En 25 de Mayo, parece, no hay pacto posible. En la localidad que tiene alrededor de 45 mil habitantes, estos seis meses de gestión acumulan reclamos contra las "formas autoritarias" del intedente Ramiro Egüen. Luego de intentar vender el predio del frigorífico local y poner en riesgo cien puestos de trabajo, sus empleados se movilizaron y lograron frenar la medida. Incluso, se movilizaron frente a la casa de Egüen y el jefe comunal, que arribó al gobierno de la mano del partido GEN de Margarita Stolbizer, debió salir a dar respuestas. 

Según cuentan en el pueblo, no quedó contento. Hoy, desde el frigorífico, denuncian que están echando a familiares de los trabajadores que prestan servicios en la Municipalidad.

No conforme con ello, Ernesto Ramírez, titular de Frigomayo SA, la firma que tiene la concesión del predio que Egüen quiere vender, asegura que el intendente denunció penalmente a algunos de los empleados que se manifestaron y orquestó allanamientos en los hogares de los trabajadores.

Pero la hsitoria no quedó allí. Aquella manifestación frente a su casa se dio luego de que los concejales del oficialismo, en medio de las conversaciones sobre el futuro del frigorífico, se fueran sin aviso del Concejo Deliberante y dejaran encerradas a dos ediles de Unión por la Patria.

Quienes denuncian también advierten que Egüen no sólo fue contra los trabajadores del frigorífico o en los concejales de la oposición. Sino que también fue contra los comerciantes. Sergio Tuya, dueño de una distribuidora de alimentos y bebidas, denuncia que le secuestraron maquinaria, directamente, por haber criticado la gestión del intendente.

“Es igual a Javier Milei”, dicen, mientras agregan que la discusión “ya no pasa por una cuestión de ideología, sino que es una persecución”. “Cuando pasa un auto celeste de la municipalidad, uno ya tiene miedo”, aseguran intentando ejemplificar el clima que se vive en la ciudad. 

El temor de opinar en contra

“A poco de empezar su gestión hice una publicación en mis redes manifestando mi descontento porque decidieron no terminar la obra de la guardería en el parque industrial cuando está a un 95 por ciento su construcción”, cuenta Sergio Tuya.

—¿Y qué pasó?

—Me llamó alguien cercano al intendente y me preguntó porque lo había hecho. Simplemente le dije que me parecía mal, que era importante para los trabajadores del parque industrial. Además, fue una crítica con altura y con educación. Me contestó que eso, a la Municipalidad, no le gusta.

La secuencia que relata Tuya tuvo como consecuencia, asegura, el secuestro de un autoelevador o "el sampi", como se lo conoce comúnmente por una marca. “A la semana, haciendo el mismo trabajo que hacemos siempre, apenas el sampi toca la calle aparece de la nada una oficial de tránsito pidiéndonos los papeles”, cuenta el comerciante que también fue concejal de la UCR entre 2003 y 2007.

“Seguí ligado al partido hasta lo de Gualeguaychú, y ahí nunca más”, apunta en referencia a la Convención que decidió sumar al radicalismo a la alianza Cambiemos. 

Tuya reconoce que no tiene el patentamiento del sampi hecho “al igual que los cuarenta comercios y corralones del partido que tienen uno”. “Ni la Municipalidad cumple con esa norma”, asegura el comerciante que le dijo a la jueza de faltas cuando se apersonó para aclarar la situación. También le pidió por escrito a la magistrada si podían poner la máquina a resguardo porque tiene un valor que oscila los diez millones de pesos. A casi tres meses de la incautación, la autoelevadora continúa a la intemperie.

Al igual que todas las personas consultadas por este medio, Tuya sostiene que hoy hay "miedo en el pueblo". “Todos los días vemos que no haya una cosita vencida y nos vengan a clausurar por algo menor”, advierte.

“Queda usted debidamente notificado”

Quince días después de la manifestación contra el intento de Egüen de vender el predio donde funciona el frigorífico municipal, el 30 de mayo le llegó la cédula de notificación a la esposa de uno los empleados de la empresa. 

Sin mayores fundamentos que la aplicación de una ordenanza votada por su espacio que le da el privilegio de actuar discrecionalmente ante un escenario de “emergencia económica”, el intendente notificó el cese del contrato. 

Se suma a los más de 300 empleados que fueron echados en los primeros días de gestión de Egüen al señalarlos de "ñoquis" cuando, en su enorme mayoría, recibieron la notificación del despido en su lugar de trabajo.

“Está sentando un precedente del que se pueden esperar cosas cada vez peores”, señala María José Zarza, concejala de UxP. Zarza fue una de las que quedó encerrada en el Concejo cuando esperaba ser convocada para discutir el futuro de una medida que tuvo un fuerte rechazo en la comunidad de 25 de Mayo.

En su rol de opositora afirma que ella y su familia también viven una “persecución política”. Resulta que junto a su marido, quien fue Secretario de Gobierno del anterior intendente, Hernán Ralinqueo, compraron un terreno en 2007, mucho tiempo antes de ocupar sus lugares en la función pública. Hace pocos años y desde su banca como concejal, Egüen los acusó de comprarlo en base actos de corrupción, algo que no tuvo ninguna continuidad judicial. Hoy lo repite y pretende expropiarles ese terreno.

“Él dice que nos beneficiamos con la obra pública y que por eso nos lo va a sacar, por eso no creo que se trate en el fondo de beneficio para la gente”, asegura Zarza que, en paralelo a la concejalía, continúa ejerciendo la docencia como profesora de inglés. Sostiene que no tiene problemas en adecuarse a la ley si efectivamente corresponde una expropiación y se respetan todas las normas, pero considera que las acciones del intendente van por el lado de una “venganza”.

De todas maneras, afirma que está más preocupada por la situación de los cien trabajadores de Frigomayo. Tal como relata su dueño a Buenos Aires/12, Egüen lanzó su ofensiva contra quienes se manifestaron frente a su casa. “Hoy hay chicos denunciados penalmente que les incautaron una campera y una gorra, y a otros les dictaron una perimetral”, detalla Ramírez.

El tema de los allanamientos le preocupa a Zarza por un reciente antecedente en el Concejo. “Egüen mandó una ordenanza para que se le otorgue la facultad de allanar en nombre de la salud pública a, por ejemplo, alguien que tuviera una moto e hiciera mucho ruido”, explica la concejala. Dice que la esposa de Egüen, Mercedes Squilaci, quien a su vez es la Secretaria de Gobierno, habló frente a los concejales y argumentó la propuesta con que “si una moto choca a una persona eso es un tema de salud pública”. “Una locura”, remarca Zarza. La iniciativa, gracias a la oposición, no prosperó.