue que no se publique el decreto para no destruir el sistema único de prestaciones. Obviamente el colectivo de discapacidad en cuanto a los prestadores tiene un montón de falencias por las cuales veníamos luchando hasta hace 15 días que empezamos con este problema del decreto. Ya que todos los prestadores necesitan una readecuación arancelaria que en general es de un 45 por ciento de aumento y en el caso del transporte un 100 por ciento”, explicó Fernando Del Puerto a Buenos Aires/12, miembro de la comisión directiva de la Asociación de Transportistas Amigos de Educación de Capacidades Distintas (Ataecadis), desde el epicentro de la marcha.
“Por eso veníamos luchando, pero ahora quedó en un segundo plano porque este decreto rompe todo, rompe el sistema directamente, así que el próximo paso es evitar la aprobación del DNU”, agregó el dirigente.
Durante el acto hablaron familias, personas con discapacidad y, por supuesto, funcionarios de las distintas organizaciones todos alineados y compenetrados en la misión de evitar que las personas con discapacidad queden “desamparadas”, destacó Del Puerto. Luego, dirigentes del Foro llevaron adelante la entrega de la carta petitoria para dejar sin efecto al DNU.
El detalle del DNU
“Determinese que los organismos públicos nacionales financiadores del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las personas con discapacidad mencionadas en el artículo 7 de la Ley 24.901 fijarán de forma independiente – y no vinculante entre ellos- los valores arancelarios de las prestaciones incorporadas o a incorporar en el nomenclador de prestaciones básicas para personas con discapacidad”, expresa una parte del fragmento del nuevo proyecto a la que tuvo acceso este medio.
De este modo y en caso de aprobarse el DNU, se desregularía la estructura actual ya que cada organismo público nacional financiador del Sistema de Prestaciones fijaría los aranceles para cada prestación, que según la Ley 24.901 son cubiertas en su totalidad por los mismos.
Esto provocaría la ruptura de un logro fundamental que habían obtenido las instituciones que reciben a chicos y a chicas de todas las edades: que las personas con discapacidad sean atendidas en los servicios categorizados por el estado o por profesionales inscriptos en la Superintendencia de Servicios de Salud sin importar su situación económica, mientras tengan una obra social, sean de PAMI, pensión o prepaga.
En efecto, el decreto permitiría que cada financiador establezca un valor independiente y no tardó en poner en alerta a todas las instituciones, que decidieron organizar una manifestación en contra del nuevo proyecto frente a la Quinta de Olivos.
“Si sale el DNU va a crear una enorme desigualdad en el sistema de atención de personas con discapacidad, sobre todo entre lo que cobren unas instituciones y otras, dependiendo si trabajan con obras sociales sindicales, con Incluir Salud o PAMI”, aseguró Alejandra Macre.
Por lo tanto, el Directorio, que tenía la obligación de encargarse por el Decreto 1193/98, no se va a ocupar en adelante de esta tarea y así no se va a tener en cuenta la voz de los prestadores de servicios con respecto a los costos reales de los mismos para mantener las exigencias establecidas por el Estado.
“Puede suceder que haya un mismo nomenclador (listado de prestaciones) con diversos aranceles. O sea, a partir del arancel que esté vigente, si se firma el proyecto de decreto, puede que un financiador decida dar un aumento y otro no, que uno dé un aumento de un porcentaje distinto a los otros, que los tres den aumentos distintos, o también cada uno decida dar el mismo aumento que los otros. Todo puede pasar”, argumentó la directiva.
“Por los motivos expresados, exigimos a los funcionarios que revean esta medida que puede entorpecer la atención de las personas con discapacidad, un derecho que se obtuvo hace ya más de 25 años”, destacó Macre.