La llegada de la actividad minera a la provincia parece haber provocado una nueva forma de especulación inmobiliaria. La actividad provocó que los senadores Miguel Calabró (de La Caldera) y Leopoldo Salva (de Los Andes) presentaran un proyecto de ley con el fin de crear una comisión que en 180 días hábiles revise los permisos y concesiones de sustancias mineras de primera, segunda y tercera categoría.

El objetivo final es “prevenir la especulación inmobiliaria en el catastro minero de la provincia de Salta, promoviendo un uso responsable y sostenible de los recursos minerales en beneficio del desarrollo equitativo de la región”.

La iniciativa legislativa prevé que las concesiones mineras sean revisadas por una Comisión integrada por miembros de los tres poderes (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), a través del Juzgado de Minas.

En la última sesión del Senado de Salta, Calabró indicó que “Algunos, aprovechando que Salta tiene ley de promoción minera” incurren en especulaciones inmobiliarias comprando concesiones para luego venderlas. Tanto este senador como Salva (que adhirió su firma en la seisón) hablaron de los que se sientan en los cafés a hacer “un negocio corto”.

“Muchas veces se justifican con una pequeñísima inversión a través de una declaración jurada, y el tenedor del área sigue siendo un minero de café esperando un revoleo inmobiliario”, afirmó por otra parte el ministro de Producción de Salta, Martín de los Ríos, al referirse al proyecto que fue  ingresado en la última sesión del Senado. Si bien Calabró propuso que se tratara sobre tablas, fue girado a comisiones.

Los permisos de cateo para exploración (es decir, para evaluar la existencia y posible explotación de una sustancia) se solicitan en el Juzgado de Minas. Este Juzgado otorga concesiones se dan por dos años y muchas veces se renuevan. Pero se sospecha que muchos concesionarios de catastros con permisos de cateo no tienen intención alguna de promover inversiones en la minería, sino que hicieron los pedimentos para luego "venderlos". Mientras tanto, nadie más puede invertir, dado que las áreas ya están concesionadas.

De manera específica, en el artículo 2 del proyecto de ley se indica: “entiéndase por especulación inmobiliaria a los fines de la presente, la adquisición de derechos mineros con el objetivo de obtener ganancias a corto plazo mediante la reventa o la inactividad de los mismos, sin el propósito de llevar a cabo actividades mineras efectivas en la Provincia”.

Pedidos de informe tras la muerte de un obrero

El 24 de mayo pasado a las 7 en Tolar Grande, en la Puna salteña, Hugo Yucgra, de 55 años, se descompensó y falleció tras ser trasladado desde el Salar de Llullaillaco, donde estaba trabajando en una obra que la empresa Moncho realizaba para la minera Gangfeng, en el proyecto Mariana.

Tras este suceso los senadores Dani Nolasco, Walter Wayar, Manuel Pailler y Calabró solicitaron que se requiera a las Secretarías de Minería y de Trabajo que informen los controles e inspecciones que se vienen realizando por la actividad minera que se lleva a cabo en la provincia en razón de sus respectivas competencias. 

En particular, pidieron conocer sobre las inspecciones y controles realizados en lo que se refiere a la salud de los trabajadores y a sus condiciones de trabajo, grado de cumplimiento a la normativa de higiene y seguridad en los establecimientos o lugares de trabajo; registro o estadísticas de siniestros laborales, causales y gravedad de los mismos, y relevamientos de domicilio de trabajadores contratados.

Según lo indicó el ex diputado del Partido Obrero, Claudio del Plá, las denuncias sobre las malas condiciones para trabajar en la Puna se habían realizado desde noviembre del año pasado. Fue entonces que despidieron a los trabajadores que fueron voceros de estos reclamos. Los manifestantes pertenecían a la empresa Moncho Construcciones y sostenían que las condiciones en las que debían vivir en esos lugares eran difíciles de soportar.

En la zona no solo se trata de un frío extremo de montaña, sino también la altura sobre el nivel del mar y su incidencia en la salud de quienes van a trabajar sin estar ambientados a estas condiciones.

“La realidad en la Puna es que es bastante difícil… no es fácil para cualquier trabajador. Hay gente que viene y se vuelve por las condiciones”, dijo a Salta/12 Salva, representante de Los Andes. El legislador reconoció que “hay empresas muy responsables que cuidan (a sus trabajadores), y otras que no”.