Pasados seis meses del gobierno de La Libertad Avanza queda más que claro que, en línea con las medidas económicas, las definiciones adoptadas en materia de información y comunicación marchan por un camino que atentan —como nunca antes en estos cuarenta años de democracia— contra la libertad de expresión y el derecho a la comunicación, entendido como un derecho humano.
En el contexto de planteos negacionistas acerca del terrorismo de Estado (1976-1983), la denigración del concepto de justicia social y la educación pública, el desmantelamiento del Estado y la instigación al odio hacia los adversarios políticos, la relación del gobierno nacional con el periodismo y los medios de comunicación se caracterizó por agravios continuos a periodistas de parte del presidente Javier Milei, además del ahogo a los medios privados comerciales y sin fines de lucro a partir de la eliminación de la pauta oficial y la inacción del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA).
Pero donde quizás mejor se expresa esta deriva anticonstitucional y autoritaria del gobierno en materia comunicacional es en sus acciones relacionadas con los medios públicos, a los que intenta cerrar, como el caso de Télam, o vaciar, como lo intenta conradio Nacional y la TVP. A todo esto, es preciso agregar el desguace del instituto Nacional de Cine y Artes audiovisuales (INCAA) y el reordenamiento del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para favorecer el interés de los grandes conglomerados comunicacionales. Es que, para construir una subjetividad que facilite la propagación del proyecto neoliberal éste requiere eliminar, entre otras cuestiones, las expresiones plurales y el federalismo informativo.
En este escenario, la pregunta realmente importante es qué hacer, desde una mirada estratégica, para sostener y fortalecer las valiosas iniciativas comunicacionales existentes impulsadas y producidas desde el campo popular e influir en la agenda de la esfera pública para que los monopolios comunicacionales y las redes sociales no interfieran las agendas populares.
Una primera aproximación a estos interrogantes sería asumir —desde los medios populares, pyme, autogestionados y de los pueblos originarios— el compromiso con una construcción colectiva de conceptos y prácticas que haga posible la articulación de éstos con las organizaciones populares, sindicales, académicas y sociales. En otras palabras, se trata de sumar esfuerzos a partir de metodologías que, además de priorizar el trabajo colectivo y solidario, permitan hacer de cada ciudadano organizado un defensor del derecho humano a la comunicación y, a la vez, un comunicador responsable en condiciones de ejercer su tarea en el territorio con un pensamiento crítico y respetuoso de la diversidad.
Desde la diversidad entonces es preciso impulsar un movimiento que cristalice en un frente por la comunicación y la cultura democráticas. Tamaño desafío no puede prescindir del aporte de la universidad pública, organismos nacionales e internacionales y jurisdicciones gubernamentales dispuestas a promover políticas públicas para que esta iniciativa tenga realmente dimensión estratégica.
* Editor de Esfera Comunicacional
