El Gobierno mostrará con elocuencia la desinflación de mayo, que rozará el 5 por ciento mensual según los adelantos privados, pero el resultado está lejos de convencer a quienes miran de cerca este proceso. La política económica oficial pierde validez si no logra contener las expectativas inflacionarias y anclar la desaceleración de precios en el cuasi-congelamiento de precios sensibles –como salarios, tipo de cambio y tarifas- genera dudas respecto de la sostenibilidad futura. 

La sociedad no percibe un cambio de ciclo, pese al discurso oficial. En Argentina la solidez fiscal no es suficiente para contener la inflación y el pragmatismo del Gobierno a la hora de optar por regular precios –de prepagas y suspender nuevos aumentos tarifarias- fue interpretado como una dosis de sensatez, pero también genera ruidos en los mercados pues alimenta los desajustes de precios relativos. Por otro lado, el Gobierno parece subestimar los efectos disciplinadores de la recesión como ancla para los precios y el superávit externo.

Celebrar un 5 por ciento de inflación mensual en estos términos luce borroso. Muchos programas de estabilización anteriores en la historia reciente tuvieron procesos de desinflación inclusive más acelerados pero los desajustes macroeconómicos tarde o temprano impusieron sus límites, tal como releva un trabajo reciente de la consultora LCG titulado Sobre planes y desinflaciones. ¿Se requerirá algo más que cepo y recesión?

Mirando un poquito atrás, la devaluación de diciembre de 2023 –la más grande en los últimos 50 años de historia- llevó la inflación mensual a un récord de 25 por ciento y posteriormente se desinfló, lógicamente. En los meses siguientes se ubicó en torno al 9 por ciento, y esa desaceleración “fue más rápida que la estimada al inicio, en gran parte porque la caída de la actividad fue mayor a la esperada”, advierte LCG.

Un segundo factor que contribuyó a anclar precios, además de la recesión interna y la caída de los salarios reales, fue el cuasi-congelamiento cambiario y de las tarifas de servicios públicos. Un 2 por ciento de ajuste mensual en el tipo de cambio todavía no da lugar a una apreciación pero tiene claros límites, en tanto que las tarifas también sufrieron un over-shooting en abril que luego fue congelado. Ante este escenario, los especialistas vaticinan deslizamientos más agresivos en el tipo de cambio y por ende un escenario “convergente a la baja, pero errático y ruidoso”.

Por otro lado, la inercia inflacionaria contrapesó la tendencia a la desaceleración. Los precios de los bienes rebotaron en diciembre y enero pero la inflación se sostuvo en los servicios, con un 88 por ciento de aumento acumulado a abril versus 58 por ciento en la categoría de bienes. Este aspecto fue señalado por varios economistas, incluso libertarios como Domingo Cavallo que previó que la tendencia declinante finalizaría en mayo. Con el congelamiento de tarifas, Milei creerá haber rebatido a Cavallo.

El verdadero test de si entramos a un nuevo régimen de inflación baja se verá recién cuando la economía comience a recuperarse y el dólar a acompañar a la inflación”, sostuvieron desde LCG en un trabajo donde muestran que la desinflación fue común a diversos planes de estabilización con dudos éxito.

Breve historia 

El énfasis está puesto en mostrar la evolución de los precios mes a mes luego del shock inicial. El plan Austral de 1985 si bien para muchos fue solo la antesala fallida a la hiperinflación de 1989, en realidad “fue muy exitoso combinando elementos ortodoxos (ajuste fiscal) y heterodoxos (congelamientos, desagio en contratos)”. La inflación pasó de un 31 por ciento mensual tras un shock cambiario inicial a 6 por ciento el mes siguiente, para luego posicionarse en torno al 2 por ciento. En lugar de hacer foco sobre los múltiples elementos que contribuyeron a su fracaso, los analistas señalan que en el cuarto trimestre de 1985 la economía empezó a crecer rápidamente y “no es lo mismo desinflar en recesión que con una economía pujante”.

Al plan Primavera de 1988, que fue el verdadero hall de entrada a la hiper de finales de década, pero que logró bajar el IPC a un 6 por ciento a los tres meses de implementarse, lo hundió el desequilibrio externo, señalan. El déficit de divisas ante la caída de los precios de exportación y la inexistencia de controles de cambio para frenar la fuga.

Estabilidad y apreciación cambiaria, anuncios fuertes de medidas fiscales y algunas privatizaciones precedieron al plan de Convertibilidad de 1991. Este fue acompañado de un salto cambiario que elevó la inflación a dos dígitos en febrero y marzo, para descender luego a un dígito por un período extenso con la moneda atada al dólar: este regímen poco flexible –casi como una dolarización- no puede pensarse sin un generoso acceso a los mercados de capitales, algo que realmente es difícil de imaginar en el presente. Otros elementos fueron “el soporte político, sanción de leyes reformistas con amplio consenso, desindexación y un cambio de moneda que lograron cortar con la memoria inflacionaria”.

Con la crisis de 2001, “una brusca devaluación impactó en los precios, pero la recesión y el desempleo, junto con la memoria de una década de estabilidad, actuaron como limitantes de una posible inercia inflacionaria”. Esa coyuntura junto con la “ayuda de sobremanera de los controles cambiarios” son ponderados por los analistas de LCG.

Luego continúa una historia de reiterados desequilibrios macroeconómicos y la contraposición, ante “el paradigma oficialista que decía que la alta inflación podía eliminarse simplemente mediante movimientos sincronizados de salarios y precios”, de la idea de que “una vez que el presupuesto esté equilibrado y respaldado por una política monetaria estricta, la inflación desaparecerá”. Argentina parece moverse ideológicamente entre esos dos péndulos de manera cada vez más excesiva, aunque los Gobiernos mantengan dosis saludables de pragmatismo.

Discursivamente, Milei celebrará la desinflación de mayo como un éxito libertario, paradójicamente anclado en el congelamiento de precios. De todos modos la sociedad no advierte un cambio de ciclo: los precios en 2024 son casi cuatro veces más caros que el año pasado y se siente. Más desajustes en los precios relativos no parecen dar lugar a una solución de la inflación en el mediano o largo plazo. El Gobierno debería guardar cautela, en lugar de celebrar fake news, preocuparse por contener las consecuencias sociales y económicas derivadas.