El Ministerio de Educación de la Nación evaluará mañana en todas las provincias del país a los estudiantes de 6º año del nivel primario en las áreas de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, y a los estudiantes de 5º o 6º año de los secundarios, según cada sistema jurisdiccional, en Lengua y Matemática. Como novedad a esta nueva edición del "Operativo Aprender", se sumará una muestra de alumnos que cursan 4º grado del primario, sólo de algunas escuelas de las 24 jurisdicciones, a quienes se les tomará una prueba de producción escrita.

Las evaluaciones se harán nuevamente con el rechazo de los sindicatos docentes, que cuestionan la estandarización de las evaluaciones y el uso de sus resultados. Desde el gremio nacional Ctera rechazaron “la concepción de evaluación educativa sobre la que se instrumentan estos operativos”, además de “los modos de implementación” de los mismos. “La docencia no rechaza ni se opone a 'la evaluación' porque, de hecho, ésta forma parte de nuestro trabajo cotidiano en las aulas”, aclararon y agregaron que rechazan los “mecanismos de pruebas estandarizadas”.

En la misma línea, el gremio bonaerense Suteba afirmó que el Operativo Aprender cambia evaluación por “control y medición” a través de “pruebas estandarizadas armadas por organismos externos”, en las que los docentes cumplen el rol de “meros ejecutores”.

Ctera señaló también que las conclusiones de las evaluaciones de 2016 fueron presentadas en conferencia de prensa por el presidente Mauricio Macri y el entonces ministro de Educación, Esteban Bullrich, el mismo día en el que comenzaba la Marcha Federal Educativa para reclamar la apertura de la Paritaria Nacional Docente. Desde el gremio denunciaron que fue “toda una operación montada para seguir desprestigiando a la Educación Pública” y recordaron que en ese acto el mandatario dijo su criticada frase sobre quienes tienen que “caer en la escuela pública”. “Utilizó los datos de esta prueba no sólo para denostar a la escuela pública, sino también para atacar a los docentes y a sus organizaciones sindicales en pleno conflicto por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo y de la paritaria docente”, añadieron.

El gremio remarcó que cuando se presentaron los resultados se hizo hincapié en las diferencias entre escuelas públicas y privadas, pero no se incluyó un análisis basado en el índice socioecónomico de la población ni en la disponibilidad de recursos en las escuelas pertenecientes a uno u otro sector. “Cuando se analizan los datos concretos teniendo en cuenta solamente la variable socioeconómica, la brecha de resultados entre escuelas estatales y privadas se reduce entre un 7 por ciento y un 15 por ciento según la materia. Si se contemplara, además, la disponibilidad de recursos en las escuelas, es muy probable que desaparecieran las diferencias. Es decir, pesa más la condición socioeconómica y la disponibilidad de recursos que el hecho de pertenecer a la escuela púbica o a la privada”, señaló Ctera.

También el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) reiteró su rechazo a la estandarización de la evaluación docente. María Lazzaro, secretaria general de SADOP, afirmó que su gremio “no está en contra de las evaluaciones”, sino que reclama que se cumpla el último acuerdo paritario  que estableció la Autoevaluación institucional y participativa. “La prueba no contempla las problemáticas sociales, los contextos o la realidad de cada escuela”, agregó la dirigente.

“Al estandarizar la evaluación se instaura una escenificación de los resultados, presentado mediáticamente en términos generales, sin profundizar ni resolver los problemas centrales de la educación ni su calidad”, señaló el sindicato en un comunicado, en el que denuncia que con los resultados se busca trasladar la culpa a los docentes mientras “el Estado se desliga de la responsabilidad de acompañar y mejorar los programas socioeducativos y dispositivos institucionales”.

Al respecto, Ctera insistió en que las pruebas “permiten elaborar rankings de escuelas, ciudades, países”, mientras “dejan abierta la posibilidad para encadenar las condiciones del trabajo docente (dentro de ellas el salario) a los niveles de desempeño/rendimiento, la meritocracia y el credencialismo”.